Se ha quedado rancia la forma en que hacemos un seguimiento de la economía y cómo ésta retrata el progreso social. Cuando tomamos como referencia el PIB (Producto Interior Bruto) y tomamos como buenas o malas noticias su mayor o menor ritmo de crecimiento, nos estamos haciendo trampas al solitario.
En sentido práctico, estamos en el esquema de trabajo de hace setenta años, esto es, en otra era. Ahora el mundo es un espacio dominado por el hombre, los geólogos hablan de una nueva edad geológica, el Antropoceno. Pero en el plano económico, curiosamente una ciencia social, tenemos indicadores de referencia que no incluyen factores como el progreso e integridad social, las desigualdades o la utilización de los recursos naturales.
Aquella guerra fría de bloques capitalistas – comunistas condicionó no sólo la carrera espacial o el espionaje, también el sistema internacional de relaciones económicas. El fin de esta etapa dejó pendiente un espacio para la reflexión permanente y necesaria para encontrar vías que superen el capitalismo neoliberal, el que fue necesario para que el mundo superase las dos grandes guerras, pero que hoy, nos lleva al abismo. El debate se abandonó totalmente tras la caída del muro de Berlín y la deriva nos arroyó aquel septiembre de 2008. Sólo desde entonces, se cuestiona seriamente el obsoleto sistema establecido.
En el seno de Naciones Unidas y otros foros está el debate abierto. Cómo medir el desarrollo sostenible a escala de país y como rendir cuentas incluyendo indicadores sociales y ambientales es la pregunta. Incorporar marcas de nivel como la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los acuerdos de las Cumbres Climáticas o descensos en las tasas de pobreza, alfabetización y desigualdad se hace imprescindible en un modelo de gobernanza que vuela sobre el siglo tecnológico global XXI.
Para poner en marcha en lugares como Andalucía este modelo nos encontramos con serios obstáculos. El acaparamiento de poder y la reticencia al cambio de las instituciones que se benefician del modelo actual, son los más importantes. Pero también hay dificultades en la disponibilidad de datos, en la falta de consenso entre los diversos actores, o el poco peso relativo actual que tienen los indicadores sociales y ambientales para ser la vara de medir el desarrollo.
Necesitaríamos incorporar al sistema externalidades como los bienes y servicios ambientales, o el grado de felicidad, elaborar indicadores de síntesis que permitan calibrar la sostenibilidad ambiental, la equidad social o la calidad democrática.
Lo que debemos dejar de discutir es sobre la necesidad de hacerlo. Porque el sistema actual es injusto. Beneficia y rinde pleitesía a un estatus de poder económico y político extractivista, en la medida en que la enorme riqueza que genera Andalucía se esté yendo a pocos bolsillos, situados en demasiados casos a demasiados kilómetros. Mientras tanto, el andaluz, la andaluza trabajadora tiene que seguir viviendo para trabajar, con escasa capacidad de ahorro y comprobando, más a peor, como el deterioro de las arcas públicas merma los derechos y los servicios públicos conseguidos gracias a muchos años de esfuerzo y lucha.
El Parlamento Andaluz, las fuerzas que en él están representándonos, no van a iniciar este trabajo, no les interesa. Tendrá que ser el cuerpo investigador y la sociedad civil los que forcemos la situación, los que reclamemos los derechos por la vía de, demostrar que, con la forma, con las fuentes, con la manera en que ahora nos cuentan las cosas, nos engañan. Porque apenas son un puñado los que brindan cuando las noticias hablan de un repunte del PIB, mientras que la inmensa mayoría sigue exprimida, ninguneada y preguntándose a donde va toda la riqueza que cada día sale de sus manos, que cada parece perderse como las gotas de sudor en la tierra sedienta.