En el Parlamento Andaluz se sientan 12 diputados de un partido de ultraderecha quienes tienen entre sus objetivos políticos acabar la lucha contra la violencia de género y por la igualdad en Andalucía. En el programa político de esta formación ultra se proponía la derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. Tras las elecciones comenzaron las negociaciones del pacto de Gobierno y esta formación exigió que se le entregaran los datos de los profesionales que trabajaban en las Unidades de Violencia de Género dependientes del Gobierno andaluz. Esta estrambótica petición fue denegada por el Gobierno pues suponía una trasgresión de la Ley de Protección de Datos sin existir justificación suficiente. Se vieron, por tanto, obligados a reformular la petición, y esta vez se les ha concedido los datos sobre la experiencia profesional y el número de colegiado de los profesionales que trabajan en la erradicación de la violencia de género en Andalucía.
Esta escandalosa petición esconde la intención de acabar con la lucha frente a la violencia de género. O, al menos, intentan influir en un sentido común que cuestione la necesidad de los programas contra la violencia machista. El discurso de la ultraderecha resignifica la violencia machista como un invento de lo que llaman ideología de género que no corresponde a una realidad concreta y que discrimina y desprotege al hombre. Lo que subyace detrás de estas críticas es una voluntad de regresión en los derechos de las mujeres conquistados por el movimiento feminista en las últimas décadas. La intención es colocar a la mujer en un espacio doméstico, sostenedora de la familia encargada del trabajo reproductivo invisibilizado y no pagado.
¿Cómo es posible que estas tesis resurjan en pleno S.XXI? El fenómeno del avance de la ultraderecha sucede a escala mundial y no podemos únicamente analizarlos desde Andalucía. Son numerosas las causas que se señalan para este avance pero hay una que parece no levantar polémicas: la necesidad de la economía liberal del surgimiento de un sentido común fascista. En este momento del desarrollo económico, donde la acumulación de riquezas se acelera y cada vez reside en menos manos, son cada vez más los grupos humanos que caen del barco del estado del bienestar. Cada vez son más quienes no pueden acceder a los bienes necesarios para el sostenimiento de la vida. Es ante esta situación cuando se hace urgente justificar que no todos merecemos los mismo, y que hay grupos humanos mejores que otros por propia naturaleza. De esos discursos se encarga el fascismo. Es muy posible que la necesidad actual del modelo económico pase por un regreso de muchas mujeres al ámbito doméstico, para que se encarguen de estas tareas de reproducción y sostenimiento de la vida en un momento de crisis económica. Este plan contra las mujeres necesita una argumentación que justifique que su actividad natural es el de la reproducción y el cuidado y por tanto su lugar social debe ser el ámbito privado familiar. La propuesta de la creación de una consejería de familia que sustituya a la de igualdad responde a esta necesidad de construir un sentido común que coloque a la mujer en el ámbito doméstico y la despoje de derechos.
No es casual que la propuesta ultraderechista para el pacto de Gobierno fuera entre otras la derogación de la Ley para la Igualdad y de la Ley para la prevención de la Violencia de Género. De ambas leyes hay que saber que se aprobaron con un consenso de todas la fuerzas políticas y que las críticas actuales son por la falta de dotaciones económicas que no abarcan la alarmante situaciones de violencias que sufren mujeres en Andalucía El año 2018 se cerró con 16.000 casos activos de mujeres víctimas de violencia machista.
El reconocimiento de esta violencia está señalando que la misma es coyuntural al orden socioeconómico imperante y es fruto de las desigualdades materiales a las que se aboca a las mujeres respecto a los hombres. Desigualdades que no son fallos concretos si no que sobre ellas están construidas las reglas del juego. El orden económico necesita apropiarse del trabajo de reproducción y cuidados de las mujeres de forma gratuita para que la mano de obra se reproduzca. Las leyes por la igualdad y contra la violencia de género suelen ser parches superficiales que no cuestionan la estructura que sostiene la violencia patriarcal, no obstante son pequeñas conquistas que equilibran la situación de las mujeres con respecto a los hombres. Otorgan derechos, quitan miedos y compensan situaciones de desigualdad. Es por esto que la ultraderecha quiere acabar con este sistema de equiparación que supone la lucha institucional para la erradicación de la violencia de género.
La realidad se impone y saben que es difícil que su discurso de la “ideología de género” y la inexistencia de la violencia machista cale en la sociedad cuando asistimos a feminicidios regulares y todo el mundo conoce al menos un caso real. De ahí la necesidad de que constantemente blanqueen sus discursos y justifiquen su interés en que los profesionales deben estar colegiados apelando de manera ambigua a la necesidad de proteger el bien de los menores. Cuando realmente lo que pretenden es confeccionar listados de trabajadores comprometidos contra la violencia machista para sembrar desconcierto y miedo. El discurso del chiringuito suelen ser otro de sus aliados en un intento de agitar los malestares que los cuarenta años de clientelismo del PSOE han generado.
Pero más allá de las redes clientelares del PSOE, la violencia de género es una realidad latente que no es un error del sistema, sino que es fruto del sistema mismo que requiere de una sobre-explotaxión de las mujeres para subsistir. Esto no lo cambiará una ley o un programa de atención a mujeres en situaciones de violencia, será un cambio en las reglas de ordenación económica y social del mundo las que lo erradiquen, pero mientras estamos construyendo la salida realista no vamos a permitir que esta realidad se invisibilice y debemos apoyar toda lucha contra la violencia machista. Que no ganen ni un centímetro del sentido común, no es ideología de género es violencia patriarcal.