La práctica de la caza como actividad social genera en la actualidad un campo controversial en cualquiera de sus modalidades (como actividad recreativa o deportiva, como práctica individual o asociativa, tanto caza mayor o menor, con armas de fuego o sin ellas, con lógica comercial o sin fines de lucro, etc.). Dentro del encendido debate entre partidarios y detractores, se constata que tanto los discursos apologéticos como los impugnadores se apoyan a menudo en lugares comunes, en tópicos y estereotipos convertidos en categoría o en argumentaciones esencialistas, y todo ello reduce el espacio intersticial de un deseable consenso entre las partes en conflicto.
Del lado de los cazadores, obviando la heterogeneidad de posiciones y conductas en un colectivo de cerca de 300.000 andaluces, se reiteran formulaciones retóricas que apelan a prácticas ancestrales, a impulsos atávicos de comunión con la naturaleza, a la influencia del supuesto gen cazador que determina la pasión por la caza y, en contadas ocasiones, se menciona el derecho a la práctica de una actividad recreativa, hoy liberada de la histórica segmentación estamental de su práctica elitista, y actualmente regulada por multitud de normas legales y administrativas que definen el espacio cinegético, los periodos hábiles, las especies cazables, los requisitos de sus practicantes, el control de las armas y de los animales auxiliares, además de las medidas conservacionistas y los principios éticos inherentes a la práctica cinegética responsable y sostenible.
Del lado de los opositores a la continuidad de esa actividad, a menudo asimilados a los posicionamientos ecologistas y animalistas más radicales, verificamos un rechazo frontal a una práctica que supone la muerte de un ser vivo, ahora como culminación de una confrontación entre las habilidades y recursos del hombre cazador y el instinto defensivo del animal silvestre y ya no como recurso de subsistencia. En sus relatos se reitera la generalización, al conjunto interclasista de los cazadores, del estereotipo de las prácticas cinegéticas elitistas orientadas a la reproducción de los signos de distinción social o a la acumulación de una renta cinegética que se añade a otros rendimientos de la tierra. Desde las posiciones animalistas se criminaliza a todos los cazadores elevando a categoría lo que son conductas detestables, pero minoritarias, de maltrato animal. Dentro de ese sinsentido, se llega a establecer una estrecha correlación entre la socialización del individuo en el mundo de la caza y el desarrollo de prácticas violentas hacia los animales (maltrato) o hacia las personas (asesinato). «Antes los abandonaban, pero ahora vemos que hay brotes de violencia. A alguien le sobra un perro y le pega varios tiros. Es gente perturbada. (…) Son asesinos en potencia: quien se ensaña así con un animal puede hacerlo con una persona» (Mari Cruz Torres, portavoz de la asociación ecologista CIRIANA de Churriana (Málaga), en eldiario.es, 12 nov. 2019).
Por su parte, desde el ecologismo anti-caza también se elevan a categoría las actividades cinegéticas comerciales que, aplicando la racionalidad capitalista, terminan generando un impacto negativo en los recursos ambientales (vallado de cotos, granjas cinegéticas, deterioro de la cubierta vegetal, hibridación de especies, etc.) en aras a la producción del máximo beneficio en la comercialización de productos y servicios, algo consustancial, y socialmente aceptado, en cualquier otro aprovechamiento (agropecuario, forestal, turístico, etc.) del territorio donde también, y de forma esporádica en días y espacios predeterminados, se practica la caza.
En ese marco escasamente convivencial entre defensores y detractores de la caza en Andalucía se inscriben algunas iniciativas institucionales reguladoras o promotoras, que reconocen explícitamente la importancia del sector cinegético, tanto en sus dimensiones sociales y económicas, como ambientales y culturales. Entre ellas, quizás la de mayor enjundia, encontramos la propuesta de declaración de la Montería y la Rehala como actividad de interés etnológico y, por tanto, merecedora de ser inscrita como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. La presentación de este expediente de declaración, promovido desde 2016 conjuntamente por la Federación Andaluza de Caza, la Asociación Española de Rehalas y la Asociación de Terrenos de Caza, se justificó mediante el Catálogo de Valores Culturales y el subsiguiente Informe Técnico, ambos realizados por investigadores del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla en julio de 2017. La incoación del expediente, que inicia así su proceso administrativo, se ha producido con su publicación en el BOJA de 28 de junio de 2019.
