El Vaticano ha beatificado, ayer 16 de octubre, a 127 sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos asesinados durante la “persecución religiosa en España”, como aparece en los carteles editados por el obispado de Córdoba, entre 1936 y 1939. Una lápida en el trascoro de la catedral cordobesa recuerda a los sacerdotes “ejecutados” en 1936. El acto estará presidido por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, en la Mezquita-Catedral de Córdoba. La apertura de esta causa de beatificación tuvo lugar en 2010 presidida por Juan José Asenjo, anterior obispo de la diócesis cordobesa. En palabras de Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, estos mártires suponen el “amor a Jesucristo hasta la muerte y perdón a los enemigos. De los verdugos no nos acordamos nada más que para perdonarlos. Fueron sus mejores hijos y ejemplo de vida cristiana para el mundo entero” (25-11-2020).
Como ciudadano y cristiano, me generó un gran malestar este acto organizado por la jerarquía católica que, sin pedir perdón por la complicidad manifiesta con el Golpe de Estado militar y la dictadura franquista sufrida durante cuarenta años, pretende lavarse la cara beatificando a 127 personas, asesinadas por la situación tan desgarradora ocasionada por la “guerra civil”, poniendo el acento en la persecución religiosa sufrida entre 1936-39.
He planteado una serie de preguntas-respuestas para mitigar el desasosiego y la indignación que dicho acto me provoca:
¿Por qué considero que la beatificación tiene como objetivo una pedagogía perversa?
Es un acto que favorece la división, apuesta por mantener abierta una herida, resaltando a los caídos por una patria nacionalcatólica, martirizados por la horda de anticristianos. Unos verdugos llamados a ser perdonados por los merecedores de la única verdad, los que unieron “el humo del incienso y el humo del cañón, que sube hasta las plantas de Dios son una misma voluntad vertical de afirmar una fe y sobre ella salvar un mundo y restaurar una civilización” (José Mª Pemán, 1937). Como plantea Paul Preston (2001) “en casi todas las grandes agitaciones políticas de períodos especialmente turbulentos, ha habido un telón de fondo religioso y los clérigos han tenido un protagonismo crucial y a menudo reaccionario”.
¿Son el franquismo y nacionalcatolicismo una moneda con dos caras? ¿Una jerarquía que disimula su perdón por haber respaldado con dichos y hechos al franquismo acusando a la república “roja” de las muertes causadas a religiosos?
El apoyo de la mayoría de la jerarquía católica al régimen de Franco es incuestionable, como plantea el profesor Arcángel Bedmar (2017). En la célebre Carta de los obispos de julio de 1937, la mayoría de los obispos españoles apoyaron a Franco, uno de sus grandes aliados. El entonces obispo de Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz, fue una de las firmas más entusiastas de dicha carta, que alababa a la “Cruzada”. Elogió al carnicero de Córdoba, coronel Ciriaco Cascajo, con un mensaje público en el que manifestaba: “Mis saludos y la más efusiva enhorabuena al bravo salvador, general por aclamación popular, que con certero pulso y en momentos decisivos (…) tuvo misión providencial y, respondiendo decididamente a ella, derribó, cual otro David, audaz y valeroso, al Goliat rojo en Córdoba”. (Diario Azul, 13 de agosto de 1939). A partir de esa fecha la jerarquía católica estaría más omnipresente que nunca en la vida civil, adoctrinándola y no precisamente con el evangelio, al mismo tiempo que verá a los vencidos como un objetivo de regeneración espiritual.
¿Quién fue el responsable del Golpe de Estado a la II República española?
La II República Española, proclamada el 14 de abril de 1931, aprobó una de las constituciones más avanzadas de sus tiempos, otorgando por primera vez a la mujer la igualdad con el varón. Una República que tuvo que enfrentarse, desde su proclamación, a una variada gama de fuerzas políticas claramente antidemocráticas, y a una permanente amenaza de complot militar apoyado por los partidos de extrema derecha (monárquicos, carlistas y falangistas). Los militares que protagonizaron el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, como muy bien describe Bedmar, tenían muy claro que la violencia sería el arma principal para asegurarse el éxito, elaborando un plan para exterminar y reprimir a sus opositores políticos. En la misma noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado todavía a la Península, los militares golpistas asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas de Marruecos, anticipando el método que iban a aplicar durante los tres años siguientes en todos los lugares que iban conquistando.
¿La misma crueldad en ambos ejércitos?
Durante los tres años de guerra murieron en los frentes de batalla unos 300.000 soldados y en los bombardeos fallecieron unas 12.000 personas. Además, en aquellos tres años de guerra, decenas de miles de personas inocentes, que no habían cometido ningún delito, murieron a consecuencia de la represión en la España republicana y en la franquista, en su mayoría por fusilamientos. Por poner un ejemplo, venido al caso, ¿serán beatificados los catorce sacerdotes vascos ejecutados por los franquistas en el verano de 1937? Como relata en su libro, La Pólvora y el Incienso, Hilari Raguer (2017). El mismísimo obispo de Vitoria, Mateo Múgica, llegaría a ser expulsado de España por denunciar el bombardeo de Guernica ante el Vaticano.
