Cetursa, la empresa que explota la estación de esquí de Sierra Nevada, es propiedad de la Junta de Andalucía en un 95,90%, el resto se lo reparten el Ayuntamiento de Granada, el de Monachil, la Diputación la Corporación Empresarial Mare Nostrum-. Sin embargo, la empresa ha actuado durante décadas prácticamente fuera de todo control administrativo y al margen de las normas que rigen para las empresas públicas andaluzas.
Lo admite la propia sociedad en las alegaciones que hace al informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que este órgano constató múltiples irregularidades e, incluso, menoscabo de fondos públicos y responsabilidad contable por los sueldos que percibían los directivos, muy por encima de lo legalmente establecido. De ésta y de las otras anomalías se ha defendido la empresa precisamente asegurando que durante casi toda su existencia el funcionamiento ha sido el de una sociedad mercantil, de propiedad pública sí, pero que operaba siguiendo únicamente los criterios y directrices marcados por su consejo de administración.
Cetursa mantiene que sólo muy recientemente la Administración autonómica -su propietaria- se ha planteado la necesidad de encuadrarla dentro de sus sociedades instrumentales con lo que eso supone en cuanto a las reglas del juego a seguir. De hecho, relata que no es hasta el año pasado cuando se han comenzado los trámites para adaptar la empresa a las normas que rigen para el resto del conglomerado público andaluz. Esto significa que hoy por hoy, viene a decir la empresa en sus alegaciones, está fuera de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA) y, por lo tanto, exenta de sus previsiones y obligaciones. A todos los efectos, Cetursa actúa como una empresa privada, hasta el extremo de que pone de manifiesto que no presta servicio público alguno a la ciudadanía. Se limita a «vender forfaits, su objetivo es industrial y comercial y sus destinatarios son clientes y no ciudadanos».
La empresa se constituyó en 1964 con capital únicamente privado y ostentando la mayoría el Banco de Granada. Veinte años después, en 1984, el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), hoy Agencia Idea, entra en la sociedad para sanearla y evitar su inminente quiebra. Hasta 2004, recibe inyecciones de dinero público a través de las sucesivas ampliaciones de capital.
Entre las irregularidades que refleja la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe de fiscalización de Cetursa se incluyen niveles retributivos que no casan con los de una empresa pública, gratificaciones y pluses desorbitados y un convenio colectivo que está absolutamente desfasado y que ha venido prorrogándose desde que caducó. Además, se propician las contrataciones a dedo, ignorando los principios elementales de igualdad, mérito y capacidad.
Fuente: El Mundo.