La educación concertada levanta pasiones en nuestro país. Es un tema conflictivo. Es un asunto tan importante que marca las diferencias a la hora de delimitar conceptos tales como educación pública y privada, como ya hemos visto en alguna ocasión, o también el de educación gratuita. Este último también depende de quien lo defienda: la extensión de la gratuidad de la enseñanza, por ejemplo, en educación infantil como ha propuesto el gobierno andaluz, se consigue firmando conciertos con centros privados y subvencionándolos, como defiende la derecha; o se obtiene construyendo centros de titularidad pública, como postula la izquierda. En ambos casos, en teoría, el resultado es el mismo: se incrementa la oferta gratuita de plazas.
La enseñanza concertada aquí tiene una gran tradición. Desde hace ya muchas décadas hay centros privados que reciben subvenciones públicas. Estos centros obtuvieron su reconocimiento definitivo una vez aprobada la LODE y, con ello, consiguieron que el nuevo régimen democrático mantuviera esta situación heredada de años atrás.
Los argumentos a favor de la enseñanza concertada se basan, de forma resumida, en dos. Por un lado, sus defensores invocan el muy conocido artículo 27 de la Constitución sobre la libertad de enseñanza que integra tanto los de libertad de elección de centros por parte de las familias, como la libertad de creación de centros. Ya sabemos lo tramposo del término “libertad de…” La libertad está relacionada con la igualdad y su ejercicio está vinculado con la situación económica de la familia, lo que distorsiona claramente su presunta “objetividad” o “imparcialidad”. Es decir, como ya hemos escrito en alguna ocasión, las personas con rentas mayores gozan de más libertad a la hora de elegir centros, que las otras con ingresos menores, quienes, incluso, no tienen libertad.
Pero también la libertad de enseñanza se ha pervertido en España, puesto que se vincula con la subvención de los centros privados. Me explico. Hoy día, existen multitud de centros de todas las ideologías: laicos privados con infinidad de formas de educar, religiosos con idearios distintos, los públicos,… Existe libertad de oferta. Si alguien quiere elegir una diferente a la pública de titularidad pública, puede hacerlo. Incluso, su plaza en un centro público gratuito seguirá siempre disponible si se quiere ir a otro ¿Pero debe toda la ciudadanía subvencionar vía impuestos esas otras ofertas educativas? ¿La libertad de elegir tiene que ir ligada a la aportación estatal, sabiendo que existe una plaza pública a la disposición de esa familia?
El segundo argumento es el menor costo de la privada subvencionada. Es cierto. El costo para la Administración de una plaza concertada es inferior al de una plaza pública. Pero ¿qué hay tras esas cifras? Profundicemos un poco.
Ese menor costo de la privada subvencionada se consigue gracias a unas peores condiciones laborales del personal docente. Sus remuneraciones por convenio son inferiores a sus compañeros de la pública, y sus jornadas de trabajo, mucho más extensas. Hay más. Los servicios (aula matinal, actividades extraescolares, autobús, comedor, …) ofertados por los centros públicos son de costo muy reducido o, incluso, gratuitos. Es decir, prácticamente los pagamos todos con nuestros impuestos. Mientras tanto, esos mismos servicios, en los concertados, los pagan las familias y a un sobrecoste, a veces escandaloso, pero consentido. Pongamos el ejemplo de la jornada escolar. Es muy relevante que la gran mayoría de los concertados tengan jornada partida de mañana y tarde. Y con horarios “infernales”. Se sale a las 12:00 y se vuelve a entrar a las 15:00… ¿todas las familias se pueden permitir el lujo de recoger a sus hijos/as a esas horas? ¿cuál es la alternativa?: o autobús a precio desorbitado, o comedor, a igual precio… Por tanto, lo que no se costea por la vía del concierto se hace a través de la explotación de unos docentes con jornadas laborales superiores a las 10 horas diarias; y los servicios extraescolares, que debían ser gratuitos, son pagados por los pagos privados de la familia. Eso ayuda a explicar la diferencia entre los costes de las plazas concertada y pública.
Más ejemplos: la ratio en la pública es inferior a la privada. Hay más estudiantes por profesor en la concertada. Luego ese coste inferior de la concertada se consigue también gracias a la masificación de las aulas. Más datos. Los porcentajes de población inmigrante en las aulas privadas subvencionadas es inferior a los de la pública. Los porcentajes de estudiantes con discapacidad también es inferior en los centros concertados. Sabemos que es más costoso trabajar con la diversidad. Los esfuerzos económicos para hacer realidad la deseada educación inclusiva y no discriminatoria, son muy superiores cuando se trabaja con unos estudiantes de procedencia cultural, social, económica homogénea.
Estos datos, conocidos por todos y, sin embargo, aparentemente, no tanto por la Administración, pervierten la existencia de esos centros. Comparemos con otros países. Es curioso cómo nos muestran unos datos comparativos para unos casos y, sin embargo, otros, menos “políticamente correctos”, se ocultan o no se les da tanta difusión. España está entre los cuatro países europeos que tienen más centros concertados. Hay países de nuestro entorno, incluso los muy famosos por sus buenos resultados, donde no existen esos centros: Finlandia obtiene sus buenos resultados en PISA gracias a casi un 100% de estudiantes en la pública. Es más, en muchos países sería inconcebible para la población que unas empresas u órdenes religiosas hicieran negocio, se lucraran, con el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de la educación. En esos países entienden que la iniciativa privada es muy diferente a la pública, y la enseñanza no puede estar en manos de la primera. Simplemente por un razonamiento muy lógico, pero no muy extendido: para la iniciativa pública somos “ciudadanos” y, por tanto, debemos ser atendidos todos por igual (ganemos lo que ganemos); mientras que para la privada los ciudadanos nos convertimos en “clientes”, donde somos atendidos en función de nuestro “poder adquisitivo” y las posibilidades de lucrarse a nuestra costa.
Dejemos para otro momento el cobro de cuotas “voluntarias” que nadie denuncia y todos asumen como algo “normal”, o cómo esos pagos se ingresan en las cuentas de Fundaciones o asociaciones declaradas de utilidad pública para así obtener los beneficios fiscales en la declaración de la renta.
Un asunto controvertido. Una herencia educativa de años que nuestro país se debe plantear, puesto que los argumentos que tradicionalmente servían de base, como que gracias a la concertada se ha acabado con el atraso histórico educativo, van caducando con el paso del tiempo. Ya estamos en disposición de equipararnos también a nuestros vecinos e ir acabando con una situación antigua, anacrónica…