No obstante, hay que subrayar que la represión franquista y la republicana durante la guerra civil no fueron iguales. Mientras el franquismo utilizó la violencia y el terror de una manera programada, en la zona republicana la represión no surgió de manera planificada, sino que fue consecuencia en gran medida del hundimiento del Estado, lo que hizo que grupos de exaltados cometieran todo tipo de delitos. Los datos así lo evidencian:
130.199 víctimas republicanas frente a 49.272 franquistas, según el estudio realizado por el historiador Francisco Espinosa Maestre. En Andalucía las diferencias aún son mayores, contabilizándose 47.399 víctimas republicanas frente a 8.377 franquistas. Si nos referimos a la provincia de Córdoba, hubo 11.582 muertos republicanos en guerra y posguerra (4.629 en la capital y 6.953 en los pueblos) frente a 2.346 franquistas, según las investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez (1985). Mientras, en Córdoba capital, este mismo historiador establece que hubo unos 4.000 fusilados en guerra y 584 en posguerra.
¿Por qué la jerarquía católica no practicó la reconciliación a partir del 39?
En mi familia los abuel@s siempre se han preguntado por qué siguieron los fusilamientos una vez terminada la guerra. El fin de la guerra iría unido al comienzo de un nuevo calvario. La dictadura de Franco no cumplió con su lema de respetar al que no tuviera las manos manchadas de sangre, no hubo ni amnistía ni reconciliación. A los derrotados se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés”, que significaba que los golpistas que se habían rebelado contra la legalidad republicana juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. En Córdoba, la mortalidad fue extrema en sus dos cárceles, pues solo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas de las 3.500 o 4000 que había internadas, debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra.
Ante esta desoladora violación a los derechos humanos, la jerarquía católica no solo se puso de perfil, sino que impulsó la nefasta política penitenciaria llevada a cabo por órdenes religiosas: castigos por no ir a misa, obligar a comulgar, separar a los hijos de las madres, realización de todo tipo de trabajos forzosos, una pésima alimentación, nula asistencia sanitaria, deplorable estado de celdas e instalaciones carcelarias, un trato avasallador y de desprecio hacia las personas encarceladas…
¿Quiénes fueron los vengativos?
El historiador Francisco Moreno Gómez, narra las venganzas personales en los últimos pueblos conquistados de la provincia de Córdoba, los registros domiciliarios, las detenciones, las torturas. Mientras tanto, clero y católicos se echaron a la calle con vítores y “mueras” a la “canalla marxista”, a la vez que en los muros de las iglesias se esculpieron los nombres de los mártires de la llamada “Cruzada”. Los habitantes de la provincia acabaron en campos de concentración (Valsequillo, La Granjuela, Los Blázquez, Cerro Muriano). En más de 22 pueblos de Córdoba no hubo la llamada violencia marxista, y, sin embargo, a la hora de la represión fueron eliminadas sin contemplaciones muchas personas de izquierdas, solo por el hecho de haber pertenecido a partidos de izquierda, haber ocupado algún cargo municipal o público, haber intervenido en mítines, huelgas, o trabajar en las delegaciones del Instituto de Reforma Agraria.
Los ayuntamientos de la victoria se ocupaban, por otra parte, de gestionar múltiples pensiones para viudas o familiares de empleados municipales “caídos” en la guerra. Mientras si se trataba de algún familiar de empleados depurados por el franquismo le denegaban las solicitudes por improcedentes. Todo ello evidencia el fascismo desarrollado por el régimen de Franco, el mayor ejecutor de penas de muerte en la historia de España, con el apoyo y las bendiciones de la mayoría de la jerarquía católica.
Mientras todo esto ocurría el Gobierno de la República, desde mediados de 1938, no aprobó ninguna ejecución de pena de muerte.
La gran asignatura pendiente
Después de cuarenta años de franquismo, sigue existiendo una falta de tutela judicial efectiva con las víctimas del franquismo, por lo que las iniciativas para subsanar tan lamentable vacío se han dirigido hacia organismos e instituciones extranjeras. Tal fue el caso de la querella presentada en Argentina en abril de 2011 para que se investigaran los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista entre 1936 y 1977. La ONU ha advertido en varias ocasiones, para vergüenza del Estado español, de que no puede escudarse en la amnistía promulgada en 1977 para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos, como las torturas, las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas. Sin olvidar como distintos organismos de la ONU han conminado en numerosas ocasiones al Estado español a atender a las víctimas del franquismo en lo referido a la elaboración de un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos y establecer una partida presupuestaria para la localización y exhumación de los miles de fusilados que aún permanecen enterrados en fosas comunes.
Para terminar
Si nos imaginamos una amplia balconada en el cielo en la que se asomasen las personas que murieron a causa de la guerra española, como de cualquier otra guerra, aclamarían en el acto de beatificación con un ¡basta ya! a tanta mentira. Y ante la presencia del Dios justo y misericordioso se avergonzarían de las religiones, que han matado a miles y miles de personas en nombre de Dios a lo largo de la historia, volviendo a aclamar: ¡No tomen el nombre de Dios en vano!
Hubo un cardenal que se negó a reconocer el régimen de Franco y a firmar la Carta Colectiva de los obispos españoles con motivo de la guerra en España redactada el 1 de julio de 1937 por el episcopado español a instancias de Franco. El cardenal Vidal i Barraquer de Tarragona exponía repetidamente en sus cartas al cardenal Pacelli: “creía que en aquella guerra fratricida la Iglesia no debía identificarse con ninguno de los dos bandos (la terminología de los dos bandos no lo hace sospechoso de ser de izquierdas), sino más bien hacer obra de pacificación”. Después de 85 años sigue vigente para muchos obispos de la Conferencia Episcopal Española dicha recomendación.