Han pasado ya dos meses del 8M. De esa ola de euforia, empatía, cariño y sororidad generada por la huelga feminista que ha acabado por ahogar las críticas a la huelga misma, las justificaciones a la “huelguecita” de dos horas, las oposiciones machistas, los intentos de descalificar y desprestigiar el movimiento; todo parece haber quedado en su sitio. A diferencia de las olas que arrasan el litoral, esta ola feminista ha tenido la virtud de arrasar, de forma selectiva e inteligente, solo los chiringuitos construidos de cualquier manera, a última hora, o aquellos otros que han pretendido, como los ilegales a pie de playa, hacerse con el espacio feminista para manejarlo, desarticularlo o desactivarlo.
De hecho, esta ola grande del 8M que atrajo a ciertas surfistas, la presidenta Díaz entre ellas, también las ha devuelto a su lugar, que no es precisamente el de ser protagonistas; porque el protagonismo estuvo en las calles, y no en los espacios mediáticos creados ad hoc, para que brillaran ciertas estrellas del universo del feminismo institucionalizado.
Estos días, a propósito de la injusta sentencia judicial del caso de “La Manada”, el movimiento feminista ha vuelto a demostrar su nervio y su fuerza. Y los cambios se siguen produciendo, no sin resistencia por parte del poder y la justicia patriarcales. No hay más que ver la secuencia de lo ocurrido esta semana (nombramiento de comisión, masculina por supuesto, para reformar la legislación sobre violación; recomposición de la comisión, con mujeres; protesta de un grupo de mujeres penalistas feministas, exigiendo la dimisión del grupo designado por el Ministro Catalá y la creación de una comisión paritaria en la Sección Penal de la Comisión General de Codificación, dimisiones de algunos miembros, con perdón, de dicha comisión, etc…), para darse cuenta de la renuencia del poder a cambiar, pero también de la resiliencia del movimiento feminista y de su imbricación en el tejido social.
En estos dos meses, muchos han sido los artículos de opinión escritos por hombres aliados y mujeres comprometidas con el feminismo, analizando y profundizando en el sentido de este 8M. Pero creo llegado el momento de ir un poco más allá. Sin ánimo de aguar fiesta alguna, porque es legítimo y nos merecemos las mujeres andaluzas que volvamos a pasar por nuestro corazón, una vez y todas las que hagan falta, lo sucedido. Pero no creo equivocarme si digo que por la mente de muchas lleva algún tiempo abriéndose paso un interrogante: ¿Y ahora qué? Un interrogante que incluye, al menos, dos aspectos. Uno, cómo articular políticamente esta fuerza, esta ciclogénesis, preparada concienzudamente, con su genealogía de luchas y reivindicaciones, para que no acabe diluyéndose o solo actuando como respuesta a los ataques recibidos desde la cultura patriarcal y heteronormativa. Y dos: con quiénes articular una serie de reivindicaciones, ya contenidas a grandes rasgos en los planteamientos del 8M, pero que hay que desarrollar y concretar.
Para empezar, pienso que el movimiento feminista ha de evitar a toda costa que los y las políticas aparezcan como mediadores, entre el movimiento mismo y no se sabe qué, como si las reivindicaciones no fueran con ellxs o no les competiera a ellxs darse por enteradxs más allá de declaraciones demagógicas y oportunistas. De nuevo el caso de la presidenta Díaz resulta paradigmático. Hace un mes, la presidenta andaluza, convertida en maestra de ceremonias, apareció en la prensa invitando al feminismo andaluz a hablar. Se reunió con el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, un hábitat muy cómodo, desde el que nada se le exige, y en el que se valoró “la implicación de Susana Díaz con el movimiento feminista”. El encuentro con representantes del 8M quedó invisibilizado por la prensa y poco aclarado por informaciones contradictorias, al hilo de la negativa de la coordinadora de Cádiz de acudir a la llamada presidencial. Sea como fuere, el hecho es que poco se ha derivado, en términos de política práctica, del encuentro en cuestión, más allá de las fotos propagandísticas, tratando de construir el halo feminista de la “primera presidenta” y de afirmar la fuerza del feminismo institucionalizado.
El movimiento feminista está urgido en Andalucía, precisamente por el carácter dependiente de nuestra economía y por la subalternidad política de nuestra autonomía, a construir, de manera horizontal y participativa, una línea de actuación política feminista que frene, en unos casos, y revierta en otros, la dirección en la que avanzan las políticas implementadas desde la administración autonómica para las mujeres, que están resultando ser claramente contra las mujeres andaluzas.
