Los mal llamados medios de comunicación han cerrado filas una vez más. Vuelven a ser la voz de sus amos porque, como bien sabemos, la libertad de expresión es para los dueños de la “imprenta”. Los partidos políticos que han aprendido a vivir y beneficiarse de la normalidad democrática también cierran filas. Quizás cerrar filas sea una de las características de la “democracia plena”.
El índice de The Economist en el 2020 sitúa a España en el privilegiado puesto 22 de las “democracias plenas” que sólo disfrutamos el 8,4% de la población mundial. Pero debemos, parece, sentirnos bien. Aunque no podemos confiarnos pues estamos cerca de la que el mismo índice define como “democracia defectuosa” en la que viven Francia, Estados Unidos, Portugal, Grecia o Italia. Aunque este índice haya sido criticado por su falta de transparencia, las estadísticas parecen verdades irrefutables. En cualquier caso podríamos decir aquello de que los datos nos dicen que “el paciente va bien, pero se muere”.
Hablar de democracia plena para España, se defina como se defina esta, no deja de ser una osadía. Sobre todo en un país en el que quienes tenían el poder ejercido de manera autoritaria se acostaron defendiendo una dictadura y se levantaron, sin darse importancia, defendiendo una democracia. En algunos casos fue un tema de cambio de nombres como pasó, por ejemplo, con el Tribunal de Orden Público que se convirtió en la Audiencia Nacional. En otros casos, sin necesidad siquiera de un cursillo, las fuerzas represivas del franquismo pasaron a ser policías, guardias civiles y militares democráticos…
Cualquiera que tenga un poco de memoria podría poner ejemplos que, por lo visto, quienes hacen el índice de la calidad de las democracias, deben desconocer. Planteo algunos que los deberían enrojecer como creo que enrojecen a quienes creemos que la democracia es otra cosa:
La impunidad con la que vivió Billy el Niño, el torturador ascendido a inspector y medalla al mérito policial en 1997 otorgada por el “demócrata pleno” Martín Villa y no retirada, a pesar de la solicitud en 2018 de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por el también “demócrata pleno” ministro Zoido. O el caso de Galindo que, cuanto más torturaba, era ascendido y llegó a General. Consiguió cruces y medallas para montar una tienda. Fue condenado a 75 años de cárcel y pasó en ella poco más de cuatro años. Salió en 2013 gracias a la “democracia plena” que disfrutamos.
El asesinato de García Caparrós que espera la verdad negada y tapada desde distintas instancias políticas y judiciales. La muerte de 15 personas en la playa del Tarajal y la imposibilidad de encontrar justicia (archivo y más archivo de la causa) a pesar de las movilizaciones sociales y la evidencia de lo que pasó. El calvario indignante, con venganza y criminalización, por el que han pasado y pasan los jóvenes de Alsasua. La condena de 5 años que llevó a la cárcel, en la que sigue habiendo cumplido ya más de dos años, a Fran Molero por la movilización de “rodea el Congreso” en 2013. Los presos políticos catalanes, incluidos los activistas sociales Jordi Cuixart y Jordi Sánchez a quienes tuve el honor de visitar en la cárcel de Lledoners en enero de 2019. Los raperos Valtonyc, condenado a tres años y medio de prisión, y Pablo Hasel, condenado a nueve meses de cárcel por el contenido de sus canciones. En nuestra “democracia plena” más de 130.000 personas víctimas del franquismo siguen enterradas en fosas comunes negando a las familias la necesaria memoria, justicia, verdad y reparación…
Se podrían citar miles de casos. Unos más conocidos y otros menos. Aunque no parece que debamos preocuparnos. Vivimos, aunque no lo sepamos, en una “democracia plena” en la que se respetan los Derechos Humanos.
Podríamos seguir citando otros ejemplos de la “normalidad democrática” que se vive esta “democracia plena”:
Los desahucios que se producen sin solución habitacional. Los cortes de suministros a quienes no pueden pagarlos e incluso a los que pueden pagarlos pero viven en las periferias abandonadas secularmente. El imposible acceso a una renta básica que permita una vida digna a quienes todo se les niega. Las personas paradas, 3.719.800 en España (16,13%) y más 900.000 en Andalucía (22,74%). Los 1.197.000 hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro. “Las miles de personas que habitan los asentamientos agrícolas en condiciones infrahumanas y a los que se les ha ofrecido no una solución, sino impedimentos para empadronarse o la criminalización como respuesta”…
Decía la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía el pasado mes de diciembre: “Lamentablemente, hemos podido constatar lo que ya sabíamos, y es que, en esta como en todas las grandes crisis, siempre pierden los más débiles, los más humildes, los que tienen menos posibilidades de resistir. Tenemos que seguir empujando para conseguir cambiar este sistema injusto y depredador, para que todas las personas vean respetados sus derechos y dispongan de lo mínimo indispensable para vivir con dignidad”.
Parece obvio decir que una democracia que se vanagloria de ser plena y que considera “normalidad democrática” las injusticias de cada día y la violación de los Derechos Humanos, no es una democracia. Es un timo, todo lo democrático que se quiera, pero un timo.