Con septiembre llega el inicio de las clases en Andalucía. Es la principal noticia de este mes. Y con ella, surgen los estudios y las noticias acerca de cuánto desembolsan las familias para costear la educación de sus hijos e hijas. Y en estas cifras aparece el precio de los libros de texto. Estas publicaciones tienen en Andalucía una historia y un presente muy peculiares a tener en cuenta. Hagamos un breve repaso.
En primer lugar, aquí son gratuitos. O lo que es lo mismo, pagados por los impuestos de todos. Se entendió en su momento que el concepto de “gratuidad de la enseñanza” no se podía ceñir exclusivamente a disponer de una plaza pública en un centro escolar, sino que era necesario ampliarlo y actualizarlo con la compra de estos materiales por parte de la Consejería de Educación para su uso en las escuelas. La decisión se plasmó en el muy optimista artículo 21.5 del Estatuto andaluz de 2007, justo en los años anteriores a la crisis: “Se garantiza la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria en los centros sostenidos con fondos públicos. La ley podrá hacer extensivo este derecho a otros niveles educativos”. Este artículo convirtió en derecho lo ya adelantado en la Orden de 27 de abril de 2005 y en el Decreto 66/2005, de 8 de marzo.
Fue una medida inédita en todo el Estado. Ninguna Comunidad Autónoma hizo igual. Al plasmarlo en el Estatuto, se convirtió en una obligación difícil de incumplir: para eliminarla en principio es necesario un cambio de la norma. Eso ha traído como consecuencia, que a pesar de los numerosísimos recortes en educación a partir de 2008, y del cambio de color político del gobierno, aquí se siga manteniendo anualmente el denominado “Programa de Gratuidad de los libros de texto”. Hay otro caso. El de Navarra. Pero allí la obligación tiene rango de Ley Foral y se aprobó un año después.
Por otro lado, no hay que perder de vista que los libros de texto son un negocio. Un negocio muy rentable. Más rentable que la venta de muchas novelas de afamados literatos. Es más, numerosos grupos editoriales sobreviven gracias a la venta de estos manuales. Y como son muy lucrativos, hay intereses fortísimos tras ellos. Sin embargo, este asunto a veces se desconoce. Tras los nombres de esas editoriales, hay empresas, algunas internacionales. También está la Iglesia a través de varias órdenes religiosas y, en muy pocos casos, las cooperativas. Todos se mueven con la finalidad de ganar dinero y/o influir ideológicamente en las generaciones más jóvenes. Al haber tanto en juego (poder y dinero), no deben extrañar las luchas por dominar el mercado y condicionar las voluntades de gobiernos, docentes y familias en su provecho. ¿Sabemos quiénes están detrás de cada editorial? Es muy complicado saberlo. Sin embargo, hay numerosos estudios pedagógicos que demuestran la clara manipulación de los contenidos en función de sus intereses. ¿Se tiene en cuenta este elemento a la hora de recomendar un libro de texto?
Es tal el afán de estos grupos editoriales por controlar el asunto que siempre han defendido su desregulación. Es decir, llevan décadas defendiendo que la Administración no intervenga para así operar e inmiscuirse ellos. El ejemplo más evidente es la asociación de editores de libros para las escuelas. ANELE es su acrónimo. Sus representantes llevan años luchando contra la descentralización de la enseñanza porque va contra sus intereses empresariales. Pretenden vender el mismo libro de texto en Soria que en Cádiz, por ejemplo. Les resulta más rentable. Eso del reconocimiento de las peculiaridades culturales de los Estatutos de Autonomía o de la Constitución, le trae al pairo. Ellos defendían mucho antes que ese partido “de nombre en latín”, como escribió recientemente Isidoro Moreno, la devolución de las competencias en materia educativa al gobierno central. Y algo consiguieron. Tras la LOE, en 2006, ahora la administración tan solo “registra” los libros de texto. No los autoriza ni los inspecciona. Solo en caso de denuncia por parte de la comunidad educativa, se iniciaría el trámite para dar de baja. Previamente, era necesario contar con una autorización expresa para su venta en los centros.
En 1995 defendíamos desde la Asamblea Civil por Andalucía que la cultura andaluza no aparecía reflejada adecuadamente en los libros de texto. En esos años, la Consejería de Educación autorizaba y, por tanto, debía vigilar de que eso ocurriera. Ella era responsable de que la vida y obra de Blas Infante solo ocupara un par de párrafos en los libros, que se estudiara la composición del Parlament catalán y no apareciera nada del andaluz, … Era un mandato democrático porque así lo sostenía la norma, insisto, democrática. Si antes, con un cierto control, a todas luces no efectivo, no se hacía, imagínense ahora, con el mercado sin regulación política y democrática alguna, y controlada por los intereses políticos, ideológicos y económicos de las editoriales.
En resumen, la cuestión de los libros de texto es muy compleja. Es objeto de análisis desde multitud de vertientes. No solo se puede reducir a la puramente económica. También es importante tener en cuenta los mencionados estudios pedagógicos que demuestran cómo esos materiales se han convertido en un elemento muy relevante de la enseñanza. Y, por tanto, deben ser objeto de atención por toda la comunidad educativa, incluida la administración.