El lunes pasado en esta Andalucía dormida despertamos con una noticia que ya estaba cantada desde hace mucho, la condena a severas penas de cárcel para los líderes del movimiento independentista catalán por haber propiciado que su pueblo ejerciera un derecho tan elemental como decidir su futuro mediante un referéndum. Algo que sería tan elemental en cualquier país democrático se convierten en el Estado español en delito penado con condenas de prisión muy elevadas que además conllevan otras de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Un verdadero disparate que deja en claro el verdadero carácter del Estado heredero del franquismo que demuestra así que sigue sus fantasmas en cuanto a respetar los deseos de los pueblos que aún, y por pura supervivencia esperemos que por poco tiempo, siguen sometidos a sus designios. Pero además, estas condenas injustas tienen una clara intencionalidad en un contexto donde la crisis territorial y de viabilidad institucional del Estado son más que evidentes. Es en primer lugar un clarísimo aviso a navegantes, sean catalanes, vascos, gallegos o andaluces de que la sacrosanta unidad del Estado es dogma de fe, y que quien osare ponerla en cuestión será reo de una justicia que no vacilará en aplicar los más duros castigos a los infractores.
En segundo lugar, las condenas a quienes optaron por ejercer un derecho ciudadano de manera totalmente civilizada y pacífica, a pesar de las numerosas persecuciones, amenazas o incluso agresiones que sufrieron durante la celebración del referéndum y en días previos y posteriores, pone de manifiesto la falsedad de la clase política española en cuanto a que argumentaba que cualquier proyecto político era legitimo siempre y cuando no se usara la violencia. En Catalunya la única violencia se ha ejercido de la parte del Estado, intentando reventar el referéndum a golpe de represión policial, criminalizando a una gran parte de la sociedad catalana por su deseo independista, ocupando militarmente espacios crecientes de esa sociedad, declarándole una guerra económica para convertir ese país en un desierto y culpar de ello al independentismo, lanzando una campaña mediática de una violencia sin precedentes en esa tierra para propugnar el enfrentamiento civil, deteniendo, criminalizando y encarcelamiento a los líderes y varios militantes del proceso y como guinda del pastel, con unas desproporcionadas condenas como en el caso de nuestro Fran Molero o de los Jóvenes de Altsatsu, reflejan más el verdadero rostro del Estado y de sus intereses.
Este Estado hace aguas por todos lados. La única argamasa que lo sustenta son los intereses de unas clases pudientes en torno al IBEX y sus voceros mediáticos, cada vez más dependientes de intereses transnacionales, una monarquía como entelequia histórica que quiere seguir manteniendo como vasallos a los ciudadanos, una clase política indigna y corrupta desideologizada que siempre encontrará lazos de unión en torno a las razones de Estado y unas fuerzas armadas y policiales que jamás han sido despolitizadas ni recicladas donde la ideología imperial, anticomunista y franquista sigue siendo su principal seña de identidad. Junto a toda esa maraña, chupatintas de cualquier nacionalidad u origen, cultivadores del más sano regionalismo en caza de transferencias y descentralizaciones varias y dispuestos a ser usados de bomberos ante cualquier incendio producto de la indignación popular o reivindicación de los pueblos que aún soportamos este Estado. Y como triste comparsa en este circo, como payasito que se lleva todos los golpes, una dizque izquierda española sin signo de identidad propio quien, como ya he dicho siempre, es el eterno participante incansable en la carrera a ninguna parte, incapaz de tener una propuesta diferente de la del dueño del cortijo en cuanto a las demandas de los pueblos que resisten, aunque siempre haga uso de la retórica para aparecer diferente pero que nunca marca la diferencia en cuestiones de Estado.
La sentencia contra los dirigentes catalanes deja claro que la desobediencia civil es un delito. Incluso crea jurisprudencia al respecto y anuncia futuros movimientos represivos. Ahora el Estado quiere cerrar también la puerta a la desobediencia civil y a la lucha pacifica con este castigo desmesurado a Catalunya. Y entonces, ¿qué nos queda? Porque ni crean ni sueñen que vamos a tirar la toalla como boxeador noqueado y aceptar la situación como nos la plantean. El pueblo catalán nada más conocerse la sentencia ya está dando una respuesta y los demás pueblos del Estado (ejemplo en Andalucía, Sevilla, Granada…) seguiremos el mismo camino de denuncia y firmeza. Éste es nuestro destino y no renunciamos a ello muy a pesar de que esta sentencia es claramente una amenaza contra quien opte por la desobediencia civil en un contexto es más necesaria que nunca.
Frente a todas estas agresiones solo nos queda seguir luchando y apostando por la creación de nuestras propias Repúblicas, que luego en base a la decisión soberana de cada pueblo establezcan las relaciones que más les convengan y sean la garantía de un poder ciudadano y soberano que desemboque en políticas sociales justas y solidarias, nunca sometido a intereses egoístas o ajenas a la sociedad y respetuoso y solidario con las personas y el medio ambiente. Esa es nuestra única garantía de supervivencia como pueblos, y la salida de este Estado putrefacto una necesidad imperiosa.