Con unas pocas horas de diferencia, acaban de tener lugar dos acontecimientos en Andalucía que, puestos en conexión, vienen a esclarecer y reforzar mutuamente su significado. Nos situamos en el terreno de la educación, ese ámbito al que me sigo sintiendo ligada por razones emocionales, sindicales y políticas.
Pues bien, se acaba de presentar el nuevo gobierno andaluz, la segunda legislatura de Juan Manuel Moreno Bonilla y, quizás llevados por la curiosidad de conocer quiénes ocupan las carteras de las diferentes consejerías, se haya pasado por alto que la hasta ahora llamada Consejería de Educación y Deporte ha pasado a denominarse Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. El otro hecho es que la flamante Mesa del Parlamento andaluz acaba de rechazar, con los votos de PP y VOX, ampliar el plazo de recogida de firmas para la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular que pide la reducción de la ratio en las aulas andaluzas, a propuesta inicial del sindicato USTEA, promovida por más de treinta organizaciones representantes de la comunidad educativa andaluza. Semejante arbitrariedad se ha llevado a cabo desoyendo el informe de los servicios jurídicos del Parlamento, lo que supone el recorte arbitrario del periodo preceptivo de recogida de firmas de seis meses a algo más de cuatro.
Hace tiempo que estamos acostumbrados a las sumas y restas en la denominación de la Consejería de Educación; sin embargo, lo de ahora no parece un simple cambio de nombre que obligue a sustituir logos y reestructurar el organigrama interno. Lo de ahora se antoja más bien una declaración de intenciones en cuanto a la orientación de las políticas educativas de la Junta de Andalucía; y lo ocurrido con la ILP en la Mesa del Parlamento lo confirma.
Hay que pensar que el concepto de “desarrollo” tiene su origen histórico en el contexto de la restauración de las condiciones de acumulación interrumpidas por la II Guerra Mundial. Entonces Occidente “inventa” la noción de desarrollo y, aunque no se explicite claramente su significado, como dice el profesor Delgado Cabeza en su artículo “El mito del desarrollo y las desigualdades territoriales”, sí que se alude a un modelo de referencia, a un faro, a un paradigma regido por una lógica y con unos rasgos que el resto deben aspirar a imitar y alcanzar. Se podrá objetar que en sí misma, la idea de desarrollo no es negativa, acostumbrados como estamos a que en el entorno natural, plantas, animales e incluso seres humanos alcancemos, tras un proceso “natural” de desarrollo, nuestra etapa de plenitud.
Pero esta naturalización de lo social suele ocultar dos aspectos importantes; uno, que en el terreno sociopolítico y económico en el que situamos la educación, al igual que en el ámbito de la economía, quienes aspiran a desarrollarse están en una situación de “atraso” o subdesarrollo; y dos, que este planteamiento implica una manera de entender el mundo como una progresión imparable hacia un fin fijado de antemano, de modo que cualquier sociedad que se lo proponga, haciendo buen uso de sus potencialidades y de la tecnología, podrá alcanzar estos estadios superiores de desarrollo y abandonar el estado de carencia en el que se encuentra.
Si la aparición del concepto de desarrollo supuso en el ámbito de lo económico -de nuevo el profesor Delgado- poner la economía en el puesto de mando de lo social, ese y no otro es el objetivo de esta consejería: poner lo económico al mando de lo educativo. En ese sentido, que en el Parlamento andaluz se discutiera siquiera la posibilidad de reducir la ratio de las aulas andaluzas sería un hecho económica y políticamente poco rentable.
Esta profundización en las políticas educativas neoliberales, tendentes a convertir la educación en un privilegio de las élites, despojándola de su condición de derecho, se acaba de presentar en sociedad a través de una sofisticada operación metafórica que, no obstante, no consigue ocultar la realidad que aspira a configurar, ya definitivamente y sin tapujos, tras una primera legislatura en la que se dieron pasos indudables en ese sentido, abonado como estaba el terreno por los gobiernos pesoístas precedentes. Ahora se trata, como digo, de poner claramente los criterios economicistas al mando de las políticas educativas y de impedir que llegue al Parlamento cualquier señal de disidencia o disconformidad, cualquier turbulencia que entorpezca el camino del desarrollo educativo. Y verán que todo ello se justificará en aras de una “buena gestión”, como explicitó el presidente Moreno Bonilla en su toma de posesión. De este modo, el “atraso” educativo que padece Andalucía se convierte en un problema técnico, que se resolverá manipulando determinadas variables, económicas por supuesto, a fin de acelerar el ritmo de crecimiento para parecernos lo mejor y lo más pronto posible al modelo.
Llegados a este punto, es razonable plantear al menos dos preguntas: ¿Cuál es el modelo de desarrollo educativo al que aspira Andalucía, según el gobierno andaluz? ¿Saldremos del “atraso” educativo reproduciendo y profundizando las mismas condiciones que nos han llevado a él?
Los recortes de personal docente, la sangría de unidades públicas, las condiciones laborales del profesorado, el desvío sistemático de recursos públicos a la enseñanza privada, la privatización descarada de la Formación Profesional han sido pasos tendentes a la consolidación del modelo neoliberal en educación y un aviso a los ojeadores de áreas de inversión y negocio. La supremacía de lo económico se ha consumado en la educación andaluza. Y, de igual modo que en el terreno económico, el desarrollo educativo debe entenderse como una estrategia para poner en marcha unas prácticas que consigan acortar nuestra distancia con el modelo al que, dicen, debemos aspirar.
Pero en Andalucía tenemos una triste y tozuda experiencia con el desarrollo: tras cuarenta años de planes de modernización y desarrollo, seguimos ocupando el mismo lugar en los marcadores de sub-desarrollo. Porque nuestro problema no es que estemos atrasados económica o educativamente, sino que somos dependientes política y económicamente y somos un pueblo subalternizado. Mientras este sea nuestro papel, mientras se nos siga asignando este lugar en la división internacional del trabajo, seguiremos siendo instruidos y adiestrados, que no formados ni educados, en ser lxs camarerxs de Europa, los dispensadores de bienestar sociocultural y sanitario a lxs jubiladxs del Norte frío y rico, con nuestras kellys haciendo sus camas en los hoteles y los apartamentos que vacían los centros históricos de nuestras ciudades y dejan huellas ecológicas inasumibles en nuestro medio natural. Mientras, una parte de nuestra juventud, formada en su mayoría en la educación pública, médicxs, enfermerxs, profesorxs, investigadores, cientificxs…. deben irse fuera de Andalucía para buscarse un futuro, privando así a la sociedad andaluza del beneficio de su trabajo y sus conocimientos.
Este es el “desarrollo educativo” que se pretende para Andalucía, el de una educación privada financiada con fondos públicos que forme a las élites, mientras la educación pública adiestra a las clases subalternas con una inversión cuyos réditos se cobrarán a medio plazo a través de la explotación y la extensión del precariado. De ese modo, el extractivismo que ya se practica en Andalucía, como una forma de apropiación de riqueza, a través de la minería, el turismo y la agricultura, se acabará practicando también con las y los andaluces, su fuerza de trabajo, su tiempo y sus vidas.
A eso nos aboca el “desarrollo educativo” y eso es lo que hay detrás del discurso centrado, conciliador y de voz suave del presidente Moreno. Pero no está dicha la última palabra: busca el enlace en la redes sociales y firma para que la ILP llegue al Parlamento y sus señorías tengan que debatirla, votarla y asumir las consecuencias de su decisión ante la sociedad andaluza. El camino siempre se inicia con un paso. Andalucía se lo merece y la comunidad educativa andaluza, también.