Cuando el PP ganó las elecciones generales en 2011 con mayoría absoluta, padecía una gran ansiedad por reformar el sistema educativo porque la enseñanza en el Estado llevaba más de 20 años regida por leyes socialistas. Efectivamente, gracias a la LOGSE de 1990 y a la LOE de 2006, el PSOE consiguió introducir algunas reformas de cierto calado y de tintes socialdemócratas timoratos, que estuvieron en vigor hasta la LOMCE en 2013.
Solo ese gran malestar y desasosiego entre las filas reaccionarias pueden explicar el nacimiento de la Ley Wert (LOMCE). El Partido Popular, con Rajoy a la cabeza, quiso poner negro sobre blanco, en el BOE, todos los principios educativos conservadores y, de este modo, tranquilizar a quienes vivían con angustia esa situación. Era la primera vez, “en democracia”, que tenían en sus manos cambiar el sistema de acuerdo con sus intereses, una vez aprendida la lección de la “aznariana” Ley de Calidad, la cual, como sabemos, no llegó a aplicarse.
Y salió lo que salió. Una Ley que ponía panza arriba un sistema de acuerdo con los principios más extremistas del reaccionarismo español. Afortunadamente, entre que los cambios -los de verdad- en la educación no se desencadenan de un año para otro, y la resistencia de unos gobiernos autónomos, algunos de los aspectos no llegaron a aplicarse en su totalidad, como por ejemplo la conocida Reválida de Bachillerato.
Ahora llega el momento de recomponer los daños sufridos. La Ley Celaá parece que, en los momentos que escribo estas letras, va a ser aprobada. Obviamente, los sectores (¿neo?)conservadores se están alineando para resistir: el PP ya ha dicho que la llevarán al Constitucional, donde sus “amigos” le darán un buen repasito; Ayuso además, anuncia una ley autonómica “antiCelaá”; los sindicatos de docentes y asociaciones de madres y padres afines a estos postulados, ya están con manifiestos y protestas varias; y, por último, y no menos importante, la Conferencia Episcopal hizo el lunes un llamamiento contra los “obstáculos” del Gobierno a la enseñanza concertada y de la religión.
Llegados a este punto, se observa en ese bando cómo montan argumentos para defender sus intereses. Como es lógico, estos eslóganes pretenden captar adeptos basándose en conceptos, en principio, irrebatibles. Pero si se profundiza un poco, descubrimos que detrás de esas palabras hay una gran carga ideológica intencionalmente oculta que debe ser tenida en cuenta. Repasemos cuáles son sus argumentos y, con ello, construyamos un breve diccionario para tenerlo algo más claro. Seleccionemos los textos de una plataforma a la que me niego darle algo de publicidad:
1.“La LOMLOE supone volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación”.
¿Desde cuándo las leyes sobre educación no son “ideológicas”? La ideología impregna las escuelas. La machista, la mercantilista, la capitalista, la cristiana, etc. etc. Es imposible una educación “aséptica”, en cuanto que, afortunadamente, el ser humano posee una visión particular del mundo que le rodea y se traslada a una forma de entender eso de educar. Y si se trata de “imponer”, recordemos que la Ley Wert fue la única Ley Orgánica sobre educación de nuestra reciente Historia que se aprobó exclusivamente con los votos a favor de un solo partido político: el PP.
2. “La LOMLOE se inventa un “derecho a la educación pública”. El único derecho existente es el “derecho a la educación”, y el mismo se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados”.
Falso. Los centros concertados son privados porque su titularidad, sus propietarios son personas físicas o jurídicas privadas. También es un invento la relación entre derecho a la educación y obligación de subvencionar esos centros. Por otro lado, la oferta privada se mantiene. Esas plazas se siguen ofertando. Ahora bien, quien la elija, que la pague.
3. «Al no incluir el criterio «demanda social» a la hora de organizar las plazas de los colegios concertados, solo fija que se garantizará la oferta suficiente de plazas públicas, y “da la puntilla a la educación concertada”.
Como los centros concertados son privados, es incomprensible que el Estado subvencione centros privados en zonas donde existen plazas públicas libres. Es más, también es lógica la prohibición de pagar las ilegales cuotas mensuales a centros concertados pertenecientes a Fundaciones. Si estas tienen el carácter de “pública”, estas cuotas consiguen la consiguiente desgravación fiscal en la declaración del IRPF.
4. “Vuelve a postergar la enseñanza de la religión: sin alternativas y sin efectos en la evaluación. Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo, como ideario de la educación, y con esta Ley lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad”.
Falso. La Ley Celaá mantiene la religión como asignatura de oferta obligatoria, voluntaria, no evaluable y sin espejo o “alternativa”, respondiendo a un modelo aconfesional. La educación laica no permitiría las clases de ninguna religión. La religión saldría de lo “público” y quedaría en lo “privado”. Tendría que ser impartida en parroquias, mezquitas, sinagogas, … Por otro lado, ¿qué enseñanza religiosa es esa que necesita el reclamo de una buena nota segura para captar adeptos?
5. “Es una ley radical, que merma la calidad de la educación”. Hemos de tener en cuenta que para la LOMCE el concepto de “calidad de la educación” radica en seleccionar, convertir el sistema educativo en un instrumento excluyente, lleno de obstáculos: exámenes finales, repeticiones de curso, y “reválidas”. Cuando se pretende aprobar una ley donde desaparecen esas reválidas, y solo hay pruebas de diagnóstico y sin valor académico… eso, para el conservadurismo, es rebajar la calidad de la educación. Además, tal y como sucede en la mayor parte de los países europeos, la repetición de curso -una decisión inútil y carente de justificación, como han demostrado numerosos estudios- se mantiene solo para casos muy excepcionales. Eso también supone destruir la “calidad”.
Pretendía al principio que el diccionario fuera breve. Hay más argumentos para definir y rebatir. Por falta de espacio, lo dejaremos para otro momento porque el debate se antoja muy duradero.