La Reserva Marina de Interés Pesquero en Cabo Roche (Conil, Cádiz). Crónica de un conflicto anunciado

Entre 2010 y 2011 empecé a asistir a unas reuniones que Ecologistas en Acción organizaba, con el apoyo de la cofradía local de pescadores, en su histórica sede de la Puerta de Cádiz. El objetivo de las reuniones, que se prolongaron durante dos o tres meses, cada viernes por la tarde, era discutir entre los pescadores artesanales locales la idoneidad de promover una reserva marina de interés pesquero. En aquellos momentos, estos espacios marinos protegidos ya eran un tema de investigación entre colegas y para mí fue estimulante dialogar con los pescadores que, después de las duras faenas de pesca de la semana, llegaban rendidos, con los ojos enrojecidos, la estampa un tanto desaliñada, a la sala de reuniones de la Cofradía. Primero, para atender a las explicaciones de qué era eso de una reserva marina ¡de interés pesquero!, pero también para responderse cómo era que los ecologistos –enemigos del sector tan tradicionales como los oficinistas de la administración-, y un ¿antropólogo?, se enredasen en un asunto tal. Una de las primeras tardes nos visitó Milucho, de la coruñesa cofradía de Lira, que había impulsado una figura similar, en Os Miñarzos: habrá que combatir, explicó, porque ni siquiera una parte de los pescadores se ajustan bien a dinámicas colectivas del tipo del que se requiere en estos casos. Especialmente estimulantes fueron las jornadas en las que se discutió, codo con codo, los posibles límites de las zonas de reserva integral, es decir, aquellas que deben cumplir la misión de convertirse en criaderos donde no se puede pescar, para poder crear el denominado “efecto reserva”, mediante el que la biomasa de la zona de usos prohibidos logra expandirse, con una nueva dinámica poblacional que beneficiará al resto del territorio. Para ello realicé distintas entrevistas en profundidad sobre las dinámicas ecológicas a los pescadores. En esos momentos, el objetivo principal de la reserva era eliminar el efecto del arrastre en la zona y la persistencia de prácticas de furtivismo –así se denomina en el mundillo de la mar-, dos objetos de la política de gestión que se venían trabajando desde la cofradía desde los años ochenta, en el estrecho marco local de sus posibilidades.

Reunión entre miembros de Ecologistas en Acción y pescadores de Conil (abril de 2011). Sala de Juntas de la Cofradía.

Una Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP) es una figura de protección, instalada en la administración española desde mediados de los ochenta en el ámbito de la Administración General del Estado, es decir, dependiente del Ministerio del ramo, contando con un servicio especializado para su gestión, aunque algunas de las RMIPs existentes han de gestionarse conjuntamente con las autonomías ribereñas. Aquellas primeras reservas marinas, con una intención netamente conservacionista –entiéndase, con una perspectiva medioambiental- han ido perfilándose, cada vez más, hacia el mantenimiento de actividades ancladas en la zona, especialmente la de las flotas de pequeña escala. Las reservas declaradas en el último lustro, compartiendo los valores conservacionistas de las primeras, se ha ido reformulando progresivamente, conforme el equipo directivo de la Secretaría General de Pesca Marítima dedicado a esta figura se ha ido exponiendo progresivamente a nuevas teorías de la gestión pesquera, en las que la participación de los actores, el principio de gestión adaptativa con seguimiento científico o una noción de sostenibilidad, en la que se incorporan las dimensiones socioeconómica además de la medioambiental, son fundamentos teóricos cada vez más sólidos. En todo ese proceso histórico, de más de treinta años, se han constituido, en el ámbito ministerial, once reservas (tres en Canarias y el resto en el Mediterráneo), de modo que la que se promueve ahora en Cádiz sería la primera atlántica y peninsular. En general, las reservas se han declarado en zonas con indudables valores ambientales, no muy próximas a territorios habitados, en las que la actividad pesquera de pequeños grupos de pescadores artesanales era contingentable y la de pescadores recreativos aún no era socialmente tan importante. En todo caso, la pesca recreativa empezó en muchos casos a ser caballo de batalla en estos “santuarios”, pues si en las primeras ni estaba ni se la esperaba, desde los noventa en adelante se obligaba a un régimen de control específico al que este grupo no está habituado.

