“¿Salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis? El principio de la acumulación sin fin que define el capitalismo es sinónimo de crecimiento exponencial y esto, como el cáncer, conduce a la muerte.”
Samir Amin.
Desde la victoria de la Globalización como proyecto socio-económico y del Globalismo como proceso político e ideológico, se impone el neoliberalismo como única vía posible. Una de sus patas fundamentales son las llamadas “externalizaciones” que, en pocas palabras, se trata de entregar servicios públicos o, como mínimo, una parte esencial de los mismos a empresas privadas y durante el tiempo que se estipule en el contrato o subcontrato, las empresas asumen la prestación de los servicios. El negocio está asegurado, nunca se persigue abaratar costes al Estado ni a las Comunidades Autónomas, sino maximizar sus beneficios con el dinero público. Esto se consigue precarizando el empleo (bajando los sueldos y a menudo sin pagar horas extras) y disminuyendo la calidad de los servicios. Las “externalizaciones” son una ganga, negocios seguros, sin riegos, que cae en manos de empresas determinadas, lobbies que se enmascaran en una red de filiales, lo que supone un claro oligopolio de las privatizaciones.
La gestión privada de la sanidad, la recogida de basuras o el suministro de agua, de los servicios de ayudas a domicilio, las monitoras escolares y de educación especial, etc., son la cara real de este modelo, la materialización de la precarización del empleo y el expolio de los servicios públicos. Además, este modelo de contratas y subcontratos están en la raíz de la mayor parte de los casos de corrupción que asolan Andalucía y el resto del Estado.
Frente a este modelo que antepone los intereses y beneficios económicos de unos pocos a costa de lo público, de lo común, la salida no puede ser la sustitución de lobbies de color azul por lobbies de color rojo, sino un apuesta por la economía social, es decir, aquella economía que se fundamenta en unos principios y valores que anteponen las personas a cualquier otra cuestión, bien sea de carácter económico o político. Para ello, remunicipalizar los servicios es el primer paso imprescindible, pero no es el único. Hay que hacer una apuesta por la gestión directa y participativa por parte de la ciudadanía, con el objetivo de generar la base social necesaria para que podamos oponer al proceso privatizador una nueva realidad colectiva con arraigo popular y territorial. Materializar estos servicios mediante la gestión comunitaria, siendo la administración garante y administradora de los recursos públicos.
Dentro del proceso privatizador, también llamado eufemísticamente como “liberalización de servicios”, encontramos un entramado de directivas y normas que tienen como vértice el artículo 135 de la Constitución (firmado con alevosía entre PP y PSOE), así como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administraciones Locales servicios sociales (LRSAL). Estas normas obligan a externalizar los servicios al impedir ampliar el personal y no poder contratar más personas. A esto hay que sumarle la nueva iniciativa del ministro Montoro contra lo público, la reciente disposición adicional 27 de los Presupuestos Generales del Estado que prohíbe la subrogación del personal de las empresas municipalizadas.
Estamos en la obligación política y social de saltar todas estas trabas legislativas impuestas por las marionetas del poder económico que dirigen nuestros Parlamentos. La apuesta por la aplicación real de las Directivas 2004/18/CE y 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo que al menos de manera formal impone la aplicación de cláusulas sociales, laborales, medioambientales y de cohesión territorial a los contratos públicos. En definitiva, construir otro modelo de relaciones que contemple una concertación público-comunitaria con base cooperativa o asociativa local que permita una toma de decisiones colectivas y transparente de la población en sentido amplio, y que se pueda aplicar dentro de la legislación comunitaria y estatal impuesta.
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que son las mujeres quienes generalmente asumen la mayoría de trabajos de los servicios privatizados y precarizados. La defensa de la economía social plasma la relación directa que existe de esta apuesta económica con la igualdad dado que las entidades de la economía social se configuran precisamente de acuerdo con unos valores (democracia, igualdad, solidaridad y equidad) que son contrarios a la discriminación entre mujeres y hombres. En cuanto a las cooperativas en concreto, los principios establecen que estas entidades son organizaciones voluntarias, abiertas y democráticas que ofrecen a las mujeres una oportunidad en el desarrollo no sólo como trabajadoras remuneradas, sino también a través de la creación o participación directa en la empresa, lo que les permite llevar a cabo iniciativas que responden a sus propias necesidades. Por otra parte, la difícil conciliación entre la vida personal, familiar y laboral obliga a que las mujeres se autoorganicen, desarrollando experiencias de las que son promotoras y destinatarias.
Se trata de compatibilizar la democratización del mundo del trabajo, impulsar el control de la ciudadanía y personas trabajadoras, así como generar y consolidar espacios de contrapoder social construyendo experiencias transformadoras que trabajen por un modelo económico que ponga en el centro a las personas, así como la defensa del empleo de calidad, la distribución de la renta y de la riqueza.