Caja Rural del Sur no quiere que un perito judicial compruebe si la firma de unos clientes pertenece realmente a los mismos. La entidad fue demandada en el juzgado, como en otros casos que se están investigando en Sevilla, por presuntas falsificaciones de firmas de clientes en la aceptación de las condiciones del préstamo hipotecario. Lo curioso del caso es que Caja Rural dice que no puede pagar la pericial pese a que la prueba la pide la propia entidad. La interpretación de los demandantes es que «prefieren perder el juicio y luego recurrir a la Audiencia a admitir que las han falsificado».
En el escrito de Caja Rural que consta en las actuaciones la entidad indica que ha sido requerida a fin de consignar la cantidad fijada como provisión de fondos por el perito, que ascienden a unos 600 euros según fuentes judiciales. «A la vista del importe solicitado, y teniendo en cuenta la inmensa cantidad de procedimientos judiciales de cláusulas suelo en los que actualmente es parte Caja Rural del Sur, esta parte no puede atender la referida provisión de fondos», señala la entidad que, por tanto, «renuncia a la prueba pericial propuesta y admitida», según admite en el mismo escrito.
La entidad renuncia a que se compruebe si eran o no auténticas las firmas que los clientes impugnaron en la audiencia previa, con lo cual perderá presumiblemente el juicio al ser una prueba fundamental para ver quién tiene la razón en el procedimiento. Si resultara que la firma no está falsificada, como asegura la entidad, la prueba pericial la abonarían los demandantes. «Está claro que prefieren perder el juicio y luego recurrir a la audiencia a admitir que las han falsificado», insiste la defensa de Luis de los Santos, de la cooperativa Jarsia Abogados.
Fuente: eldiario.es – Andalucía.