En 1930 el socialista Indalecio Prieto pronunciaba un discurso a favor de la República en el Ateneo de Madrid, que concluía con esta célebre frase: “¡Con el Rey o contra el Rey!” No le faltaban razones a este dirigente socialista para interpelar de esta manera a la izquierda española y a su propio partido. Estaban aún muy recientes las fechas en que Largo Caballero y una parte significativa de la dirección del PSOE daba su apoyo político a la Monarquía y a la Dictadura del general Primo de Rivera.
Por desgracia para nuestro país, durante los años de la mal llamada “Transición política” no se pudo escuchar una voz republicana potente y reconocida como la de Indalecio Prieto. Muy al contrario, el coro de voces de los dirigentes políticos de la época solo era capaz de cantar al unísono una única canción en alabanza de la Monarquía impuesta por Franco en 1947. Franquistas como Suárez y Fraga, eurocomunistas como Carrillo y Solé Tura, socialdemócratas como Felipe González y Alfonso Guerra, todos ellos aceptaban que los pueblos del Estado español se vieran privados del derecho a decidir democráticamente en referéndum si querían vivir bajo una Monarquía o una República. De esta manera Juan Carlos de Borbón, impuesto por Franco como su sucesor en 1967, se veía confirmado en su doble papel de Jefe del Estado y Jefe de las Fuerzas Armadas españolas, sin tener que pasar por la prueba de un plebiscito democrático.
Cumplidos ya los cuarenta años de vigencia de la Constitución de 1978, que en sus artículos 1 y 62 otorga a la figura del Rey el desempeño de esa doble función, cabe que nos preguntemos: ¿Podemos calificar como democrático al actual Régimen monárquico español? ¿Es democrática la Constitución en que dicho Régimen se sustenta?
Son muchas las razones que nos llevan a contestar negativamente a ambas preguntas. La primera, y fundamental, la constituye la propia naturaleza de la Monarquía que atribuye a perpetuidad la Jefatura del Estado a una persona no electa y a sus descendientes.
Otro rasgo antidemocrático de esta Constitución se manifiesta en su negativa a reconocer el carácter plurinacional del Estado español y en su rechazo del derecho de autodeterminación que asiste a cada uno de sus pueblos. Así, su artículo 2º consagra la más brutal afirmación del nacionalismo estatal español: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Por si fuera poco, su Artículo 8º abre la puerta a la posibilidad de un golpe de estado constitucional por parte de unas Fuerzas Armadas que tienen al Rey como Jefe supremo. Un Rey que es declarado inviolable e irresponsable ante la justicia por mor del Artículo 56 del mismo texto.
Muchos otros aspectos antidemocráticos se contienen en la ley fundamental española. El otorgamiento de un estatus de privilegio constitucional a la Iglesia Católica que contiene el Artículo 16 no es el menor. Privilegio que se ve reforzado por la imposición de la enseñanza religiosa dentro del sistema educativo español, que se establece en el Artículo 27. Todo ello, sin olvidar la imposición del modelo económico capitalista que se fija en el artículo 38.
Nacionalismo estatal españolista, militarismo, clericalismo, servilismo monárquico, respeto a los ilegítimos intereses del gran capital, estos son los rasgos definidores de una Constitución que hoy, al igual que en 1978, parece recibir el aplauso unánime de las principales fuerzas políticas españolas, desde VOX a Unidas Podemos, pasando por el PP, PSOE y Ciudadanos. Fuerzas que no dudan, todas ellas, en reclamarse constitucionalistas.
Por este motivo, el movimiento republicano que hoy resurge en nuestro país interpela a las fuerzas que se auto-declaran de izquierdas, pidiéndoles una definición:
¡Con la Monarquía o con la República!
¡Con la Constitución de 1978 o contra la Constitución de 1978!