La Junta de Andalucía y las equiparaciones salariales

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El pasado 2 de febrero,  el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, leyó durante la Sesión Plenaria una Declaración Institucional para que las policías del Estado –Guardia Civil y Policía Nacional-, tengan las mismas retribuciones que otras policías, esto es, Mossos y Ertzaintza. La Declaración Institucional instaba al gobierno español a que adoptase las medidas necesarias “para la equiparación salarial de las policías del Estado en relación con todos los aspectos retributivos. En la Declaración Institucional se recogía la “injusticia” que supone esta desigualdad retributiva, por lo que el Parlamento de Andalucía manifestaba su “rechazo unánime a la existencia de un trato desigual e injusto en las retribuciones” entre Policía Nacional y Guardia Civil respecto a otras policías de ámbito autonómico ( ver enlace). Esta Declaración Institucional contó con el apoyo de todos los grupos políticos del Parlamento andaluz.

Por su parte la presidenta de la Junta de Andalucía ha venido últimamente reclamando insistentemente la equiparación salarial de policías y guardias civiles con cuerpos policiales de ámbito autonómico: “Es evidente que la inmensa mayoría de la sociedad comprende y está de acuerdo con la dignidad que tenemos que darle a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Salarial, que deben tener equiparación salarial de forma inmediata”. Susana Díaz recomendaba al gobierno español a no esconderse tras los Presupuestos Generales del Estado y añadía: Susana Díaz: “Si tiene PGE pues mejor y si no los tiene, que haga un decreto específico para empezar a cumplir el compromiso con nuestra Policía Nacional y Guardia Civil, que algunos sólo se acuerdan de ellos cuando desfilan o cuando hacen falta y creo que el reconocimiento de la sociedad es ya más que evidente” (ver enlace).

Esta firmeza de la presidenta de la Junta de Andalucía, extensible a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía, contrasta –y mucho- con el poco o ningún interés por parte de la presidenta, su ejecutivo y los grupos  políticos del parlamento andaluz por equiparar salarialmente al conjunto de trabajadores y trabajadoras de las administraciones andaluzas con sus compañeros y compañeras de otras administraciones autonómicas. Es cierto que resulta complicado realizar un buen estudio comparativo sobre las diferencias salariales existentes entre las diferentes administraciones autonómicas, pero ejemplos de agravios comparativos salariales se pueden aportar muchos: desde diferencias entre el pago de las guardias a los médicos andaluces, o el caso más sangrante, el de los docentes, desde USTEA (Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza de Andalucía) llevan años exigiendo a los diferentes ejecutivos andaluces del PSOE la equiparación salarial con sus compañeros y compañeras de otras comunidades autónomas, especialmente en el cuerpo de Maestros de Infantil y Primaria, pero también en Secundaria y Formación Profesional. En general, y a pesar de las dificultades y de lo poco fiables que son determinados informes y, sobretodo, lo que de ellos transciende a la prensa, existe la convicción extendida y generalizada  en los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas andaluzas –sean funcionarios o laborales- de que cobran menos que sus compañeros y compañeras de otras comunidades, especialmente, con  los de los territorios forales, Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra, donde se constatan fehacientemente los sueldos públicos más altos de todo el Estado.

¿Tienen derecho los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas andaluzas a equiparse salarialmente con sus compañeras y compañeros de País Vasco y Navarra?, ¿sólo tienen derecho a equiparación salarial policías y guardias civiles? Es más, y superando el marco de las administraciones autonómicas, ¿tienen derecho los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas del Estado –quitando a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado- a equipararse con compañeros y compañeras de  las comunidades autónomas? El debate está centrado únicamente en policías y guardias civiles, luego veremos por qué.

Los motivos de los diferentes ejecutivos del PSOE andaluz para hacer caso omiso a las reivindicaciones salariales de sus trabajadores y trabajadoras ya los conocemos: no hay dinero, la Comunidad Autónoma de Andalucía está infra financiada. En eso estamos totalmente de acuerdo, es más, en eso han estado de acuerdo todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía. Pero maticemos, porque partiendo de este hecho el PSOE hace trampas para eludir sus responsabilidades. Veamos, si la Comunidad Autónoma de Andalucía está infra financiada no se pude entender de ninguna de las maneras la reforma del impuesto de sucesiones pactada entre el PSOE y sus socios de Ciudadanos, por el que prácticamente se reduce a una mínima expresión, teniendo en cuenta que por este concepto la administración andaluza recaudaba aproximadamente unos 400 millones de euros (ver enlace). También podríamos entrar en todo el dinero desperdiciado por la Junta de Andalucía en presuntos casos de corrupción, en gastos socialmente inútiles, o en cómo se distribuyen las partidas en los Presupuestos Generales andaluces.

Pero más allá de estas cuestiones, el debate sobre la financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía no se puede reducir al pan para hoy y hambre para mañana que nos están proponiendo el PSOE andaluz con su “buena sintonía en esta materia” con Podemos Andalucía. Aumentar el porcentaje de participación de Andalucía en los tributos estatales es correcto, pero insuficiente, y más cuando se plantea, como hace Podemos Andalucía desde conceptos tan vacíos y por ello tan peligrosos como la “solidaridad” o la “lealtad institucional”. Nuestros servicios públicos, esos servicios que deberían estar para satisfacer al conjunto del pueblo trabajador andaluz, solo pueden financiarse desde la soberanía política –entendida como herramienta democrática en manos del pueblo trabajador- y desde el establecimiento de mecanismos de compensación por parte del Estado hacia Andalucía por el maltrato histórico y la continua fuga de capitales que nos han mantenido –y nos mantienen- en el subdesarrollo y la dependencia. Por eso llama la atención que la coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, hable abiertamente de la situación de marginación y subdesarrollo de Andalucía, pero en la práctica, sus propuestas se concentren en no salirse de los estrechos márgenes del régimen del 78 y del régimen del PSOE andaluz.

Como hemos dicho anteriormente, el debate se ha centrado en los salarios de policías y guardias civiles, eso no es casual. El conflicto catalán  y el  masivo desplazamiento de policías y guardias civiles con motivo del referéndum del 1 de octubre ha motivado que los sectores más reaccionarios junto a sindicatos y agrupaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hayan hecho bandera de la equiparación salarial, explotando el victimismo y el nacionalismo español más rastrero y bajuno: ante  la insubordinación y desobediencia de los Mossos,  está nuestra lealtad y obediencia, fieles  a la legalidad constitucional española, defendiendo a España del “peligros separatista”, argumentan, y encima lo hacemos peor pagados que esos policías “anti españoles”. Que PSOE, PP y Ciudadanos entren en Andalucía a competir en demostrar su más ferviente adhesión al régimen monárquico español del 78 es lo normal, pero que Podemos e Izquierda Unida entren en ese juego no extraña a estas alturas, pero inevitablemente entristece, ante la falta de una alternativa de izquierdas, soberanista y rupturistas en las instituciones andaluzas que al menos contrarreste y haga contra hegemonía a los discursos del régimen español y su consecuencia andaluza: el régimen andaluz del PSOE, porque no debería ser una prioridad para la izquierda andaluza la equiparación salarial de los represores del movimiento popular y democrático catalán y sí el bienestar y el progreso social, económico y cultural del conjunto del pueblo trabajador andaluz, sacando a Andalucía del subdesarrollo, la marginación y la dependencia.

Autor: Antonio Torres.