En la justificación de motivos de la resolución de la Dirección General de Patrimonio Histórico se subraya el interés cultural, social, medioambiental y económico de la montería y la rehala y se reproducen algunos párrafos del Informe Técnico: «el desarrollo de la actividad de la montería consiste en una práctica cinegética de caza mayor –ciervo, jabalí y gamo, fundamentalmente–, que, en su vertiente de caza social, recreativa y sostenible, representa, además de una forma de apropiarse materialmente de elementos de la naturaleza y de incidir en las relaciones eco-sistémicas del territorio forestal en el que la actividad cinegética tiene lugar (…) se produce un modo de relación cognitiva con ese universo que tiene una vertiente pragmática que guía los movimientos y estrategias en el monte, tanto de cazadores como rehaleros; así como una dimensión sensorial, emocional y ética que conforman los valores culturales de la actividad cinegética» (…) «se desarrolla un tipo de sociabilidad densa, donde la confluencia en un lugar y tiempo determinado de un grupo de individuos, dispuestos a compartir una práctica recreativa en el medio natural, genera un campo específico de sociabilidad distinto a los ámbitos y modos cotidianos de otras relaciones sociales”, (…) «la caza así entendida constituye una práctica social integrada en la cultura del pueblo andaluz que se materializa en multitud de sociedades deportivas de caza y en uniones estables de cazadores y rehaleros”.
Nos interesa rescatar del párrafo anterior la referencia específica a la montería social recreativa y sostenible como la modalidad de caza mayor que encierra un alto interés etnológico y mantiene los valores del patrimonio cultural inmaterial que detenta un sector significativo del pueblo andaluz. Esta apropiación colectiva se demuestra con la inclusión en el expediente de más de 100 acuerdos plenarios de ayuntamientos y diputaciones de Andalucía favorables a la propuesta y el apoyo de más de 200 sociedades deportivas de caza federadas en Andalucía. Con ello, queda patente el respaldo social al reconocimiento de ese patrimonio, que no debe ser sólo el resultado de la intervención de técnicos de la patrimonialización, sino que, como afirma la Convención de la UNESCO de París 2003 sobre Patrimonio Inmaterial, es necesario que “las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos lo reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural (…) que se transmite de generación en generación”.
No obstante, como no podría ser de otra forma en el marco de una controversia más emotiva que racional, la publicación en el BOJA del expediente y la apertura del plazo de alegaciones ha suscitado una respuesta contraria al reconocimiento del contenido cultural e identitario de una actividad social plenamente legal, pero que supone para los sectores anti-caza la eliminación de la fauna silvestre, el maltrato a los animales y el deterioro de los ecosistemas y que se identifica, tras un análisis sesgado, de forma exclusiva como una práctica elitista y rentabilista del llamado “lobby de la caza”, obviando de facto a la multitud de cazadores que practican una actividad cinegética sin fines de lucro en alguna de las 2.167 sociedades deportivas de caza (datos de 2014) que se reparten entre los 778 municipios andaluces (ratio de 2,87 sociedades por municipalidad)
En un artículo posterior al Informe Técnico del BIC, reiteramos el objetivo que inspiró la redacción del expediente: “pretendemos poner de relieve los valores culturales de la actividad cinegética, teniendo en cuenta expresiones simbólicas y rituales, formas de sociabilidad, formas de gestión, saberes y técnicas que contiene esta práctica, caracterizada por una doble orientación estratégica, recreativa y/o comercial, y que socialmente goza de una notable extensión en el medio rural andaluz” (Florido, D. y Palenzuela, P., “Valores culturales, discursos y conflictos en torno a la caza. El caso de las monterías sociales en Andalucía”, Revista Andaluza de Antropología, 2017, vol. 13, p.54).
Una reciente iniciativa institucional que ha avivado el debate sobre el papel de la caza en la sociedad andaluza ha sido el acuerdo firmado el 23 de octubre pasado por tres grupos políticos (Partido Popular, Ciudadanos y VOX) del Parlamento Andaluz para la elaboración del Presupuesto 2020. Entre los 35 puntos del documento, nos interesa rescatar aquí el nº 13: «Actividades complementarias sobre actividad cinegética», que literalmente dice: “Se procederá al impulso de un programa de actividades complementarias para promoción y conocimiento de la actividad cinegética en los colegios, en colaboración con la Federación Andaluza de Caza (FAC), que exponga la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento de nuestro medio rural, la conservación de la fauna y los espacios naturales”.
