La figura retórica denominada “sinécdoque” consiste en tomar “la parte por el todo”. Es a ella a la que ha recurrido el Gobierno de progreso con objeto de presentar su más reciente gestión en materia de salario mínimo como un éxito.
Ahora bien, más allá de la subida de 15 euros/mes, se echa de menos algo más de profundidad en los análisis para no perder de vista lo siguiente:
a)La “subida” del SMI supone un incremento del 1,6% respecto al SMI de 2020. Si tenemos en cuenta que -con el último dato conocido- la inflación en la eurozona ha subido un 2,2%, rápidamente observamos que cuando el coste de la vida sube más que las rentas salariales, no estamos ante un enriquecimiento de los asalariados sino ante su pauperización. Si atendemos al dato de inflación para el Estado español, el resultado es aún peor, pues se ha situado en el 2,9%. Es decir, los afectados por el SMI disponen –en neto- de un 1,3% menos de rentas salariales.
b)La “subida” del SMI se ha producido con efectos del 1 de septiembre de 2021, es decir que para los primeros ocho meses del 2021 ha regido el SMI de 2020. No hay efectos retroactivos, por lo que el efecto de la subida se ha atemperado por su temporalidad, ya que únicamente surte efecto para el último cuatrimestre del año. El 66% del año 2021 no ha habido ninguna subida y solo es al final del año –en la recta final del 33% del fin de año- cuando el mismo surte efectos. Por lo tanto, estamos ante una medida que pese a estar prevista anualmente no ha surtido ningún efecto en la mayor parte del tiempo correspondiente a la anualidad de 2021.
c)El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores prevé que la revisión anual del SMI –que habitualmente tiene lugar, mediante la aprobación de un Real Decreto en los últimos días del año- se pueda incluso actualizar semestralmente para así atender al Índice de Precios de Consumo (IPC). Otras variables a tener en consideración son la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Además, la opacidad total sobre las consideraciones realizadas en torno a las mismas sigue siendo la nota más destacada del proceso. ¿Para cuándo la luz y los taquígrafos?
d)Sigue existiendo el IPREM, el SMI de los pobres o la cara B del SMI. Los socialistas no renuncian a este logro “social” –creado por su Gobierno en 2004-, que desacopló el indicador del SMI, creando este subtipo aún más bajo. Así, prestaciones sociales, becas, subsidios y demás tipologías de ingresos mínimos atienden a este indicador –del que apenas se habla- en lugar de al SMI. Por lo tanto, al “subir” el SMI y mantener el IPREM –que está en 564,90 €/mes- no se atiende a todos los colectivos afectados por tales indicadores –que eran el mismo en 2004-. Así, se agudiza aún más las diferencias entre uno y otro, que en tan solo 16 años de existencia ya acumulan una diferencia de más del 41%. Indicadores para pobres e indicadores para más pobres todavía. Así es el negocio de la pobreza desde la perspectiva de las políticas públicas.
Y dicho esto, no podemos sino rectificar nuestro título. Pues habiendo planteado esta breve reflexión no estamos ante ninguna sinécdoque, sino ante una paradoja. Otra más que en esta ocasión nos plantea el Gobierno de coalición en sus nada erráticas políticas socio-laborales. Con la Reforma Laboral muy cerca ya de cumplir una década en vigor (tuvo lugar en febrero de 2012), a nadie extraña que desde las instancias gubernamentales inunden redes sociales de mensajes confusos, incompletos y fragmentarios loando la política laboral ministerial. Con tanta paradoja, quizá creerán que se acercan a la literatura, pero no pasan del folletín.