La primera década del presente siglo ha sido nefasta para la gestión de la Mezquita. A medida que iba en aumento el número de visitantes, y las consiguientes ganancias en la tesorería del cabildo catedralicio, a los obispos de la diócesis cordobesa les molestaba cada vez más el origen andalusí e incluso la singularidad del monumento, copándolo de cuadros o muebles relacionados con la liturgia católica, atentando contra la belleza y originalidad del mismo. Llegarían al extremo de cambiar el relato histórico de la Mezquita en sus publicaciones, haciendo ver que sólo representa un paréntesis de 500 años en lo que siempre, según ellos y no demostrado académicamente, ha sido catedral. Erigieron museos en el interior del templo para demostrar la existencia de una hipotética basílica cristiana, supuestamente enclavada en el subsuelo de la aljama cordobesa, a través de piezas arqueológicas pertenecientes a la época visigoda. Para ello utilizaron una excavación arqueológica, a tres metros de profundidad a ras de suelo, para indicar que eran los restos de la basílica de San Vicente, científicamente no documentada. Transcurrían los años y la obsesión aumentaba de tal manera que el espectáculo nocturno ofrecido en la Mezquita desde el año 2010, pagado con fondos de la UE, acabó convirtiéndose en una “catequesis” para los miles de visitantes, después de haber pagado 18 euros. Nada más llegar el actual obispo Demetrio Fernández a Córdoba mandó anular el nombre de Mezquita al universal monumento andalusí. Manifestando con ironía que sabía que tal decisión daría la vuelta al mundo.
Pusieron tanto empeño en desnaturalizar su historia, enmascarar su arquitectura arábigo-andalusí y borrar su memoria que solo les quedaba inmatricularla, gracias al cambio de ley hipotecaria del gobierno de Aznar, en el mes de marzo de 2006 por 30 euros, con la venia del registrador de la propiedad.
El ansia de tanta posesión les llevó a instalar en el muro de la alquibla algunos enseres de escaso valor artístico, colgaron en los muros de la Mezquita, siglos VIII-X, grandes carteles anunciando sus actividades litúrgicas y religiosas, prohibieron cualquier acto contrario al pensamiento arbitrario del prelado de turno (rodaje de películas, conciertos, conferencias…), montaron grandes exposiciones desnaturalizando el espacio del monumento (la última con alrededor de 60 pasos de cofradías). Hasta llegaron a desmontar una celosía para abrir una puerta que posibilitase el recorrido de la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba por el interior de la Mezquita. Ello significó el detonante del uso abusivo que en las últimas décadas la jerarquía católica ha ejercido sobre la Mezquita. Tres tribunales han llegado a sentenciar en contra de tan desafortunada decisión. El último ha correspondido a la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha emitido una providencia mediante la cual no admite a trámite los recursos de la Junta de Andalucía y de la Agrupación de Cofradías contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba el permiso concedido por la Consejería de Cultura para el desmontaje de la celosía que permitiese la apertura de una puerta para entrar y salir procesiones al monumento. La justicia le ha dado la razón por tres veces a la familia del arquitecto Rafael de la Hoz, que en los años 70 diseñó cuatro celosías para el muro norte de la Mezquita-Catedral. El proyecto se revisó y fue finalmente autorizado el 9 de diciembre de 2016 por la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE. La consejera era la exalcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar. Previamente la administración autonómica recibió hasta doce advertencias previas por parte de la familia De La Hoz-Castanys, así como de Icomos España, para que no se otorgase dicha autorización.
Durante todo este tiempo el gobierno del Estado español ha conocido a varios presidentes, la Junta de Andalucía ha llegado a estar presidida por tres presidentes y una presidenta, han pasado varias personas por el ministerio y la consejería de cultura. A todos esos responsables políticos les podemos hacer la misma pregunta ¿A dónde miraban ante tanto atropello? ¿Dónde estaban ante tanto uso abusivo? Incluso, algunos ejercieron de aliados, permitiendo las inmatriculaciones, apoyando la apertura de la puerta, poniéndose al lado de los intereses de una institución privada, como es la Iglesia católica, por encima del interés público. No podemos olvidar que la Mezquita de Córdoba está protegida por la ley estatal de Patrimonio de 1984 y la andaluza de 2007. Las dos coinciden en algo fundamental a la hora de autorizar obras en bienes históricos de incalculable valor mundial, como es el caso de la Mezquita Catedral. Ambas normativas parten del principio esencial de no admitir intervenciones que no estén relacionadas con la conservación, restauración (andaluza)/consolidación (estatal) y rehabilitación del monumento.
Convendría también recordar el papel que ha desempeñado el Ayuntamiento de Córdoba durante todo este tiempo. Desgraciadamente no ha estado a la altura de las circunstancias. Los gobiernos municipales se han mantenido muy alejados de la postura del corregidor Luis de la Cerda que a principios del siglo XVI se levantó en contra del obispo y se puso al frente de su pueblo para que no tocasen una sola piedra de la Mezquita.
Por último, es conveniente indicar, que el fallo judicial llega, además, en plena discusión del anteproyecto de la Ley de Patrimonio aprobado por el Consejo de Ministros, que prevé precisamente la creación de patronatos en bienes como la Mezquita de Córdoba declarados patrimonio mundial por la Unesco en los que la última decisión a la hora de intervenir no solo sea de la Junta de Andalucía sino también del Gobierno del Estado, al ser declarada Bien de Interés Mundial (BIM). Algunos colectivos patrimonialistas han alegado la participación de la ciudadanía en dichos patronatos. Entre ellos la plataforma “Mezquita-Catedral, patrimonio de tod@s” que ha sido la luchadora incansable a la hora de denunciar tanto atropello y abuso contra uno de los monumentos más importantes del mundo. Plataforma que consiguió la devolución del nombre a la Mezquita, que ha llevado a todas las instituciones públicas las irregularidades sufridas por el monumento, llegando su voz a Icomos y a la Unesco. Esta lucha del movimiento ciudadano ha sido y es el mejor instrumento para defender nuestro patrimonio de todas las arbitrariedades cometidas, en este caso, por la jerarquía católica, y de exigir a las administraciones públicas que cumplan con sus obligaciones, que es velar por nuestro patrimonio, identidad del pueblo.