Llegó a la plaza de la Gavidia con su pequeño tocho de panfletos y comenzó a repartirlos. Era una de las personas que tienen a familiares represaliados por los golpistas de 1936 en el cementerio de Utrera. Algunos no daban crédito a la denuncia que leían: el alcalde, don José María Villalobos Ramos, del PSOE, les había enviado una decena de números de la Policía Local y la Guardia Civil para impedir que continuaran con su encierro en el cementerio. Hasta ese punto habían llegado hartos de promesas incumplidas y de silencios. Perplejos se quedaron algunos y aún más, cuando supieron que al día siguiente se volvió a repetir la jugada. Amago de encierro y nuevo envío de guardias.
En repetidas ocasiones se dice que, en esto de la memoria histórica, Andalucía estaba a la cabeza. Así se dice, desde hace años, poniendo como ejemplos las exhumaciones que se realizaban, las investigaciones que se financiaban, el presupuesto destinado e, incluso, la pujanza de su movimiento memorialista. Además de las actuaciones institucionales de ayuntamientos, diputaciones y la propia Junta. Los ditirambos que ha recibido la ley de memoria andaluza han alcanzado cotas estratosféricas.
Sería una tontería negar que, desde los ya lejanos años de principios de siglo a hoy, la situación ha cambiado. Para bien respecto a la anterior, pero también para mal comparándola cómo se generó. Sobre todo sigue faltando un compromiso de realizar políticas activas de Estado más allá de las actuaciones realizadas. La ausencia, siquiera, de una fotografía de la más alta representación andaluza con las familias es buen ejemplo de ello.
En el camino, el memorialismo andaluz ha quedado reducido a una situación prácticamente testimonial y a remolque de las iniciativas institucionales. Una situación sancionada por la ley de memoria que lo deja en una posición secundaria cuando no marginal. Además, desde recientemente, está dividido por intereses claramente partidistas. Sólo pequeñas aldeas tipo Asterix continúan luchando en la más completa de las soledades cuando no incomprensiones.
Ahora el mantra es que todas las culpas son del trifachito. Quizás por ello, lo ocurrido en Utrera, de una gravedad sólo comparable a la que hace ya unos años llevó a realizar una huelga de hambre en el cementerio de Ronda, no ha merecido ni una triste referencia periodística. Sólo lo han hecho algunas redes sociales y la asamblea de La Gavidia que inmediatamente hizo pública su solidaridad.
Que asistimos a un intento de resurrección de viejo bipartidismo es algo evidente. Un ejemplo, lo ocurrido estas últimas semanas con la formación de un gobierno estatal. Actitudes como la del monterilla utrerano no se entienden si no la colocamos en un contexto en el que los viejos modos políticos vuelven a primera línea. Aquellos del despotismo ilustrado, todo para el pueblo sin el pueblo, que nos han llevado a la actual situación. El olvido de la represión golpista y franquista fue uno de los elementos claves de la llamada transición. Como la reaparición de las demandas de verdad, justicia y reparación fue una señal de que el bunker de la constitución del 78 comenzaba a resquebrajarse.
En un momento involutivo como el que vivimos no debe de extrañar que por PP y PSOE se intente reducir su impacto político. Los primeros a una cuestión de caridad cristiana y los segundos a un elemento, el último quizás, que le diferencia desde una visión de izquierdas del primero. Pero que, más allá de la disputa parlamentaria constitucionalista (como sinónimo de bipartidismo), está el acuerdo sobre que es una cuestión de segundo orden en las políticas estatales.
Se preguntaban en las redes sociales si los familiares de las víctimas de Utrera conseguirán encontrar algún día a sus familiares. Soy optimista y creo que sí. Ahora, la rapidez o lentitud, los mayores o menores obstáculos que haya de sobrepasar dependerá de la capacidad de presión que logre el memorialismo desde sus entidades locales hasta sus articulaciones territoriales. Retomando la senda emprendida hace veinte años, alejándose del partidismo y teniendo claro que nada, ni nadie, debe desviarle de sus objetivos de verdad, justicia y reparación. Tres finalidades políticas, en el buen sentido de la palabra, y, por lo tanto, públicas. La política y lo público no sólo la hacen los partidos, las instituciones o los ciudadanos yendo a votar cada vez que le llamen. Son cosas tan importantes que no conviene dejarlas en manos extrañas. ¡Ah! y que, por lo menos, no se olvide lo ocurrido. Porque, como escribía un familiar utrerano, su alcalde y quienes callan añado yo, no sólo han perdido su credibilidad sino todo lo que, su agresor, puede perder de su víctima.