Para empezar, se debería exigir a la Junta de Andalucía que denomine “violencia machista” a lo que lo es. Y no por fetichismo nominalista, sino porque no es lo mismo nombrar las realidades desde nuestra óptica feminista, que dejar que las nombre el poder, desde su estatus. Y para seguir concretando, deberíamos testar la garantía de los derechos básicos de las mujeres andaluzas, desplegando una mirada crítica y feministas sobre el empleo, la sanidad, la educación y los servicios sociales.
No me voy a referir a las cifras de empleo que, aunque fluctuantes, mantienen una tenaz tendencia a empeorar cuando se trata del empleo femenino. ¿Por qué no nos planteamos, como feministas, a fondo y caiga quien caiga, deshacer el perverso lazo que anuda nuestra identidad, nuestra autonomía y nuestra dignidad personal y colectiva al hecho de ejercer un trabajo remunerado? ¿Por qué no trabajamos las feministas, en serio, por una renta básica, universal y sin condiciones, que rompa esa perversa relación entre empleo y acceso a derechos presentes y futuros y que nos situaría en un estado de radical soberanía en lo personal y lo político? Y mientras tanto, ¿por qué no se exige al gobierno andaluz, por una parte, un cambio radical en los convenios colectivos, que acabe con la brecha salarial y, por otra, un cambio radical en las políticas de empleo, que saque al empleo femenino de la precariedad y a las mujeres de la pobreza, la exclusión social y la dependencia?
Respecto a la sanidad, no solo cabe seguir exigiendo el cese de los recortes y la privatización, encubierta o no, de los servicios, sino que el movimiento feminista debería exigir cambios cualitativos en las políticas de salud respecto a las mujeres. ¿Por qué no se exige a la Junta de Andalucía que forme a sus profesionales sanitarios para mejorar los diagnósticos y los tratamientos, de modo que se deje de asociar, de una vez, el patrón de normalidad saludable a los indicadores del cuerpo masculino? Ello evitaría, por ejemplo, que se atribuya a la ansiedad, en las mujeres, síntomas que, en varones, son reconocidos como previos a un infarto. ¿Por qué no exigimos a los gobiernos central y autonómico que dejen de considerar el aborto un asunto de “salud sexual y reproductiva”, cuando se trata de un acto soberano de las mujeres sobre su propio cuerpo?
Sobre educación, ¿por qué no exigimos a la Junta de Andalucía que abra de una vez escuelas públicas de 0 a 3 años, suficientes aulas públicas de educación infantil, que atienda convenientemente la diversidad de nuestros hijos e hijas, que acabe con la privatización (externalización la llama) de los servicios educativos complementarios, que termine con la segregación económica y sexista dentro de las aulas? Exijamos que se dejen de considerar la igualdad y la coeducación “temas” transversales, con un tratamiento extracurricular, puntual y discontinuo, que lleva a identificar coeducación con coexistencia y que no provoca cambios en el modo de pensarse y actuar de nuestrxs escolares.
En cuanto a los servicios sociales, qué decir, sino que se han convertido en una máquina de producir y mantener a las mujeres en situación de precariedad y dependencia. Tanto si se es trabajadora como si se es usuaria de dichos servicios. Trabajadoras, muchas de ellas con contratos temporales, que reparten los escasos recursos, sin capacidad de intervención ni de transformación de la situación de las mujeres a las que atienden. Usuarias atrapadas en la dinámica de cumplir los requisitos para acceder a recursos, siempre tan exiguos que nunca las van a sacar de la situación de pobreza y exclusión en la que están instaladas.
Si el movimiento feminista se ha sumado, acertadamente en mi opinión, a las luchas de las y los pensionistas, conscientes de que 2,5 millones de mujeres pensionistas no llegan al salario mínimo, también debería plantearse cambios a corto, medio y largo plazo en ámbitos políticos que tienen una gran incidencia, individual y colectiva, en las vidas de las mujeres; cambios sustanciales en políticas de empleo, sanidad, educación y servicios sociales, considerando que esto supone no solo destinar más recursos, sino cambiar el modelo de gestión y el abordaje de dichas políticas.
Para todo ello, creo necesario abandonar la dinámica de los “pactos”, que solo justifican determinadas políticas y enmascaran la inacción más absoluta. Creo importante organizar y desarrollar nuestra agenda reivindicativa, a corto, medio y largo plazo. Creo conveniente no confundir movilización con “movilismo” y establecer nuestros propios criterios en este sentido, evitando acudir únicamente a reclamos urgentes y puntuales, en función de las agresiones del patriarcado. Creo inaplazable, utilizando los saberes feministas, identificar los elementos que, en nuestro aquí y en nuestro ahora de mujeres andaluzas, posibilitarían el inicio de la transformación social, política y personal que el feminismo persigue.
Y urge hacerlo, antes de que al poder, a todos los poderes, les dé tiempo a reponerse del susto.