El próximo 10 de septiembre asistiremos a la celebración del Gibraltar National Day. Los gibraltareños conmemoran así el resultado incontestable del referéndum donde ese mismo día de 1967, el 99,64% se pronunció en las urnas a favor de la soberanía británica. Urnas y soberanía, explosiva combinación.
Pese a que de vez en cuando resurjan los gritos de “Gibraltar español” o que alguno de los diputados a Cortes por la provincia de Cádiz, haga expresa mención a ese lema en sus redes sociales (https://twitter.com/agustinrosety) , lo cierto y verdad es que los gibraltareños lo han tenido de siempre muy claro. Y la moda de incorporar a fichajes castrenses -como fenómeno parlamentario transversal- no parece que vaya a frenar esta acusada tendencia.
De hecho, en el más reciente referéndum, el de 2002, también el 98,97% rechazó la soberanía compartida propuesta por Blair y Aznar, que cosechó unos muy escasos 187 votos (el 1,03% de los votos). Se imagina sin mucho esfuerzo que votar por el “Gibraltar español” no es más que un delirio que solo existe en ciertas mentes.
Es decir, que los gibraltareños vienen ejerciendo de manera colectiva su derecho a decidir y además cuando lo hacen manifiestan resultados meridianamente claros en favor de determinadas opciones y con claro rechazo de otras alternativas. El Tratado de Utrecht se ha actualizado por la vía democrática y la reafirmación de la soberanía británica de Gibraltar es democráticamente inapelable. Así pues, tienen un grado de soberanía tal que llegan a emitir su propia moneda y sellos, y controlan sus fronteras fuera de la zona Schengen, entre otras competencias. Es posible, ¿verdad?
Es también muy relevante que fuera una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la que anuló la exclusión de los gibraltareños de las elecciones al Parlamento Europeo, donde no pudieron participar hasta 2004. ¿Asoma algún paralelismo?
Al otro lado de la valla, seguimos sin poder celebrar referéndums de autodeterminación. No era posible a la altura de la primera llamada a las urnas en Gibraltar, pues la dictadura franquista lo impedía. Y tampoco es posible a día de hoy, ya que a la vista están las consecuencias del 1-O para los nueve dirigentes soberanistas catalanes que se encuentran a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia. ¿Sería correcto denominarlo “la dictadura de los demócratas”?
Y sí que resulta ser una anécdota, al menos curiosa, que fuera un batallón de 350 soldados catalanes quienes en el bando del pretendiente archiduque Carlos protagonizaron el ataque terrestre a Gibraltar, donde los defensores borbónicos capitularon e hicieron entrega de la plaza al príncipe de Hesse-Darmstadt para iniciar así el dominio británico de la roca y sus zonas aledañas. En recuerdo de ello, la playa de la Caleta pasó a ser denominada Catalan Bay, denominación que aún hoy se mantiene. La historia unió a los catalanes y gibraltareños frente a los Borbones. ¿Nos suena de algo?
Precisamente al día siguiente del Gibraltar National Day, tendrá lugar la Diada catalana, que curiosamente también trae causa histórica en la Guerra de Sucesión. En esta ocasión el contexto judicial marcará la celebración. Hemos asistido a un juicio televisado ante el Tribunal Supremo donde se han evidenciado multitud de cuestiones. Analizarlas todas es tarea casi imposible.
Pero sí destacaremos un par de ellas: de un lado, el marcado protagonismo de los jueces en el escenario político. Es llamativo que las decisiones del Tribunal Constitucional o del Supremo quienes marquen los tiempos políticos y quienes estén interviniendo directamente en el desarrollo de un conflicto de naturaleza esencialmente política. Que sea el poder judicial quien sustituya las decisiones políticas es tan grave como cuando son los políticos quienes sustituyen la acción política del pueblo.
Y de otro lado, el uso y abuso de la prisión preventiva acordada respecto de hechos que no pueden merecer tal reproche penal. Suena disparatado que se mantenga en prisión a quienes se considera cabecillas de un movimiento popular masivo, no violento y civilizado. El fenómeno reactivo del aparato de Estado ha encontrado un nuevo enemigo (antes fue ETA y ahora es Cataluña) frente al que se impone el “todo vale”. La falta de atención a las garantías y derechos democráticos evidencian que se mantiene la construcción del Estado español de espaladas a la democracia, desoyendo la expresión de las urnas y las manifestaciones de un pueblo catalán que no desea mantener el status político actual. Superar este escenario es la tarea a la que también desde aquí, Andalucía, debemos colaborar quienes defendemos el derecho de los pueblos a decidir su futuro. Eso se llama autodeterminación y es completamente legítimo. Algunas experiencias en nuestra misma península pueden dar buena fe de ello.