En las dos últimas décadas el panorama socio-económico ha cambiado sensiblemente. Las actividades recreativas han crecido notablemente y desde las agencias gubernativas y entidades vinculadas al sector –tanto al sector pesquero profesional como al ambientalista- se inicia un movimiento que pretende lograr el control de este segmento, que acoge a una importante diversidad de prácticas: pesca desde embarcación, desde playa, desde kayak y pescadores submarinos. En la zona de estudio[1] destaca la implantación de la pesca recreativa en su diversidad de prácticas, con un importante número de empresas. Dentro de la misma se amalgama quien se dedica a ella como un modo de vulnerable subsistencia; quien ha pertenecido al sector pesquero y fue expulsado de él como consecuencia de la crisis; quien simplemente decide pasar el rato cada cierto tiempo o hasta quien lo ha convertido en una fuente complementaria de ingresos, sumergidos, sin que necesariamente estén en una situación económica comprometida. Si numéricamente este último grupo no tiene por qué ser el más numeroso, políticamente es el que ha mostrado más capacidad. Ya hay en la costa andaluza investigaciones en curso, llevadas a cabo por el Instituto Español de Oceanografía (IEO),  para intentar dirimir el impacto de las decenas de miles de licencias recreativas de pesca marítima en las distintas modalidades. El principio que se quiere hacer ejecutivo desde Europa (y que la Administración central y regional no pueden más que aplicar) es el de controlar esta actividad mediante el lema de pesca quien aporta información y se compromete con el seguimiento de la huella de su actividad. Además, la inercia política en el ámbito marítimo es la de cumplir el compromiso de que un 30% del territorio marino esté bajo alguna forma de protección en el marco de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030.

Aquel proyecto inicial, con pescadores artesanales, quedó sepultado con la subsecuente crisis financiera de la Administración a partir de 2010, después de la explosión de la marea especulativa. Pero desde la organización local siempre se mantuvo el documento que recogía la propuesta de reserva, enviado tanto a la Junta de Andalucía como a la Secretaría General de Pesca Marítima, como el testigo de un proyecto que merecía la pena. Entre 2016 y 2017 se retoma, ahora impulsado con más fuerza por dos entidades ambientalistas que colaboran entre sí, World Wild Life (WWF)-Medio Marino y la Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras (Soldecocos), ésta implantada localmente, y con la que colaboro habitualmente. De nuevo las reuniones, pero con otra perspectiva: implicando a un conjunto más amplio de partes interesadas; incorporando a los responsables políticos a las reuniones y talleres. Se abrió el espacio geográfico a colectivos artesanales de San Fernando, Sancti-Petri, Barbate. Paralelamente, se inició una senda alternativa para solicitar la inclusión de las aguas sumergidas de ese frente costero en la Red Natura 2000, dada la riqueza de los fondos marinos y para garantizar la continuidad de espacios de esta red, entre los municipios de Barbate y Cádiz.

Reunión entre entidades ambientalistas y pescadores (Conil, Sancti-Petri, San Fernando, Cádiz) en las dependencias de la lonja del puerto de Conil (junio de 2016) y en el taller sobre la reserva, con técnicos de la administración, políticos, pescadores recreativos y profesionales y ambientalistas en Conil (abril de 2017)Especialmente importante fue un taller que se organizó en la primavera de 2017, en la recién estrenada Chanca de Conil, al que asistieron, además de los promotores y colaboradores, personal de la administración pública, políticos locales, clubes náuticos, la almadraba, otra entidades locales, personas con experiencias en otras RMIPs de España… El equipo de reservas marinas de la Secretaría General de Pesca Marítima dejó claro que la reserva significaría una nueva cultura de gestión, basada en un principio de monitoreo continuado a través del IEO, con una mayor vigilancia; que requiere un importante esfuerzo financiero y el compromiso de mantener las actividades tradicionales compatibles con los valores de conservación. También negaron el modelo de gobernanza de co-gestión, en el que entidades representativas, ciencia y administración discuten y toman decisiones en igualdad de condiciones, pues, según explicaba uno de los técnicos, no tiene cabida en el marco jurídico. Pero al menos sí se comprometían a activar una comisión de seguimiento con un plan de trabajo participativo y que evalúa en el tiempo los resultados de la reserva, como en otros casos existentes.

