Utilizar cualquier desgracia como fuente de negocio es algo habitual. No hace falta ir a un servicio de urgencias norteamericano para encontrar algún agente de seguros o abogado, ambos habitualmente trajeados, para mercantilizar el dolor ajeno. El dios mercado lo puede todo y alcanza espacios que hace no tanto tiempo estaban fuera de su alcance.
Desde Europa vamos imitando cada día más al estado anglosajón que lidera el llamado mundo occidental. Nos detendremos en analizar una de estas cuestiones aparentemente irrelevantes, pero que contiene una enorme carga de profundidad.
Porque carga de profundidad es, sin duda, el concepto más adecuado para tratar lo sucedido estos últimos días en los incendios de PedroGrao Grande (Portugal) y Doñana (Andalucía). Como cada verano, aparecen los incendios forestales como fenómenos noticiables que abren telediarios, partes radiofónicos, prensa escrita , webs y demás medios. No solo con Gibraltar, el corazón y los fichajes futbolísticos se puede llenar el verano informativo.
Y en ambos encontramos un factor común: la intervención de la UME. La UME es la Unidad Militar de Emergencias. Su web (www.ume.mde.es) explica a la perfección de qué se trata y su mensaje de entrada es esclarecedor: “Somos soldados”. El Teniente General Alcañiz es clarificador y nos habla en su mensaje de bienvenida de la marca España, la OTAN y de la vocación de la unidad, que presenta “un inequívoco espíritu de complementar los servicios de emergencia de otras Administraciones, principalmente las Comunidades y Ciudades Autónomas”. De hecho su simbología es quizá más completa que las de las propias Comunidades Autónomas porque tienen escudo, himno, guión y bandera propia. En esta última, por cierto, aparecen tanto la Corona Real como la Cruz de Borgoña.
Pues bien, presentada la misma ahora toca preguntarse qué hacen los militares protagonizando asuntos que nada tienen que ver con la guerra (el ejército es para esto, ¿verdad?). Y he aquí una de las ideas fuerza que subyacen a esta situación: los servicios de emergencia de las Comunidades están incompletos y son insuficientes. No se están destinando los medios técnicos, materiales ni humanos precisos para la lucha contra los incendios. Y estas deficiencias se camuflan tras el despliegue militar.
El fuego no se apaga en verano sino en invierno. Esto lo conoce cualquiera que esté puesto en la materia. La prevención, conservación y limpieza del monte, así como un medio rural vivo, son las únicas fórmulas aptas –científicamente demostradas e internacionalmente aceptadas- para evitar el fuego desolador cada verano. Pues bien, en lugar de esto, telefonazo de urgencia a los militares y así nos “ahorramos” disponer de medidas preventivas apostando por la militarización de las tareas reactivas, que son más ineficaces y caras.
Y aquí probablemente demos con otra clave de bóveda de esta situación: ¿cuánto cuesta la UME? ¿Y quién la paga? ¿Y quién la manda? Evidentemente un servicio de extinción de incendios y emergencias civiles resultaría infinitamente más económico y sobre todo, eficaz. Pero con el ejército hemos topado. Y este es uno de los tabúes de nuestra “democracia”, que aún parece no haber entrado en los cuarteles.
Junto con la puesta en valor de lo militar y la justificación de sus elevadísimos costes, encontramos un efecto directo más –quizá el principal, aunque no lo digan en su web-: la desprofesionalización y la degradación de los servicios públicos de extinción de incendios y salvamento. Existe una clara ofensiva neoliberal dirigida a atacar a los cuerpos de bomberos profesionales y de naturaleza pública. Las privatizaciones iniciadas en Galicia, la utilización de bomberos voluntarios (sí como lo oyen, esto lo ampara la Diputación Provincial de Sevilla por no ir más lejos), la falta de efectivos humanos y de medios dignos o la militarización de servicio componen pasos de una misma estrategia. Y de estrategia saben –y mucho- los de la UME. ¿O acaso se estarán prestando a estas tareas sin haber analizado la estrategia en que se insertan?