La autopista Sevilla-Cádiz se inauguró el 1 de marzo de 1973. Más de cuatro décadas después se continúa pagando un peaje por utilizarla. El plazo que figuraba en el contrato firmado por el régimen franquista y la empresa concesionaria, Bética de Autopistas S.A., debía haber caducado el 1 agosto de 1993. Los tres partidos que se han alternado en el poder (UCD, PSOE y PP) se han puesto de acuerdo para ir prorrogando de forma sucesiva el peaje. Hasta en tres ocasiones lo han hecho ante la incomprensión y resignación de la ciudadanía. Cuando concluya la concesión de la autopista, se habrá duplicado el periodo fijado por el gobierno franquista. De los 24 años establecidos desde su inauguración se pasará a 46 años de peaje, con el beneplácito de tres partidos diferentes.
El malestar social ha servido de combustible para algunos episodios de insumisión. El último, hace apenas un año, se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales. El vídeo del «simpa» protagonizado por un joven conductor del Puerto de Santa María que se grabó con el móvil mientras pasaba de largo por la cabina de la autopista encontró numerosas adhesiones. Pero la efervescencia reivindicativa se desinfló debido a las multas.
El 31 de diciembre de 2019 debe dejar de estar explotada por una empresa privada. Actualmente lo está haciendo por Aumar, la empresa que en 1986 absorbió a la concesionaria original. Aumar pertenece al grupo Abertis, una compañía del Ibex 35. Desde el ministerio se dice que no habrá más prórrogas. Una empresa pública adscrita a su ministerio, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre SA (Seittsa), se dice que se hará cargo de su gestión a partir de 2020.
Ahora bien, aún no se sabe si seguirá teniendo algún coste utilizar esta vía. Es la pregunta que nadie responde con claridad. El mantenimiento y mejora de esta carretera se cargará a partir de entonces a los presupuestos estatales. Por sí sola la conservación de la AP-4 sería un gasto llevadero. El problema se agrava por el inminente rescate de otras nueve autopistas de peaje en quiebra, entre ellas las cuatro radiales de la ciudad de Madrid, que planea asumir el Estado.
El gobierno español quiere que la solución que se establezca para la AP-4 forme parte de un plan general para las grandes infraestructuras viarias que quiere pactar con otros partidos.
Fuente: La Voz Digital.