Desde ese momento, tomé conciencia que el agujero negro de este proceso podría estar en el sector recreativo. Discutimos en el seno de Soldecocos el modo de atender a este colectivo, pues la teoría de las reservas marinas tiene dos principios que se han vuelto a cumplir en el caso que nos ocupa: i) resulta fundamental que en la llamada step 0, en la etapa inicial, todos los actores interesados estén informados e involucrados en el proceso institucional –pues en caso contrario se revolverán, obstaculizando el proyecto y deslegitimándolo-; y ii) hay que conocer bien las imágenes –conocimiento, ideas, expectativas, valores asociados- de los distintos actores respecto a la reserva y su proyecto de lanzamiento. Así que nos pusimos manos a la obra. Mantuvimos encuentros con clubes de pesca recreativa en Sancti-Petri, en el puerto de Barbate, en El Puerto de Santa María y con los pescadores submarinos en Medina Sidonia, además de alguna reunión más cerrada en Chiclana.

Coral anaranjado y gorgonias, en el fondo submarino del frente costero de Trafalgar-Sancti Petri, proyecto Mar de Gades.

La Fundación Biodiversidad financió durante 2018 y 2019 el proyecto MAR DE GADES: Protección y Gobernanza del Mar de Cabo Roche (Cabo de Trafalgar- Islote de Sancti Petri)[2], que logró una representación cartográfica de hábitats mediante inmersiones así como una caracterización de las actividades de pesca profesional, pesca recreativa y pesca ilegal no declarada para realizar recomendaciones sobre un futuro plan de gestión de la RMIP. Por entonces, a instancias de los pescadores submarinos, se constituyó la Asociación de Pescadores Recreativos Pesca Responsable, que tuvo tu bautizo social en un encuentro en Chiclana y que fue capaz de articular a un amplio conjunto de entidades. En todo este proceso pudimos darnos cuenta que los pescadores recreativos, en su diversidad pero muy influidos por la posición de los submarinos, no iban a incorporarse a un proceso que culminaría en un mayor control de su actividad. Frente a lo que la percepción común puede suponer, la alta selectividad de la pesca con arpón, presente en toda la zona de estudio por la riqueza de sus fondos, es incompatible con las reservas de interés pesquero. Los ecólogos y biólogos marinos estipulan que su actividad afecta a los superreproductores, los ejemplares de mayor talla, en las zonas biológicamente sensibles del espacio protegido, dificultando el esperado “efecto reserva”, lo que explica que se hayan posicionado en contra en todas las declaraciones de espacios marinos protegidos y que su actividad esté excluida de las mismas. Por tanto, aquí hay un nudo gordiano que impide la incorporación de este grupo y que además ha extendido su imagen en contra de la reserva al resto del sector. En todo caso, aunque su inclusión en el proceso fue limitada y tardía, no dio frutos y se puede estimar como un fracaso.

Desde las entidades promotoras, una vez culminado el proyecto mar de Gades, se viene reclamando desde verano de 2020 que, con la información disponible, le toca al Ministerio dar el paso adelante, lo que ocurre el pasado 16 de febrero, con la publicación en el BOE de la consulta pública “a la tramitación de la orden por la que se establece una reserva marina de interés pesquero en Conil, y se definen su delimitación, zonas y usos”. Para sorpresa de propios y extraños, la publicación de este documento no aporta información complementaria, pues se entiende desde la Administración, como garantía democrática, como una consulta pública con carácter previo a la elaboración del texto normativo, “para recabar la opinión  de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma”. Como se ha constatado, esta estrategia deja en una posición muy complicada tanto a los pescadores profesionales que impulsaron el proyecto, como a las entidades colaboradoras. A partir de entonces se ha iniciado un convulso rechinar de redes sociales, con vídeos, publicaciones, apoyos, en las que a partes desiguales se ha distribuido información sesgada o directamente falsa, acusaciones contra quienes han participado en el proceso institucional en apoyo de la reserva y la lógica prudencia de quien no puede apoyar lo que no conoce, “como si nos quisieran meter en un cuarto oscuro”. Así de ilustrativamente lo explicaba un representante de un club náutico local en una de las diversas reuniones por video conferencia en las que he venido participando en las últimas semanas.

