«Esa bala fue para Andalucía entera», dijo la familia de Manuel José García Caparrós, cuando recibió del Congreso los documentos clasificados sobre el asesinato de su hermano, el 4 de diciembre de 1977. A la familia García Caparrós le mintieron hace 48 años, cuando le dijeron que su hermano había muerto en un accidente de tráfico. Y ha estado peleando casi medio siglo para conocer toda la verdad: quién fue el policía que hizo el disparo mortal, quien ordenó la brutal carga policial y dónde está la bala que le quitó la vida. Una información protegida por la Ley de Secretos Oficiales de 1968 aprobada por el mismísimo dictador, que aún no ha sido derogada. Algo inaceptable. ¿Por qué tanto secretismo a estas alturas? Está en juego el derecho a la información, propio de una sociedad madura y democrática.
Las hermanas García Caparrós llevan años reivindicando este derecho, pero no con ánimo de revancha ni de rencor, sino porque es una forma de hacer justicia y ayuda a completar el círculo del duelo. Estaría bien que la familia del agente que disparó contra el joven de 18 años, enviara un pésame a las hermanas de Caparrós, sería una forma de reconciliarse.
El policía que apretó el gatillo fue el brazo ejecutor y culpable de fanatismo, pero el máximo responsable fue el ministro Rodolfo Martín Villa, que ordenó cargar a la policía, de forma brutal y sin contemplaciones. Por cierto, han pasado 50 años desde la muerte del dictador y Martín Villa todavía no ha declarado ante la justicia por éste y otros crímenes. Recordemos un año antes, en 1976, los sucesos de Vitoria, donde ordenó otra carga policial que acabó con la vida de siete obreros y 150 resultaron heridos. O el asesinato del joven almeriense Javier Verdejo, tiroteado por la Guardia Civil cuando pintaba en un muro: «Pan, trabajo y…,no le dio tiempo a poner «Libertad».
A la muerte de García Caparrós contribuyó también el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Cabeza, un provocador que caldeó el ambiente, cuando se negó a colgar la bandera de Blas Infante en el balcón de la corporación provincial. Otro joven, Juan Manuel Trinidad Berlanga, escaló la fachada de la Diputación para poner la verde, blanca y verde, y con esta acción audaz, se convirtió en un símbolo de la lucha por la autonomía andaluza.
Aquel 4 de diciembre de 1977, me encontraba en Madrid estudiando periodismo. En Andalucía no había Facultades de Ciencias de la Información y me vi obligado a emigrar, como tantos andaluces. Dirigía un periódico que se llamaba Andalucía 9, por aquello de la novena provincia andaluza, y nuestro primer titular fue: «Andalucía 9 nace de luto». Era nuestro homenaje al joven malagueño, tiroteado por un policía franquista, cuando participaba en una manifestación multitudinaria con el lema: «Andalucía por su autonomía». Un joven andaluz que salió a la calle con ilusión para reivindicar el Estatuto de Autonomía y no volvió a casa.
En el año 77, la dictadura se resistía a caer y dio a sus sicarios licencia para matar. Por entonces, era peligroso manifestarse, la policía franquista, conocida como «los grises», y la extrema derecha regaron con sangre las calles de Madrid. El 23 de enero, asesinaron al granadino Arturo Ruiz, cuando reclamaba «Amnistía y Libertad» en otra manifestación. En este caso, el pistolero no era policía, aunque tenía la complicidad de la policía. Conocemos su nombre: José Ignacio Fernández Guaza, un sicario de la extrema derecha, que no ha mostrado arrepentimiento y vive un exilio dorado en Buenos Aires, protegido por la policia argentina.
Al día siguiente, 24 de enero, la joven Mari Luz Nájera caía mortalmente herida, cuando participaba en otra manifestación para protestar precisamente contra el asesinato de Arturo. La joven estudiante recibió el brutal impacto de una pelota de goma, que le disparó de cerca y a bocajarro otro policía. Y esa misma tarde, la atroz matanza de cinco abogados y militantes del Partido Comunista en Atocha. De nuevo tiroteados por la extrema derecha.
Los años 76 y 77 fueron los más sangrientos de la Transición, con tres víctimas andaluzas. Primero, el almeriense Javier Verdejo; unos meses después, el granadino Arturo Ruiz, y en el el histórico 4 de Diciembre, el malagueño Manuel José García Caparrós. Éste fue el alto precio que pagó Andalucía en la lucha contra la dictadura y por la autonomía.