Los 274.000 personas empleadas por la administración pública andaluza trabajadores públicos han convocado paros y movilizaciones como medida de presión para que el Gobierno de Mariano Rajoy rectifique respecto a la jornada de 35 horas que habían recuperado desde el pasado enero. El Gobierno del PP recurrió esta decisión de la Junta y pidió su suspensión cautelar al Tribunal Constitucional. Todo pese a que el Ministerio de Hacienda anunció que se volverá a la jornada de 35 horas para todo el territorio español el próximo año.
Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han convocado concentraciones ante las ocho subdelegaciones del Gobierno el próximo 12 de septiembre ante «el ataque recibido y la inmovilidad del Gobierno». Asimismo, han acordado una gran manifestación en Sevilla y amenazan con la convocatoria de una huelga en todo el sector público andaluz para los últimos días de septiembre, según han informado desde la Mesa General de Negociación Común del Empleado Público en Andalucía.
Ahora mismo, y si no hay un acuerdo político que revoque esas medidas cautelares, las personas empleadas por la administración pública andaluza deberían volver de forma inmediata a la jornada de 37 horas y media que se implantó como medida de ahorro en 2012, dentro del paquete de ajustes en plena crisis económica. El Gobierno andaluz levantó por decreto esa decisión y desde el pasado enero estas personas recuperaron su jornada de 35 horas. La jornada se implantó el 16 de enero y el último día posible, el 14 de julio, el Gobierno decidió el recurso.
Previamente, dos comunidades autónomas habían adoptado esta misma decisión, País Vasco y Castilla-La Mancha, y en ambos casos el Gobierno de Rajoy recurrió al Constitucional alegando que se extralimitaban en sus competencias. Solo en el segundo caso pidió la suspensión cautelar, medida que no tomó con el Gobierno vasco.
Con Andalucía, lo llamativo es que el Consejo de Ministros ha apurado hasta el último minuto los plazos para presentar un recurso que ya muchos daban por hecho que o no llegaría, o iba a presentarse sin cautelares, teniendo en cuenta el lío que supone volver a instaurar dos horas y media en la jornada, sobre todo en el caso de la educación y la sanidad, para unos meses. El Gobierno anunció que devolverá las 35 horas a todos los empleados públicos del Estado español en 2018.
La única salida que queda ahora mismo para evitar el conflicto es que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pida que se dé marcha atrás en las medidas cautelares en un escrito de desestimiento ante el Constitucional. Fuentes del PP aseguran que hay mesas abiertas negociando para buscar una solución. Si no ocurre, los trabajadores públicos ya han dejado claro que van a ir a por todas. Rajoy sumará a todos los problemas de un otoño políticamente muy caliente, con Cataluña en pleno desafío secesionista, el pulso de los trabajadores públicos en Andalucía.
Fuente: El Confidencial.