Hace unos días, la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía respondió en el parlamento a una pregunta, que le hizo el grupo socialista, sobre qué pensaba hacer con la subvención nominativa que disfrutaba la página web Todos los Nombres (www.todoslosnombres.org) que impulsan la Asociación Nuestra Memoria y el GTRMHSA de CGT. Ayuda que, desde hace dos años, el parlamento andaluz, a propuesta de esa consejería, incluye en los presupuestos generales de la comunidad.
Aseguró la señora consejera que su departamento iba a continuar con las políticas de memoria heredadas del anterior equipo. Sobre todo en lo respecto a las exhumaciones. Aunque también dejó abierta la convocatoria de subvenciones competitivas. Después argumentó que lo que le extrañaba de la ayuda a Todos los Nombres era que fuera nominativa, no por concurrencia. Quizás es suspicacia pero creí entender que dejaba caer que había un cierto favoritismo en que fuera así.
No se trata de justificar cómo un proyecto como el de Todos los Nombres merece no estar al albur de una convocatoria anual, sino que debe de tener cierta estabilidad. Tampoco quiero resaltar que es una iniciativa civil, con una profunda vocación de servicio público, apoyada por centenares de voluntarios de forma altruista. Mi reflexión va por otro lado. Sobre cómo entienden los políticos españoles, y por supuesto los andaluces, salvo honradas excepciones, la participación de la sociedad en los asuntos públicos.
Desde 1976 se ha entendido la participación pública de la ciudadanía de un modo tan restrictivo que, en la práctica, la deja fuera salvo para votar, además de forma indirecta, a sus representantes. Voto y dejarse representar son los caminos que tiene. Salirse de ellos es caer en la marginación cuando no en el rechazo. De hecho, todos los partidos, todos, han procurado integrar, y cuando no les ha sido posible laminar, las iniciativas creadas al margen e ellos. La sociedad organizada apenas tiene espacio para la participación política.
El recorrido, desde hace más de tres lustros, del movimiento de memoria histórica ha sido el de los sucesivos intentos por parte de los partidos políticos, en especial PSOE e Izquierda Unida, Podemos hasta ahora se ha puesto de perfil, por integrar una iniciativa de amplio espectro, transversal social, ideológica y generacionalmente, que vino a cuestionar, muy tempranamente, uno de los grandes consensos de los pactos de la Transición: el silencio y olvido de la matanza que acompañó a la victoria golpista y a la dictadura franquista. Mirado con displicencia en un principio, poco a poco, las luces rojas partidarias fueron saltando: en el PP negando su pertinencia y existencia y en el PSOE e IU intentando integrarlo en sus estructuras o enredarlo en el campo de juego que más les interesaba: el administrativo político partidario.
Poco a poco, la iniciativa fue pasando de manos hasta que, finalmente, los tiempos los marcan la administración y los intereses de quienes la ocupan. La expresión suprema es la ley de memoria histórica andaluza que deja en sus manos, de forma exclusiva, la posibilidad de llevar a cabo una de las tareas estructurales del memorialismo: las exhumaciones.
Pocas actuaciones han quedado al margen. Una de ellas es Todos los Nombres que sigue siendo una iniciativa memorialista que se ha ganado el respeto dentro del estado y fuera, de la ciudadanía y de la administración. En un gesto que le honra, la anterior administración de la Junta decidió incluir un mínimo económico para su funcionamiento en los presupuestos. Menos da una piedra.
La intervención de la señora consejera pone de manifiesto, una vez más, como en la actual partitocracia hispana no se entiende que una iniciativa ciudadana no es algo privado, sino que puede ser igual de pública que la administración. Incluso que su actuación puede llegar más lejos que la que se pueda realizar de forma administrativa. Que apoyarla no es una cuestión de favoritismo o enchufismo sino de reconocimiento al trabajo de la sociedad. Un trabajo de más de una década y que de la forma en que se hace, seguramente, no podría ser hecho por la administración.
Nos decimos una democracia. Está por ver. Por lo menos hasta que no se entienda que una democracia no puede funcionar a base de todo para el pueblo, sin el pueblo. Por cierto, después nos quejamos de las cosas que pasan.