La Consejería de Educación, dirigida por el Partido Popular, asegura que la actividad cinegética «está íntimamente relacionada con los contenidos en el área de Ciencias Naturales» y ha defendido que los alumnos deben conocer su «valor» e «importancia» para conservar el medio natural, generar empleo y el desarrollo del mundo rural. «Nuestros alumnos deben aprender el valor y la importancia de la conservación de nuestra fauna y flora por medio de una actividad cinegética sostenible y basada en estudios técnicos y científicos». (Agencia EFE, 28/10/2019)
Las reacciones han sido inmediatas, prácticamente todas en contra de esa iniciativa calificada de retrógrada, exótica e inoportuna. Un rechazo, en primer término, desde las posiciones ideológicas de quienes atribuyen, con pleno fundamento, la paternidad de la propuesta al partido VOX y entienden su imposición como un peaje más a pagar por los dos partidos que comparten el gobierno de Andalucía gracias al apoyo determinante de los diputados de extrema derecha. Esta selección de titulares de medios de comunicación así lo denotan:
Vox logra imponer el PIN parental y la promoción escolar de la caza en Andalucía. (El Periódico, 24 octubre 2019). Vox consigue que la caza llegue a las aulas andaluzas. (El Confidencial, 23 octubre 2019). Vox cuela la caza en las aulas andaluzas. (Agencia EFE, 23 octubre 2019). El Gobierno de PP y Cs incluye 35 medidas de Vox y cierra el acuerdo presupuestario para 2020. (IDEAL, 24 0ctubre 2019). El Presupuesto andaluz de PP y Cs para 2020 sucumbe a Vox. (Lavozdelsur.es, 24 octubre de 2019). El Gobierno de PP y Cs incluye 35 medidas de Vox y cierra el acuerdo presupuestario para 2020. (Diario SUR, 24 octubre 2019). Vox trufa con sus prioridades los segundos Presupuestos del cambio. (Diario de Sevilla, 24 octubre 2019).
Otra corriente de oposición al acuerdo se construye desde la definición de los valores y conocimientos a transmitir por la escuela como antagónicos con la cultura de la violencia y el adoctrinamiento que conllevaría esta iniciativa: “unir la caza a la conservación de la fauna, el medio rural y el medio ambiente es una perversión del lenguaje para pervertir las mentes infantiles actuales y adultas de mañana” (FAMPA-Sevilla). Desde el campo sindical, la Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía crítica que la «ultraderecha política» imponga también su discurso en materia de educación en valores y pretenda adoctrinar al alumnado y reclama que se retire dicha medida de forma inminente al considerarla una forma de adoctrinamiento.
Por su parte, el partido animalista PACMA exige a la Junta que defienda los derechos de los niños y paralice la pretensión de enseñar la caza en colegios porque la medida propuesta por Vox, con el apoyo del PP y Ciudadanos, «trata de adoctrinar a los menores en la caza», por lo que exige la retirada del presupuesto autonómico de las partidas de apoyo a la caza ya que «no se puede permitir que se destine dinero público a actuaciones que perpetúan el maltrato animal». (Europa Press, 24 octubre 2019).
Este catálogo no exhaustivo de posicionamientos en contra lo cerramos con la referencia al artículo “La caza, la escuela y la política educativa”, publicado el 29 de octubre en el Diario de Sevilla por Javier Merchán Iglesias, profesor de la Universidad de Sevilla. El autor afirma que la propuesta incluida en el programa firmado por los tres grupos políticos “no puede ser considerada más que como una ocurrencia exótica” y parece que inoportuna y anacrónica: “no es cuestión de estar a favor o en contra de la caza -ahora éste no es el debate-, sino de si este asunto tiene que ser objeto de atención en las escuelas, más allá de su consideración como actividad de las tribus del Paleolítico Superior”. Parece deducirse de esta reflexión que la acción formativa sobre la actividad cinegética sólo se justificaría si se limita al conocimiento de las estrategias de subsistencia de las bandas de cazadores recolectores y se niega esa potencialidad educativa a la caza contemporánea, social y sostenible, como instrumento de regulación de los ecosistemas forestales y como patrimonio inmaterial de sociabilidad, de transmisión de conocimientos y de saber hacer que practican los cazadores andaluces a través de sus asociaciones sin fines de lucro. En la misma línea de aquellos que alertan del riesgo de adoctrinamiento, nuestro autor entiende que “se trata de modelar las conciencias infantiles en un cierto estilo de patriotismo deportivo”. Algo así como inocular a los niños andaluces un nuevo virus que añadir al que genera la exaltación patriótica de las hazañas deportivas de la selección nacional.
