Hace ya unos meses se celebraron elecciones autonómicas en Andalucía. Los problemas y los retos son enormes en nuestra tierra. Muy conveniente considero, en este nuevo período político de nuestra tierra, releer los valores y principios de nuestro Estatuto de Autonomía, como marco de referencia para esta Legislatura autonómica 2018/2022.
Pero antes, vamos a recordar muy brevemente algunos hitos relevantes del proceso de autonomía de Andalucía. Uno de ellos tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, en 1919 (un siglo ya), donde se dio uno de los pasos más importantes de la construcción de la idea de Andalucía. En ese año se adoptó el Manifiesto Andalucista de Córdoba, que describe a Andalucía como realidad nacional, fórmula que precisamente recoge el actual Estatuto de Autonomía. Un año antes (1918) del cónclave cordobés se habían aprobado en la Asamblea de Ronda algunos de los símbolos de Andalucía: la bandera verde y blanca y el escudo.
Unos años más tarde, en la II República, se impulsó de nuevo la aspiración política de Andalucía con la constitución de las Juntas Liberalistas de Andalucía, con la decisiva participación de Blas Infante, que aprueban el himno de Andalucía y redactan un proyecto de Estatuto. Lamentablemente, la Guerra Civil y la dictadura franquista interrumpieron ese proceso para la autonomía política de Andalucía. En plena restauración democrática, la histórica manifestación de 4 de diciembre de 1977 en las ocho provincias andaluzas, y el referéndum del 28 de febrero de 1980, vuelven a poner a Andalucía al nivel jurídico y político de Galicia, Euskadi y Cataluña, con plena autonomía, acogida al procedimiento marcado en el artículo 151 de la Constitución de 1978.
Otro hito muy importante fueron las primeras elecciones andaluzas, celebradas el 23 de mayo de 1982, en las que se eligieron nuestros primeros representantes, constituyeron el primer Parlamento de Andalucía. Desde esa fecha hasta 2018 se han sucedido diez legislaturas. El pasado 2 de diciembre de 2018 elegimos a las personas que representarán al pueblo andaluz y que tendrán la obligación de trabajar por el bien común en esta legislatura número XI.
Pues bien, como anticipaba al principio, repasemos nuestro marco estatutario. El actual Estatuto de Autonomía para Andalucía (2007), incluye en un importante precepto, el artículo 37, una relación de hasta 25 principios rectores de las políticas públicas y obliga a los poderes de la Comunidad Autónoma a su aplicación efectiva para conseguir que la proclamación formal del catálogo de derechos, libertades y deberes de la ciudadanía andaluza sea real y efectiva.
En realidad, los 25 principios rectores de las políticas públicas que establece dicho precepto del Estatuto de Autonomía para Andalucía, debieran constituir el auténtico programa político e institucional para las 109 personas andaluzas que resultaron electas el 2 de diciembre de 2018como miembros del Parlamento Andaluz de esta Legislatura 2018-2022.
Configuran los contenidos de dichos principios asuntos como la prestación de unos servicios públicos de calidad; el fomento de la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad; el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad; o la especial protección de las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida.
Por otro lado, en ese conjunto de objetivos y principios se obliga a los poderes públicos a impulsar actuaciones para lograr la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto; y la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.
Establece también el artículo 37 un importante bloque de principios sobre cuestiones laborales como la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal; la integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes; el empleo de calidad, la prevención de los riesgos laborales y la promoción en el trabajo; la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y así como la conciliación de la vida laboral y familiar, o el impulso de la concertación con los agentes económicos y sociales.
Se apuesta claramente también en este conjunto de principios todo lo relacionado con el impulso del desarrollo económico de nuestra tierra como objetivos tan importantes como el fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación. Se reconoce en estos ámbitos la necesidad de impulsar la labor de las universidades andaluzas; el fomento de los sectores turístico y agroalimentario, como elementos económicos estratégicos de Andalucía, o el acceso a la sociedad del conocimiento con el impulso de la formación y el fomento de la utilización de infraestructuras tecnológicas.
La apuesta por un modelo de respeto hacia los valores ambientales de Andalucía tiene también bastante relevancia entre los 25 principios de actuación. Así, figuran objetivos políticos tan esenciales como el respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire; el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética la conservación; la puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; el consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad, particularmente en el ámbito alimentario; o el uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas.
El objetivo de profundización democrática y respeto e integración de la diversidad cultural es también parte integrante de este programa que desarrolla el Estatuto de Autonomía en ese clave artículo 37: el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo; el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural; la convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas en Andalucía y el respeto a la diversidad cultural, de creencias y convicciones, fomentando las relaciones interculturales con pleno respeto a los valores y principios constitucionales.
Son suficientes e importantes cuestiones las expuestas, que las fuerzas políticas que han obtenido representación en el Parlamento de Andalucía tras las pasadas elecciones andaluzas, deben proponer como medidas legislativas y planes de actuación para los distintos departamentos de la administración autonómica. Y que el nuevo gobierno andaluz de coalición, configurado en enero de 2019, debiera impulsar en su acción diaria de gobierno y administración. Es su obligación estatutaria.
En realidad, esos 25 principios rectores constituyen el contenido de nuestro propio Estado social andaluz. Desde la ciudadanía andaluza esperamos soluciones en ese marco de justicia social y profundización democrática. Y para este gran e insobornable objetivo, serán necesarias muchas manos, y sobrarán mediocres e insolidarias estrategias partidarias que estén al margen de los intereses generales de la ciudadanía andaluza.
Autoría: Ángel-Bartolomé Gómez Puerto. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Blog personal: http://gomezpuerto.blogspot.com/