En los países desarrollados se ha producido un gran aumento de la longevidad. Ello es consecuencia de la baja tasa de natalidad y la alta esperanza de vida. Este aumento demográfico de las personas mayores requiere una respuesta de los poderes públicos en todas y cada una de las áreas que les afectan a este importante sector de población, especialmente en los momentos de crisis que atravesamos.
Sin embargo, el fenómeno del envejecimiento y de la atención social a la vejez no es de hoy. Tiene su propia historia, de la que vamos a señalar los hitos más destacados para que nos sirvan de marco para interpretar la realidad actual. No podemos olvidarnos de que toda atención social -la de las personas mayores entre ellas- está influenciada por el sistema económico dominante. Así como tampoco separar las relaciones económicas de las relaciones sociales que se establecen, entre las cuales se encuentran de manera especial para nuestro interés las relaciones del cuidado.
El primer hito histórico en relación con la vejez viene de la mano de un gobierno autoritario, ya que fue el canciller alemán Otto Bismark quien puso en marcha el primer sistema de pensiones para los ancianos. No lo hace por la especial bondad del personaje, sino para hacer frente a las luchas y huelgas de los trabajadores. Se acaba de poner el primer ladrillo para el futuro llamado estado de bienestar. Conforme los estados de bienestar se fueron desarrollando la atención a las personas mayores se fue ampliando. Otro hito importante viene determinado por el tratado de Bretton Woods (1944), en el que se impusieron las tesis de John Maynard Keynes, considerado padre teórico del estado de bienestar.
El hito más importante en relación con la atención social de las personas mayores, a mi juicio, tiene lugar en 1961 en Francia, donde se formó una comisión que elaboró un informe conocido como “Informe Laroque” porque fue el parlamentario Pierre Laroque quien presidió dicha comisión. El Informe Laroque, pionero en la materia, señala la necesidad de inventar un modelo de vejez activa y autónoma, integrada en el marco natural de vida. No se trata simplemente de unas mejoras económicas, de la asistencia sanitaria o de la asistencia social, sino de tener una visión global de la atención de las personas mayores, proponiendo un nuevo modelo de intervención, en el que se introduzcan servicios a domicilio, clubs de ancianos y hasta universidades para personas mayores. Tampoco podemos olvidarnos de los dos congresos mundiales celebrados, uno en Viena (1982) y otro en Madrid veinte años más tarde. En ambos se emiten indicaciones a los gobiernos para la puesta en marcha de políticas sociales destinadas a las personas mayores.
Mientras tanto, ¿qué ocurre en Andalucía? En el tiempo en que se expanden los estados de bienestar por Europa, en Andalucía -como en el resto del estado español- vivimos bajo un régimen dictatorial fascista. Las ideas socialdemócratas rigen en Europa, no obstante el régimen franquista no está totalmente cerrado a las ideas que circulan por nuestro entorno. De ahí que la Ley General de Seguridad Social promulgada en abril de 1966 se mencionen por primera vez los servicios sociales. Con base en la misma se crea el Servicio de Asistencia a los Ancianos en 1970. Así mismo en 1971 se aprueba el I Plan Gerontológico Nacional. Por supuesto que no se puede hablar de estado de bienestar comparable con los países europeos.
Por fin el dictador fallece -en la cama- y se instaura un sistema democrático más o menos parangonable a los de nuestro entorno. Y en 1982 llegan al gobierno los socialistas. Una medida importante fue la integración de todos los servicios sociales -que se encontraban dispersos- en el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). Pero hete aquí que las ideas dominantes ya no son las socialdemócratas sino las neoliberales de Hayek y compañía.
Con el pensamiento neoliberal instalado se pone en marcha en Andalucia estudios e investigaciones destinadas a conocer las necesidades de las personas mayores, promulgándose una serie de leyes y disposiciones de todo tipo, pero muchas de ellas carentes de dotación económica, por lo que quedan en un brindis al sol. En no pocas ocasiones ha quedado reducido a un cambio de nombre. Los antiguos Hogares de Pensionistas y Clubs de Ancianos han pasado a denominarse Centros de Participación Activa (2012).
Los gobernantes ante la falta de dotación presupuestaria se han cogido como clavo ardiendo al concepto de “envejecimiento activo”, que por su puesto está bien, pero que no podemos olvidarnos de las residencias y de la atención a la dependencia.
El estado de bienestar nace en un momento concreto del desarrollo de la economía capitalista que “competía” con el sistema comunista, el cual ejercía una gran atracción simbólica en los trabajadores prácticamente en todo el mundo. Pero a partir de los años ochenta las circunstancias han cambiado. De ahí que nos encontremos con una gran paradoja en Andalucía. Gobiernan los socialistas, pero bajo el gran paraguas neoliberal que todo lo cubre. Ciertamente, los criterios técnicos de atención a las personas mayores, a mi juicio, son correctos en gran medida, pero han cambiado las actitudes ideológicas. Las medidas asistenciales llegan a un pequeño número de personas, generándose largas listas de espera. El número de centros residenciales ha crecido. Según datos de la junta de Andalucía en la actualidad hay 665 residencias de mayores, pero de titularidad pública solo 149 (22,4%). De titularidad privada son 516 (77,6%). Tradicionalmente siempre hubo más privadas que públicas, dependientes de instituciones religiosas. Pero han entrado grandes grupos económicos (Vitalia, Orpea, Gerón, Sanitas, Eulen…etc.). Como quiera que la administración pública no ha invertido en centros residenciales, los fondos privados se han dedicado a hacer negocio. Y así estábamos -y seguimos estando- cuando llegó la Covid-19 y puso esta triste realidad al descubierto, con los resultados por todos conocidos.
En consecuencia, estamos obligados a buscar alternativas al sistema de servicios sociales que, con la experiencia adquirida, no puede venir de la mano del mercado. La salida a la situación hay que encontrarla en lo comunitario, en la organización cooperativa, pero que tampoco suponga detraer las responsabilidades del estado, que en definitiva es quien ha de proporcionar los recursos.
Autoría: José Luis Malagón Bernal. Profesor de Trabajo Social (jubilado).