A partir de entonces se ha ido configurando con extraordinaria rapidez y a través de las redes sociales –lo que condiciona, y mucho, el tipo de información que se hace circular y, en consecuencia, los movimientos políticos resultantes-, un mapa de actores en el que se decanta un amplio grupo de entidades y personas contrarias a la propuesta. Su espacio institucional más visible es la plataforma contra la RMIP Sancti-Petri-Cabo de Trafalgar, que agrupa fundamentalmente al sector recreativo. Pero también se ha unido a este grupo la alcaldía de Chiclana, que asume el papel de defensor de los intereses del sector deportivo y recreativo de la zona, de gran importancia social y económica, la flota de arrastre y la cofradía de pescadores de Barbate, en un giro no esperado –porque había estado presente en distintos foros de promoción de la reserva sin que manifestase oposición-, como posible consecuencia de la presión de empresas armadoras que no entran en la categoría de artesanales. Del otro lado, persisten las entidades que han conducido el proceso, las ambientalistas mencionadas, junto a la cofradía de pescadores y la OPP 72 –entidad de empresas armadoras que agrupa a una parte importante de la flota que faena en la zona-. A ellos se unen entidades conservacionistas de distintas partes, pescadores artesanales de otros territorios y científicos, especialmente quienes han pasado ya por este tipo de dinámicas. Hasta el momento, el órgano de Reservas Marinas de la Administración se ha mostrado favorable a la propuesta, hasta el punto que inició su proceso normativo con la apertura de consulta pública, mientras que la Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía ha sido más ambigua.

Llama la atención el deslizamiento de posiciones, con distintos ejes: uno muy claro entre pescadores profesionales artesanales frente a recreativos y profesionales no artesanales; otro entre Conil como entidad municipal frente a Chiclana. Pero hay alguno más, menos evidente; por ejemplo, entre quienes han apoyado la Reserva no se entiende muy bien el procedimiento de la Administración Central, pues los opositores achacan la falta de información a los promotores, los artesanales beneficiarios y los ecologistas. Un rápido vistazo al argumentario de unos y otros permitirá tener el cuadro más completo.

Desde los oponentes, se estima que la RMIP es la de mayor extensión de las existentes (unas 18 millas de frente costero, aunque se desconoce su alcance mar adentro), conformando un enorme coto de pesca para los profesionales (suelen usar el término sin distinguir entre modalidades). Asumen que se prohibirá por completo la actividad recreativa –con la consecuente huella en la economía local vinculada al sector recreativo y deportivo-, por lo que no dudan de que el área protegida significará de facto una privatización del mar (sic). Arguyen que las entidades como WWF-Soldecocos tienen interés económico (ayudas públicas) y realizan su tarea de parte, ocultando la información que han ido recabando, aprovechando el contexto de pandemia para sorprender a los recreativos con el anuncio del Ministerio y mostrando insensibilidad ante la importancia social y económica de la pesca recreativa. Al comprobar todo esto, por haber realizado un seguimiento a todo el proceso asumo que de nada han valido los encuentros, el que los resultados de los mismos fuera devueltos a todas las entidades participantes;  advierto que de nada ha servido que los resultados de la investigación sean públicos –de hecho, la propia web de la organización Pesca Responsable los exhibe-. Durante aquellos encuentros con entidades recreativas en 2018, en que se adujeron planteamientos similares, me esforcé en explicar que no representábamos a la administración, ni hacíamos un análisis de esfuerzo pesquero, competencia que sólo le corresponde al IEO, por lo que no podíamos precisar qué medidas concretas serían aprobadas. Nos comprometíamos a trasladar la información recabada, también la de la actividad pesquera recreativa, y a recomendar que se permita su mantenimiento, como así ha quedado recogido en los documentos citados. Llamé la atención sobre el horizonte de un mayor control de la actividad extractiva en los próximos años para los pescadores recreativos, como la Ley Marítima de Pesca en ciernes ya establece, y sobre que las RMIPs deben ser entendidas como una herramienta de gestión, que cuenta con la participación de los afectados y con un seguimiento científico que logre la aportación de los conocimientos legos de los usuarios, incluyendo a los recreativos.

