Si por un segundo levantara la cabeza gracias al inusual milagro de la resurrección, el fallecido Jesús Gil desearía volver al otro lado de la laguna Estigia si el primer nombre que oyera fuese el de la abogada Inmaculada Gálvez. Este nombre fue martillo incansable en el campo político y judicial contra decenas de figuras pululantes en el entramado político/urbanístico que caracterizó el devenir de Marbella (más de 30.000 viviendas ilegales gracias al binomio ‘boom’ inmobiliario/corrupción), y alrededores durante decenios.
Actualmente sigue ejerciendo la abogacía, y colabora puntualmente con asociaciones civiles asesorando en la lectura de expedientes y proyectos de claro abuso empresarial, como es el caso de la ciudad Deportiva de Guadalmar, en el litoral malagueño. “Ya no estoy en primera línea”, asegura a este portal desde el otro lado del teléfono, “tras 20 años de lucha, me declaro agotada”.
Entre los hitos de su trayectoria, destaquemos que en el 2000 promovió la Plataforma Ciudadana para la revisión del PGOU de Marbella, a la vez que ocupó un escaño en el Parlamento Andaluz por el grupo de Los Verdes. No deja de sorprender que estos fueran entonces en coalición con el PSOE en claro signo de oportunismo electoral, con lo que la tropa parlamentaria de Chaves se encontró con una patata caliente que no consiguió domesticar ni neutralizar en su trabajo político y judicial… Se mantuvo firme en el criterio de que el PGOU de Marbella daba cobertura legal a presuntos delitos urbanísticos perpetrados por el gilismo, lo que situaba a la Junta de Andalucía en cooperadora necesaria si, como vino a suceder, otorgaba su aprobación. Entre el gilismo y el PSOE no todo fueron guerras y diatribas, parece que subrepticiamente sabían darse la mano cuando el negocio urbanístico sonreía para todos. Esta abogada le comunicó personalmente a Manuel Chaves, secretario regional y presidente nacional del PSOE de la época, que no daría su apoyo a quien, con el sobrenombre de “la rubia”, Isabel García Marcos, se presentaba como adalid de la legalidad, la democracia y los mejores ideales en la barricada anti-Gil de Marbella… Los hechos no tardaron en darle la razón. Las hemerotecas ilustran el peculiar currículum de la “socialista “García Marcos con plenitud de detalles.
Sin llegar a personarse en el caso Malaya, ella fue de las pioneras de esta macrocausa con 86 condenados, cuando inició la ofensiva de denuncias de las numerosas irregularidades que acumulaba el hotel Guadalpín, propiedad de la promotora Aifos y germen del caso. Nuestra andaluza fue un constante dolor de cabeza para los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, y algún que otro pensamiento desde rejas debió de dedicarle también la tonadillera de postín Isabel Pantoja durante sus años de trena.
Sin embargo, para esta guerrillera contra la recalificación fácil, la financiación irregular y la compra de silencios, las peores cicatrices no han sido la perpetradas por el enemigo natural con quien vérselas en un juzgado mediante procesos, acumulaciones de pruebas y peritajes y el largo etcétera de elementos que reúne el arsenal de una profesional del derecho, sino las ocasionadas por la persecución del propio búnker judicial. Uno de los hechos más sangrantes que ponen en tela de juicio la independencia de éste y el carácter “democrático” del sistema, son las ¡catorce sentencias ganadas! en la sala de lo contencioso-administrativo de Málaga a la espera de ejecución a la vez que se desestiman las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración… Lo que la ha llevado a presentarse con ellas redactadas ¡en papel higiénico!: inmejorable metáfora del entramado empresarial/político/judicial reinante en buena parte del urbanismo de Andalucía. En la sala de lo contencioso administrativo de Málaga, su presencia no es bien recibida.
Afirma que nunca se sintió protegida en sus denuncias. Al contrario. «Aquí el denunciante es un bicho raro. No interesa protegerlo, porque los tres poderes son cómplices del sistema».
Varios encontronazos con las autoridades del aparato judicial le han valido alguna visita al calabozo, petición de condenas y posteriores absoluciones en una lucha sin tregua, siempre en la lid de la especulación urbanística y en defensa de los derechos civiles.
En 2008, se presentó como cabeza de lista al Senado por Ciudadanos en Málaga, como un «símbolo del compromiso en la lucha contra la corrupción»: así vendieron su incorporación. El “idilio” con la formación naranja, era de esperar, fue efímero.