En la práctica no todos somos iguales. Por eso el sistema público tiene que aplicar también de manera ineludible el criterio de justicia.
Es cierto que las veinte peonadas como límite mínimo para acceder a los subsidios es un logro. Pero no es un éxito. Por eso tenemos que aceptar la medida expresamente como transitoria. Es un alivio para muchos, pero no es la solución.
Considerando como cierto que el trabajo dignifica, el objetivo es que el máximo de personas posible, tengan en el trabajo su fuente de ingresos, con decencia y justicia. El reto colectivo es lograr que las personas sean capaces de vivir dignamente con lo que aportan.
Por eso es fundamental que se distinga claramente el colectivo trabajador de las personas necesitadas de asistencia. Porque son dos realidades distintas. En lo que se ha convertido hoy el PER y el cómputo de las peonadas no hace esta distinción en demasiados casos. Son más de 200.000 las personas que todos los años trabajan exclusivamente el número mínimo de jornadas para acceder al PER, un colectivo que lo que necesita en realidad es una protección en el presente y un acceso a rentas mínimas en el futuro.
Generar soluciones estructurales para el medio rural andaluz hacen necesario que las medidas que tienen entre sus objetivos el arraigo no se vinculen tanto a la renta y sí a las inversiones en el territorio y a la capacitación de la mano de obra.
Porque no podemos caer en el error de que los subsidios se conviertan en un ficticio efecto riqueza que acaba convirtiéndose en un gasto que se va por las alcantarillas. En estos momentos, quedarnos en el PER sin acompañarlo de semillas de mejor futuro hace que, en la práctica, estemos debilitando la capacitación de la mano de obra, que no estemos garantizando el arraigo al territorio, que no se incentive el dinamismo social, que los recursos públicos no se convierta en riqueza del territorio, que no estemos poniendo remedio a las crecientes desigualdades. Porque los resultados de las políticas seguidas hasta ahora son atronadores: El campo está cada vez más desierto, es más viejo, es más pobre. La despoblación, la falta de relevo generacional, la mejor renta percápita son losas que hoy asfixian.
En los servicios públicos esenciales no puede atenderse a criterios de coste sino de justicia social. Tenemos que interiorizar una realidad. El campo andaluz, gran parte del campo andaluz con las condiciones técnicas, legales y climáticas actuales puede que no sea rentable con reglas de libre mercado, pero es necesario. Un medio rural vivo es imprescindible como medida para garantizar un futuro digno para todos. No podemos definir distintas categorías de andaluces. Así, todas y todos, tenemos que tener las mismas posibilidades, las mismas oportunidades. Igualdad, solidaridad, justicia en el frontispicio de las políticas públicas, seamos exigentes.
Tenemos que sacudirnos el injusto sambenito de sectores subsidiados. Porque no es cierto. Porque el medio rural no es el hermano pobre. Todo cambiaría si modificásemos el punto de mira. Tenemos que planificar e implantar políticas y medidas de compensación territorial que reconozca al medio rural todo lo que aporta a la sociedad y que ésta tiene la obligación de reconocerle y revertirle.
Si hiciésemos honestamente las cuentas de la aportación del medio rural (esencialmente de oferta) y las necesidades del medio urbano (esencialmente de demanda), probablemente se invertiría la concepción, teniendo que asumir que los verdaderos pobres son los espacios urbanos que son inviables sin un medio rural próspero que lo surta. Puede que entonces se reconozca y valore socialmente al sector que nos alimenta, nos da agua, aire y energía.
Un proyecto político territorial, de futuro y justo tiene que comenzar por reconocer la actual injusticia con el medio rural, aportador nato de recursos, generador de riqueza, fuente esencial de elementos básicos para la calidad de vida de todos, pero ninguneado y penalizado por el actual sistema. Por eso se sigue desangrando. Basta de parches, de soluciones interinas, de migajas lanzadas desde lejos. Políticas transversales de compensación territorial tienen que poner en valor al campo, a su gente. Reconocer que los necesitamos, que, en verdad, son los ricos. Son los que están detrás de cada buen sabor de boca.