Está claro que Vox no es lo mismo que el fascismo de los años veinte o treinta, lo que tampoco puede llevar a negar que este tipo de organizaciones abanderen una lealtad hacia las posiciones reaccionarias más típicas del siglo XX. Una diferencia llamativa es que la vieja ultraderecha se encontraba claramente en una posición reaccionaria y merecía lógicamente ese adjetivo. Reaccionaba contra las corriente izquierdistas, radicales o liberales, que venían a acabar con la sociedad tradicional, las jerarquías del antiguo régimen y la cultura de monasterio. Probablemente no fuese el elemento más determinante, pero parece evidente que en el campo de la educación los planteamientos innovadores más progresistas y laicistas, que implican la propia instauración de una educación obligatoria y reglada por el estado, tenían cierta capacidad de generar una reacción conservadora. El caso hoy día no es que sea el opuesto, pero es bastante diferente. Hoy la ultraderecha, no solo en Andalucía, se caracteriza principalmente por romper parte de los consensos políticos que estaban aparentemente bien establecidos. Consensos que se fraguaron en el proceso de modernización, europeización y transición a la democracia liberal de la segunda parte del XX.
Como consecuencia de este cambio, parece que la ultraderecha tuviese mayor libertad y capacidad a la hora de establecer la agenda política, mientras que la izquierda va a remolque. La izquierda se ve obligada a responder de manera contraria e inmediata a lo primero que diga Vox, sin darle media vuelta. Dos ejemplos de esto parecen bastante obvios. Primero, respecto de la cuestión de la introducción de la caza y la pesca en los colegios, resulta sorprendente cómo Vox ha conseguido establecer este tipo de actividades como algo con una enorme significación política. La izquierda y las instituciones en que esta tiene mayor presencia (como las AMPAs), se han visto obligadas a reaccionar rápidamente contra esta propuesta, por aberrante y retrógrada. Por la manera en que en que se ha hecho, parece asumirse desde las posiciones progresistas que este tema debe ser una línea divisoria entre izquierda y derecha. Podríamos coincidir en que la caza y la pesca no aportan nada y son indeseable como contenido educativo. Probablemente se trata de actividades que no tienen un peso demográfico demasiado relevante en Andalucía. Puede tener mayor o menor arraigo en zonas rurales y una mayor o menor incrustación dentro de una cultural que podríamos denominar popular. Pero responder al órdago en los términos planteados por Vox, supone convertirlo en un marcador político de importancia, que deja en el ámbito simbólico de la derecha una parte de la población que no tendría por qué ubicarse allí. Igual que con la caza y la pesca, se podría caer en el error de entregar a la derecha cualquier otro elemento de la cultura popular tradicional, con cierta capacidad de movilizar sentimientos fuera de las grandes ciudades ¿Y no es acaso la cultura popular un ámbito clave de la disputa política? También se corre el riesgo de caer en una posición hipócrita vulnerable a nuevos ataques de la derecha: ¿Realmente es mucho peor un rural que caza palomas los domingos, a un urbanita de clase media que compra pollos hipertrofiados en el Mercadona?
Segundo ejemplo, la propuesta del pin parental: una forma de incrementar el control de los padres sobre el tipo de contenidos que reciben sus hijos en el colegio, especialmente de los relacionados con la formación en valores. Como respuesta a esta nueva provocación, la izquierda se vio obligada a saltar de nuevo rápidamente, apuntando que los hijos no son propiedad de los padres. Esto podría llevar a pensar que decidir el tipo de contenidos que recibe un niño en la educación reglada es tener la propiedad sobre el mismo, con lo que el niño será propiedad o de los padres o del estado. Creo que el propio hecho de usar el término “propiedad” en relación a la educación de los niños resulta problemático y acaba desviando la atención de lo realmente importante.
La creación de la educación reglada obligatoria en el siglo XIX le quita parte de la tutela sobre el proceso de socialización a la familia y a la iglesia en favor del Estado. Esto empieza por los países de tradición más liberal y mucho más tarde en el caso de España, donde la iglesia mantuvo un poder inusual en Europa occidental durante el siglo XX. Sin embargo, de manera más reciente, esta vieja idea de la educación institucionalizada como signo de progreso ha recibido ataques desde distintas trincheras. Reivindicar un mayor control de la familia frente al estado en relación a la educación de los niños es algo muy de estos tiempos posmodernos, tanto desde perspectivas neoconservadoras como desde las posiciones de la izquierda más alternativa. No creo que haga falta poner ejemplos de esto último. El problema con la posición de la izquierda en este debate, como reacción a las provocaciones de la ultraderecha, es que acaba por eludir las cuestiones políticas de fondo. Se corre el riesgo de tomar el currículo establecido desde una administración más o menos centralizada como si fuera algo natural, cuando estos contenidos son y deben ser objeto de disputa política. Al final, lo realmente importante, tanto para la izquierda como para la derecha, no es tanto quién decide sobre el currículo como qué tipo de contenidos se imparten. Valga decir que la existencia de una educación pública más o menos centralizada es lo que garantiza que esto sea un objeto de debate político para el conjunto de la sociedad andaluza.