Como marco de fondo de nuestro día a día nos encontramos con un sistema económico y político, el capitalismo, que ha entrado en descomposición a escala mundial, de manera que hoy más que nunca este sistema no es capaz de resolver los problemas que la gente tiene planteados. En este contexto, hay que subrayar que el protagonismo del proceso soberanista que está teniendo lugar en Cataluña le corresponde de una manera clara y rotunda al pueblo catalán y no a las instituciones catalanas. Como ha venido ocurriendo a lo largo de la historia, los cambios profundos no vienen de lo oficialmente instituido, ni del poder, que por definición busca mantener sus privilegios.
A algunos hitos que ponen de relieve este protagonismo del pueblo catalán se refería hace poco el sociólogo catalán Manuel Castells: las diadas, multitudinarias, en las que, sobre todo desde 2012, la gente sale masivamente a la calle para afirmar su derecho a decidir como pueblo. A decidir cómo quiere que sea su país para poder decidir cómo quiere que sean sus vidas, reclamando soberanía política para Cataluña. O la declaración de soberanía de 800 alcaldes, de los 948 que tiene Cataluña, que en 2014 firmaron una declaración en la que sus municipios se afirmaron como territorios catalanes libres. Pasando por esa cifra demoledora: el 80% de los catalanes reivindica para Cataluña el derecho a decidir. Una contundente mayoría de catalanes reivindica el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. Un derecho para los pueblos reconocido en resoluciones de la Asamblea General de la ONU en las que el Gobierno del Estado español se mostró a favor, y que en la llamada transición fue asumido (en los papeles) por partidos políticos como el PSOE.
El soberanismo en Cataluña tiene por tanto un carácter arraigado y profundo, una fuerza y un impulso al que se han apuntado por razones de oportunismo electoralista partidos como el de Artur Mas y Puigdemón. Pero no es cosa de las instituciones, sino de la gente. Por eso las calles de Cataluña están hoy llenas, y están llenas de jóvenes que están muy mayoritariamente por el derecho a decidir. Porque los jóvenes son hoy, quizás como grandes dannificados dentro del sistema, y como demostraron en el 15 M, los que están en mejores condiciones para poder percibir que no podemos seguir viviendo en un orden que está caduco, que nos ahoga, que nos asfixia como personas y como pueblos. Un sistema que lo más que nos ofrece es construirnos – en realidad destruirnos- para y por “el mercado”. Un orden dentro del cual, ni en Cataluña ni en Andalucía tienen nuestros males remedios. Porque se hace cada vez más evidente que nos tenemos que organizar de otra manera. Que el futuro, o es de la gente, o no tenemos futuro. De esto es de lo que al poder no le interesa enterarse.
A esta fuerza, a este clamor tan mayoritario reclamando el derecho a decidir, no hay ley que lo pueda ni que lo deba parar. Y menos cuando la ley viene de un sistema político al que, como se decía en el 15 M, “le llaman democracia y no lo es”. Cuando el gobierno es el gobierno del poder económico en un contexto de “comunidad de intereses” entre la élite política y la empresarial, cada vez más evidente. Cuando estamos instalados en un poder oligárquico, o, como José Manuel Naredo viene insistiendo, en un neocaciquismo con fachada democrática.
En esta tesitura entre legalidad y legitimidad, si no se hubieran desobedecidos las leyes no se habrían conquistado muchos de lo que son hoy derechos, y a su vez, hay leyes que no son legítimas; es más, con la ley que sale del poder, “legalmente” se atropellan continuamente los derechos de la gente. “Legalmente”, el poder político le regaló a la banca privada, como mínimo, 60.000 millones de euros del dinero de nuestros bolsillos para salvar, se nos dijo, en el colmo del cinismo, “nuestra” economía. Estamos asistiendo a un permanente saqueo de lo público y de los bienes comunes “legalmente” perpetrado. En un acuerdo, con nocturnidad y alevosía, entre los dos partidos políticos del régimen, PSOE y PP cambiaron la constitución para poner los intereses del capital financiero por delante de todo lo demás. Desde el poder, sirviéndose de la ley, se nos toma el pelo en medio de un permanente proceso de apropiación de riqueza por parte de una minoría a costa de la desposesión de la mayoría.
En este contexto, desde algunas organizaciones políticas se reclama el ejercicio a decidir pero con un referéndum pactado. Desde Cataluña se intentó en estos años negociar y desde el Estado se ha negado el diálogo. ¿Se puede esperar que se consiga un pacto que reconozca el derecho a decidir de los pueblos cuando sabemos que desde el régimen político que gobierna en el Estado español –y no sólo desde el PP- se defiende a machamartillo una soberanía que se insiste en que “reside en el pueblo español”, que es tanto como decir que está en manos del Estado, como única e innegociable? ¿cómo se puede, desde ahí, reconocer la soberanía del pueblo catalán? ¿Hasta cuándo tendrían que esperar los catalanes para ejercer su derecho a decidir? A no ser que pacto termine significando la desactivación del potencial de liberación que hoy está en la calle. De eso sabemos los andaluces.
Desde Andalucía tenemos que agradecer al pueblo catalán su determinación; porque si Cataluña tiene razones para reclamar la soberanía política, a los andaluces, como dice la canción, “nos sobran los motivos”. Llevamos varios cientos de años negados como pueblo. Y sobre todo en el franquismo y en el régimen del PSOE, que en esto, como en otras cosas, ha habido una clara continuidad, se nos ha negado culturalmente de la peor manera posible: vistiendo lo español de andaluz. En lo económico y en lo social estamos en una situación de emergencia. Seguimos encargándonos de las actividades que generan más daños sociales y ecológicos. Andalucía sigue siendo un área de extracción y apropiación de riqueza por parte de centros de acumulación que están muy lejos de aquí. Sigue haciendo el papel de sirvienta.
Un papel que se ve permanentemente reforzado desde el Estado, por un lado, y desde el régimen que el PSOE tiene instalado en Andalucía por otro. Por eso, nuestro verdadero enemigo, me refiero al que manda y no al que le sirve desde la política, es el mismo que el del pueblo catalán. Lo podríamos encarnar o concretar en la Caixa, un capital que no sólo no tiene ningún compromiso con la gente sino que el único mandato al que obedece es el de convertir el dinero en más dinero, y eso sólo puede hacerlo hoy yendo en contra de las condiciones necesarias para que nuestra vida pueda prosperar. Por eso, para poder resolver nuestros problemas, para poder tomar las riendas de las condiciones en las que se desenvuelven nuestras vidas, y que sean condiciones construidas a nuestro favor, necesitamos también en Andalucía capacidad de decidir. Necesitamos reivindicar la soberanía política a la que tenemos derecho. La lucha del pueblo catalán, es también nuestra lucha.
*Intervención en el Espacio Labarqueta (Sevilla, 26 de Septiembre de 2017).