Mapa que representa la actividad pesquera profesional y deportiva en la zona, con límites propuestas para la RMIP por parte del sector pesquero (polígono azul). Fuente: ver nota 2.Para quienes sí venimos apoyando este proceso, esta figura puede combatir la pesca intensiva sobre fondos, cuya riqueza ha sido comprobada; consideramos que el sector recreativo, de tanta importancia en la zona, debe hacer un esfuerzo por desmarcarse de prácticas ilegales, constatadas y con efectos tanto ecológicos (aunque éstos tendrán que confirmarlos la biología y ecología pesqueras del IEO), como económicos, por la venta no controlada de capturas; y que mediante esta figura el sector artesanal profesional tiene la oportunidad de, con el apoyo de la ciencia, conocer mejor el impacto de sus modalidades de pesca y mejorar su relación con los ecosistemas. Mantenemos una visión patrimonialista, en el sentido naturalista, pues la institucionalización de la reserva permitiría la toma de medidas de conservación de elementos biofísicos de gran valor (algas calcáreas y coralígenos, esponjas, etc.), que manifiestan  una alta biodiversidad cuya conservación debe mejorar la productividad pesquera. Pero patrimonializadora también en el sentido socio-cultural, pues el mantenimiento de la actividad  extractiva garantiza el sostenimiento de usos, prácticas, conocimientos, valores, instituciones, ritos, esto es, el sostenimiento de una cultura mediante la que los colectivos locales se han relacionado históricamente con ese medio.

Los ecosistemas marinos son bienes públicos, sometidos a un régimen de autorizaciones administrativas, en las que tanto las poblaciones locales como las foráneas tienen derechos de uso y disfrute, de sus bienes y servicios, si se cumplen ciertos requisitos, que son más estrictos en las áreas protegidas. Pero considero  que la clave de una figura como la RMIP es la recuperación de la gestión desde una perspectiva local. Esto quiere decir que la gestión debe llevarse a cabo a partir del conocimiento de las tramas ecosistémicas locales (conocimiento aportado por los usuarios y los científicos), con medidas locales para generar efectos sobre el territorio. De esta forma, los modos de gestión adquirirían una legitimidad que ahora se discute, tanto por recreativos como por profesionales, pues todos se sienten vigilados y en una posición vulnerable frente a quienes toman las decisiones desde despachos, sin conocer qué se cuece en el terreno.

Escribo esto el día que transcurre una manifestación motorizada entre Cádiz y Sancti-Petri (13 de marzo) convocada por la plataforma contraria a la RMIP, cuando me resuenan en los oídos las acusaciones de defender intereses espurios y cuando parecen haber caído en un saco agujereado la propuesta de mantener usos extractivos, tanto pesqueros como recreativos, de navegación, de conocimiento científico apoyado con el de los usuarios, de buceo recreativo; es decir, todos aquellos que permitan un anudamiento de las relaciones socio-ecosistémicas y la firma de un nuevo pacto para vivir de mejor modo en el mar a lo largo de este frente litoral. Hoy sigue resonando como un proyecto que merece la pena pensar en común para lograr un nuevo modo de entender las relaciones socioecológicas con el medio por pescadores de uno y otro tipo, vecinos, visitantes, buceadores y cualquier interesado a disfrutar de este entorno. Aunque el primer “efecto reserva” generado haya sido el de la protesta de un sector y un ruido mediático ciertamente turbio, no es menos cierto que la andadura llevada a cabo ha servido para establecer conexiones, identificar fortalezas y debilidades y empezar a pensar en modo de inteligencia colectivo, y esto también ha sido efecto de la reserva.

[1] Quien tenga interés puede consultar este informe de caracterización de la pesca marítima de recreo desde embarcación la costa gaditana, entre Sancti-Petri y Barbate: https://www.programapleamar.es/sites/default/files/informe_caracterizacion_pesca_recreativa_desde_embarcacion_definitivo.pdf

2] https://www.programapleamar.es/proyectos/gades-proteccion-y-gobernanza-del-mar-de-cabo-roche-cabo-de-trafalgar-islote-de-sancti