El Equipo Editorial de Portal de Andalucía se adhiere a la «Declaración pública» de Asamblea de Andalucía ante el estado de alarma declarado por el coronavirus.
La propagación del coronavirus plantea un riesgo para la salud de las personas que se distribuye en función de los determinantes sociales de la salud (vivienda, empleo, pobreza, etc.). Es decir, las consecuencias se agravan en la medida que se desciende en la escala social. Andalucía presenta unos indicadores muy negativos y el escenario más propicio para las mayores tasas de desigualdades en salud. Además, la sanidad andaluza ha sufrido enormes recortes y un profundo deterioro en los últimos años.
Entendemos que las medidas que se deriven del estado de alerta por el coronavirus van a repercutir significativamente sobre la vida de la mayoría social andaluza, y especialmente sobre los grupos sociales más vulnerables y sobre sus circunstancias específicas. Por ello, las medidas políticas, sociales y económicas que acuerde el gobierno deberán atender prioritariamente a los colectivos sociales más desfavorecidos. Un supuesto «criterio de igualdad» tan sólo profundizará en las desigualdades preexistentes.
A continuación reproducimos la Declaración:
DECLARACIÓN PÚBLICA DE ASAMBLEA DE ANDALUCÍA (AdA) ANTE EL ESTADO DE ALARMA DECLARADO POR EL CORONAVIRUS
Ante la declaración por el gobierno de España del estado de alarma para enfrentar las consecuencias sanitarias de la calificada como pandemia del coronavirus queremos manifestar y, en su caso, denunciar y exigir lo siguiente:
1. Que la propagación del coronavirus plantea un riesgo para la salud de las personas que, como todos los retos de salud pública, se distribuye poblacionalmente bajo la influencia de los llamados determinantes sociales de la salud. Esto significa que siempre, conforme se desciende en la escala social, las consecuencias se agravan y comprometen con mayor intensidad y perjuicio la salud y el bienestar de las personas. Andalucía, con relación a los
determinantes sociales de la salud (vivienda, empleo, pobreza, abandono educativo, salarios…), presenta históricamente los peores indicadores y el escenario más propicio para las mayores tasas de desigualdades en salud. Además, hemos visto cómo en la última década, para asegurar el pago colectivo de la deuda privada contraída por la banca y conforme lo constitucionalizó la reforma del arto 135 llevada a cabo por el PSOE y el PP, se han realizado recortes en los servicios públicos y deteriorado y precarizado las condiciones
laborales de sus trabajadores y profesionales, entre ellos, los profesionales sanitarios.
2. Las medidas que se deriven del estado de alerta por el coronavirus van a repercutir dramáticamente sobre la vida de la mayoría social, pero especialmente lo harán sobre los grupos sociales más vulnerables y sobre sus circunstancias específicas. Además de cientos de miles de trabajadores/as que ya sufren condiciones laborales y salariales de extrema precariedad e indefensión, las medidas políticas, sociales y económicas que acuerde el gobierno han de estar presididas por atender prioritariamente a los colectivos sociales más desfavorecidos. Un marco de políticas de alarma definidas por la “igualdad” será una ficción social y política que reforzará la desigualdad.
3. Especialmente, exigimos que se contemplen medidas específicas destinadas a amortiguar las repercusiones más intensas del estado de alarma que soportan ya:
– 244.430 niños y niñas que están viviendo en pobreza severa en Andalucía, como han denunciado Save the Children y otras entidades de derechos humanos. La dieta alimenticia diaria de muchos de estos niños depende de su asistencia a los comedores escolares, posibilidad que ahora se hace imposible con el cierre generalizado de escuelas y centros educativos. Esta pobreza infantil andaluza, 10 puntos por encima de la de España que, a su
vez es el 4o estado con mayores tasas de la UE, no sólo plantea un problema de derechos humanos, sino además compromete el desarrollo físico y cognitivo de esos niños, lo que repercutirá a lo largo de todas sus vidas… así pues, todo ello, en ausencia de medidas específicas, se recrudece con el estado de alarma decretado.
– Igualmente, decenas de miles de personas viven en barriadas andaluzas empobrecidas y degradas (como los Pajaritos o los Asperones, por poner sólo dos ejemplos) y, por ello, en situaciones cronificadas de pobreza energética, infravivienda, hacinamiento, falta de servicios públicos o, sencillamente, viven sin hogar. Su día a día, en muchos casos, impide mantener la adecuada higiene (lavado de manos) o la compra de recursos desinfectantes y de mascarillas. Hay miles de personas procedentes de África o de Rumanía o de etnia gitana cuya actividad de sustento consiste en la venta ambulante o en recoger chatarra e incluso mendigar y que, en pocos días, como ya están poniendo en conocimiento de las asociaciones de derechos humanos, no tendrán para comer. Decenas de miles de ancianos que viven solos necesitarán reforzar las tareas de asistencia social y de salud.
– Por otra parte, la sobrecarga que están padeciendo los servicios sanitarios y sus profesionales que, previsiblemente, se verá incrementada en los próximos días está poniendo en evidencia la precarización sufrida como consecuencia de las políticas neoliberales practicadas por los distintos gobiernos de Andalucía, más intensamente en la última década. En estos momentos tan complicados, como denunció ayer mismo en su comunicado Marea Blanca en Sevilla, los profesionales de los servicios sociales y los centros de salud y hospitales trabajan en condiciones de gran precariedad de recursos, comprometiendo la atención de los pacientes y la propia salud de los especialistas sanitarios.
4. Por todo ello, reclamamos a los gobiernos de España y de Andalucía que las medidas que se adopten en el marco del estado de alarma decretado no justifiquen, como ocurrió en 2008, una salida neoliberal del problema de salud y de sus consecuencias económicas. Por el contrario, exigimos que incidan especialmente en las desigualdades estructurales de salud para proteger a los grupos sociales más vulnerables y ya castigados por políticas anteriores, que se garanticen rentas mínimas a la población en situación de pobreza crónica, que se impida a los empresarios y entidades bancarias utilizar un problema de salud pública para
despedir, “flexibilizar” y precarizar aún más a los trabajadores, y el cese de pagos de alquileres e hipotecas en los casos justificados. Finalmente, reclamamos que se detengan los procesos de desmantelamiento y privatización de los servicios públicos y que, por el contrario, se refuercen estos servicios públicos, en especial los sanitarios y de ayuda a domicilio, dotando de recursos a centros de salud, hospitales y centros de servicios sociales.
Sevilla, 16 de marzo 2020
Asamblea de Andalucía (AdA)