Para entender, lo que de ninguna manera presupone compartir, los argumentos que sustentan la frontal oposición a esas “actividades complementarias para promoción y conocimiento de la actividad cinegética en los colegios”, un análisis contextual es la premisa metodológica más adecuada.
En la coyuntura política, que se concretó en la alianza post-electoral de diciembre 2018 entre PP, Ciudadanos y VOX para desbancar al PSOE del gobierno de la Junta y en la servidumbre respecto a VOX de los dos partidos que comparten el gobierno autonómico, se configura un escenario que deslegitima, para una parte importante de la sociedad andaluza, cualquier iniciativa política que se relacione con la dependencia del apoyo parlamentario del grupo ultraderechista. En el caso concreto que nos ocupa, la posición favorable a la caza y a su protección pública ha estado expuesta con rotunda claridad en el discurso de VOX desde su emergencia como oferta electoral.
Por otra parte, es necesario integrar en el análisis la creciente influencia entre sectores de clase media y profesionales, especialmente del mundo urbano, de las posiciones ecologistas y animalistas que estigmatizan la caza a partir de tópicos y estereotipos que amplifican sus expresiones más negativas, obviando intencionalmente la referencia a sus dimensiones demográficas, socioeconómicas, ecológicas y culturales. Por ejemplo, la sublimación de la naturaleza mediante la quimera de la auto-regulación de sus ciclos ecológicos y la equiparación de los derechos de los animales sintientes a los de la especie humana son dos ideas-fuerza que se incorporan a los relatos de los colectivos anti-caza y que se aceptan acríticamente por sectores sociales que, en su mayor parte, desconocen la problemática del mundo rural y lo infravaloran como lo tradicional o lo arcaico, en una perspectiva perdedora respecto a la modernidad y la civilidad de los espacios urbanos.
En el fragor de la polémica se ha deslizado la presunción infundada de que se trata de incluir en los planes de estudio de los colegios andaluces una nueva asignatura obligatoria y que la motivación última de esta actividad extracurricular será el adoctrinamiento del alumnado, cuando en realidad se trata por el momento del “impulso de un programa de actividades complementarias para promoción y conocimiento de la actividad cinegética en los colegios”. Un programa que tendrá una asignación presupuestaria, pero que está aún por definir en sus contenidos con la colaboración de la Federación Andaluza de Caza (FAC) y que presumiblemente se aplicará sólo en aquellos centros cuyos claustros y AMPA’s lo soliciten.
Precisamente la FAC, tanto en sus manifestaciones como en sus prácticas, ha mantenido desde hace años una postura claramente favorable a la promoción del conocimiento social de la actividad cinegética tanto en los medios de comunicación como a través de acciones divulgativas en los centros educativos, evitando provocar la confrontación estéril y la descalificación gratuita. No obstante, sin renunciar a denunciar la calumnia, las apelaciones al odio o las prácticas de adoctrinamiento en el animalismo como, por ejemplo, la utilización en algunos colegios andaluces de un texto de 5º de primaria de la Editorial Vicens Vives que recomienda los alumnos “no practiques la cacería y conciencia a las personas que conozcas para que tampoco lo hagan” y aboga por “prohibir la caza de animales pues ha puesto en peligro a muchas especies” (Jara y Sedal, 7/10/2019).
