El cambio de signo político en la Junta de Andalucía se nos anticipaba como un hito crucial en el devenir de nuestra tierra. Las expectativas generadas por la incorporación de nuevas personas, las anunciadas ideas de reforma, generaron en muchos una atención que, estamos comprobando, no eran para tanto.
En primera instancia porque los preacuerdos de gobierno carecían de contenido a aspectos fundamentales para Andalucía. No contemplaban un claro contenido y medidas decisivas para el medio rural andaluz y su biodiversidad. El medio ambiente quedaba desaparecido como se pudo comprobar a continuación en la redefinición de las competencias de las consejerías.
Poco nuevo bajo el sol. Los ciudadanos, las empresas, el sector terciario funcionan en una inercia en la que trata de toparse lo menos posible con la administración. Y cuando lo hace, es para seguir encontrándose con la burocracia y la falta de solidaridad, comprensión y compromiso.
La realidad del nuevo gobierno andaluz es que parece no saber cuales son los problemas acuciantes de las andaluzas y los andaluces. A comienzos del verano de 2019 estamos a las puertas de la necesidad de declaración de sequía, con comarcas enteras en las que los agricultores y ganaderos se encuentran en una situación angustiosa. Seguimos sin reconocer el estrago que está causando el despoblamiento de las zonas rurales, con una sangría que no cesa y que está mermando la capacidad de gestión del territorio y está condenando a cientos de miles de hectáreas a la desertización o los incendios forestales.
Los científicos ya tienen constancia que Andalucía es de los territorios del mundo donde los efectos del Cambio Climático provocado por la actividad humana va a ser mayor, está siendo mayor, pero el gobierno andaluz hace caso omiso, relega la importancia del área de medio ambiente y mete en un cajón la ley de Cambio Climático aprobada el año pasado y de la que tanto esperábamos.
Su postura ante el creciente conflicto de Doñana no permite ser más optimista, haciendo declaraciones que solo alimentan el enfrentamiento, teniendo una actitud irresponsable al considerar que los recursos hídricos parecieran inagotables. Pareciera que la toma de decisiones pensando en el medio y largo plazo, tratando de compatibilizar progreso económico y social con conservación de los recursos naturales, no fuese de su responsabilidad.
El espectáculo en las sesiones plenarias del Parlamento Andaluz se suceden. Refriegas dialécticas que lamentablemente suelen acabar en el “y tú más” que es, de facto, un insulto a los ciudadanos. Gobierno y oposición parecen seguir más atentos a sus intereses de partido que a las necesidades y urgencias de los andaluces.
Las medidas que permitan corregir nuestra posición de divergencia europea, las insostenibles tasas de paro estructural, el fortalecimiento del tejido empresarial, las tasas de abandono escolar, los bochornosos índices de pobreza y desigualdad parecen ser sólo un rumor que los parlamentarios entierran en los sótanos de sus propios intereses. Quienes se prometían grandes avances, tendrán que seguir buscando.
El gobierno andaluz no está sabiendo dar respuesta a los retos a los que los andaluces y andaluzas se enfrentan, como en estos días sucede con el sector del olivar y el precio del aceite con consecuencias graves para la economía de muchas familias, donde muestra una pasibilidad como si no fuera con ellos. No está logrando mejorar los indicadores socioeconómicos más allá de lo que repercute por los efectos macroeconómicos y políticos. No está sabiendo identificar y acometer las cuestiones que resultan cruciales, necesarias, importantes y urgentes. El tiempo no es gratuito, la legislatura avanza. Menos gratuita es la angustia con la que viven demasiados andaluces y andaluzas, en ellos debemos pensar todos cada día, el gobierno, el primero, es su responsabilidad.