El acuerdo alcanzado en el último minuto por gobierno, patronal y sindicatos para prorrogar los ERTES, es más que probable que sea el último. Tenemos una fecha clave en el horizonte para hablar de economía e integración social, el 30 de septiembre de 2021. A partir de ese día, se acabará gran parte de la cobertura social que ahora está sosteniendo a muchas familias. En esas fechas estará finalizando el período estival y con ello el repliegue del sector turístico que ilusoriamente nos está ahora deslumbrando con bajadas históricas de desempleos.
Superado lo peor de la crisis sanitaria gracias al envidiable sistema sanitario que seguimos teniendo y la calidad de sus profesionales, el foco se centrará entonces en todos aquellos que, habiendo pasado con apuros el año y medio de pandemia sanitaria, no contarán con los recursos suficientes para llevar una vida digna. El estado va agotando sus reservas y opciones y estará más ocupado en mejorar el ratio país y su solvencia internacional mediante la recaudación, aumentando ciertos gravámenes, imponiendo otros nuevos. Aumento del precio de los combustibles, la energía, servicios, el nuevo peaje de las autovías será motivo de amplia cobertura.
Y mientras tanto, el rastro de la pandemia sanitaria será una grieta social y económica cada vez mayor para demasiada gente que no puede alcanzar umbrales de estabilidad de empleo e ingresos suficientes para ser parte de esa recuperación del consumo interno al que volveremos a fiar la supervivencia de muchas empresas y sectores enteros.
Los sindicatos se han apresurado a recordar que el empleo generado en estas semanas es estacional y precario. A muchos, por suerte les da una inyección de moral e ingresos que siempre viene bien. Lo que no podemos perder de vista es que siguen habiendo más de 500.000 personas que no han recuperado su puesto de trabajo y 540.000 aún en ese limbo de los ERTES que pesa como una losa. En la práctica, más de un millón de familias que engrosan, tristemente, las cifras de aquellos que las estadísticas identifican como vulnerables o en riesgo de exclusión y pobreza.
Necesitamos añadir en este coctel a los jóvenes. La franja de los 30-40 que ya se encontraron al llamar a la puerta del mercado laboral con la crisis de 2008, a los que la vida se está encargando de decir que su aspiración es vivir casi igual de bien que sus padres. Y la franja de los 20-30, los jóvenes con mayor ímpetu, energía e ilusión pero que hoy tienen menos posibilidades de ser parte de ese ascensor social al que tanto nos agarramos en décadas pasadas y que hoy está averiado. El informe de juventud recoge que el 32% de la población entre 20 y 29 años está en riesgo de pobreza o exclusión social, casi un 30% de esta franja de edad está en desempleo y los que lo hacen su salario no alcanza el 60% de la media. En España están cinco de las regiones con más paro juvenil de Europa, Andalucía entre ellas.
La estrategia lanzada por la Unión Europea para las próximas décadas, el Green New Deal o Pacto Social Verde vincula la transición ecológica con la creación de empleo digno y superar la desigualdad, vincula la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y la descarbonización con acabar con la desigualdad y la injusticia social.
Algunas de estas ideas pueden intuirse en el Plan de Recuperación y Resiliencia que España ha enviado a Bruselas como declaración de intenciones para el empleo de los fondos Next Generation. No somos capaces de encontrar nada de esto en las políticas y acciones del gobierno andaluz. Y nos preocupa, nos preocupa sobremanera.
Un grupo de entidades sociales estamos colaborando, y nos hemos integrado en la plataforma Prosoxi, Observatorio para la transición ecológica socialmente justa. Estamos poniendo nuestro compromiso, trabajo y empeño para lograr que de los 140.000 millones de euros que llegarán a España en los próximos años (de los cuales la mitad aproximadamente serán en forma de subvenciones y el resto en préstamos) sean destinados, tal como ha quedado establecido, un 37% a financiar programas y actividades de transición ecológica justa y otro 10% en la mejora de la biodiversidad, palancas indispensables para afrontar el calentamiento global y el despoblamiento rural.
La asignación de los fondos no se hará territorialmente sino en base a propuestas de programas y proyectos. Por eso es tan importante ir madurando opciones, ideas, alianzas. El reto es formidable y la oportunidad única. Nos enfrentamos a un triple desafío: cambiar el actual modelo productivo para hacerlo ambientalmente sostenible y socialmente justo, generar nuevas actividades y empresas de economía verde y crear millones de empleos de calidad. Un reto que nos incumbe e involucra a todas y todos. No solo a los gobiernos y a las empresas, también a las organizaciones e instituciones de la sociedad. Si fracasamos, será un fracaso colectivo y las consecuencias las pagaremos durante varias generaciones.