Por consiguiente, para la Federación Andaluza de Caza la propuesta del documento tripartito de Andalucía no es “una ocurrencia exótica”, pero no puede convertirse en un instrumento de adoctrinamiento sectario. El ya citado informe técnico del BIC de 2017 refleja la posición de la FAC sobre las actividades formativas con la caza. En el epílogo del documento se recogen las Medidas de Salvaguardia y se incluye la siguiente: “Elaborar por la Federación Andaluza de Caza, la Oficina Nacional de la Caza o el Instituto Andaluz de la Caza, entre otros, materiales didácticos sobre la realidad de la montería y la rehala destinados a su difusión en los Institutos de Enseñanza Secundaria”. (pág. 109). Algo que ya se viene haciendo desde hace algunos años por la FAC con la realización de talleres en colegios para informar a los alumnos de la importancia de la actividad cinegética como medio de conservación del medio ambiente y de creación de riqueza. Una práctica similar se está desarrollando en los centros educativos de Extremadura y de Castilla-León con la participación de sus respectivas federaciones autonómicas de caza y el apoyo de sus gobiernos, tanto del PSOE como del PP en ambas autonomías. Por lo tanto, una práctica que funciona desde hace tiempo y que se asume sin reticencias en nuestro medio social y cultural no tiene nada de exótico ni de aberrante.
Por otra parte, nos parece altamente significativo y plausible que la FAC defienda que esos temas sean expuestos dentro de un proyecto educativo plural: “Si nosotros pedimos que no se adoctrine en contra, no vamos a querer tampoco que se adoctrine en favor», afirma su presidente José Mª Mancheño, y añade que no tienen la intención de vincular la caza a un proyecto político concreto al considerarla algo transversal. (Entrevista en Diario PUBLICO; 24 octubre 2019).
Finalmente, sobre este tema tan controvertido en Andalucía es conveniente volver la mirada hacia esos países “de nuestro entorno”, tan recurrentemente identificados como modelos de referencia en los discursos políticos o mediáticos. Por ejemplo, en Francia la práctica de la caza es considerada como actividad de carácter medioambiental, cultural, social y económico y por ello participa en la gestión sostenible del medio natural y de sus habitantes. Con un censo de 1.300.000 licencias de caza, se mantiene activa una convención nacional de la educación al desarrollo sostenible suscrita en 1990 entre el Ministerio de Ecología y el Ministerio de Educación Nacional con la Federación Nacional de Cazadores. En 2013, como resultado de la aplicación de esa Convención, 53.000 jóvenes en edad escolar recibieron una presentación de su patrimonio natural y participaron en prácticas de campo coordinadas por la Federación de Cazadores.
En Alemania, según la revista Jara y Sedal de 24 de agosto de 2019, “los cazadores también organizan en los colegios expediciones al monte para que los más pequeños no olviden la realidad de la naturaleza y explicarles en qué consiste la actividad cinegética” (…) “los alumnos pudieron tocar, escuchar, oler, probar y sentir la naturaleza a través de la explicación de los que mejor la conocen: los cazadores”.
En Canadá, los centros de educación secundaria suelen tener, dentro de la oferta de actividades complementarias para sus alumnos, un club de caza y pesca, junto a otros como el club de actividades recreativas al aire libre, el de senderismo o el de la supervivencia en el bosque. Las actividades formativas de esos clubs de caza estudiantiles son responsabilidad de las asociaciones locales de cazadores y no de las plantillas docentes.
En conclusión, dentro del catálogo de las distintas modalidades de caza (mayor o menor, individual o colectiva, comercial o sin fines de lucro, popular o elitista) para nosotros es evidente que la caza social, responsable, sostenible y sin fines de lucro es la modalidad cinegética que de forma más nítida contiene, mantiene y trasmite valores etnológicos que constituyen una parte integrante del patrimonio cultural inmaterial del pueblo andaluz, tal como queda fundamentado en la propuesta de declaración de Bien de Interés Cultural para la Montería y la Rehala. Por lo tanto, podemos deducir que su reconocimiento como actividad recreativa de amplia base social, con funciones asociativas, patrimoniales, ecológicas, culturales y de sostenibilidad del medio rural legitima a los cazadores y a sus estructuras asociativas, como detentadores de ese patrimonio, para promover y participar en iniciativas que coadyuven a la extensión de su conocimiento en cualquier escenario social, incluidos también los centros educativos. Todo ello, arropado en la razón democrática de la opción libre de su práctica regulada, descartando la estigmatización del otro, así como los planteamientos sectarios, fundamentalistas y excluyentes y apostando por la flexibilidad, la compatibilidad entre los distintos usufructos del medio natural y, en última instancia, por la construcción de un espacio convivencial entre la gente que opta por cazar y la que decide no cazar en Andalucía.