El Estado español lidera el ranking europeo de ayudas públicas a la banca perdidas. Euroestat cifra el dinero desperdiciado en 58.415 millones de euros. Supera al Estado alemán, 49.106 millones de euros; al irlandés, 48.438 millones de euros; al griego, 27.297 millones. En los últimos meses, hay un mensaje rondando los medios de comunicación de las grandes corporaciones (comúnmente denominados medios de comunicación de masas), intensificado en los últimos días, que se resume así: no es posible mantener el sistema de pensiones públicas.
Además, las cuentas de la SAREB apenas se conocen, pero sí se sabe que 35.000 millones de euros de su deuda se ha convertido en deuda pública. Por otro lado, no hay que engañarse y tener claro que miles de millones de fondos europeos Next Generation irán a parar a grandes empresas. La deuda, al completo, será pública. De este modo, transforman deudas privadas en deudas públicas; sistemas públicos, que aseguran derechos sociales, en negocios privados que aseguran beneficios.
Es posible enmarcar todas estas prácticas y políticas en lo que Gonzalo Portón ha denominado «La lucha por la desigualdad». A día de hoy esta lucha continúa. De modo muy virulento. Hay grupos de poder fortísimos en tan innoble causa. Su fin se resume así: que muy pocas personas tengan mucho y muchas, poco; y que parezca «natural», humano, incluso positivo.
Esas circunstancias hace que en fines de semana como el actual, la imagen que tenemos en nuestras cabecitas es una playa llena de gente. O un remate de cabeza. O terrazas donde el personal se adapta a la «nueva normalidad». No veremos la vieja normalidad de miles de personas andaluzas enclaustradas en sus pisos pasando la ola de calor sin aire acondicionado; de familias donde los hombres bajan al bar para estar algo más fresquitos mientras las mujeres hacen de comer y cuidan del pequeño con el ventilador despidiendo aire subsahariano. La lucha por la desigualdad marca lo que se ve y lo que no se ve, de lo que se habla y de lo que no (el relato, dicen ahora).
Lo están consiguiendo: vivimos en sociedades tremendamente desiguales. El futuro de las pensiones forma parte de esta lucha por la desigualdad. Nunca se ha creado más riqueza social; nunca ha habido más desigualdad; nunca ha habido más presión para que las pensiones pasen a ser un negocio privado. La lucha por la desigualdad requiere desactivar el mecanismo de igualdad que suponen las pensiones públicas. Y todo en el marco de una estrategia capitalista neoliberal, que fomenta la lucha entre iguales, que genera más desigualdades y victorias de los privilegiados. Manuel Soto Sordera nos decía: “con lo poquito que había/ yo hice una partición/mis hermanos son aquellos/ que tengan igual que yo.” En esta economía capitalista del siglo XXI cada vez hay menos hermanos y más enemigos, menos iguales y más amos y siervos.
La Maestra Miren Etxezarreta da en el clavo, como siempre: «Todos los gastos colectivos se financian con impuestos, pero las pensiones no, cuando se trata de un gasto social. Al igual que la educación, sanidad, ejército o carreteras, las pensiones se tienen que financiar con la riqueza social que se maneja a través de impuestos». La lucha por la igualdad es esencial. El mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones es un frente muy relevante de esta lucha y si es necesario hacer uso de los ingresos público, hágase. ¿Qué lo impide?
Las fuerzas económicas y financieras del capitalismo están atacando una herramienta esencial para poder avanzar hacia una sociedad menos desigual, más justa, con menos violencias. El mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones es posible, es necesario, y, no se nos olvide, debía ser lo lógico en una sociedad sana, algo cada vez más difícil de sostener en el marco de una economía capitalista.