Han aparecido en mi vida muchas veces. Me buscaban, porque traían mi dirección desde Marruecos, o porque habían sabido de mi existencia ya en España. Me han pedido ayuda para todo: para ir a un centro de menores cuando se cansaban de vivir a la intemperie, para denunciar el trato recibido en algún otro centro de protección, para preguntarme qué harían cuando cumplieran los dieciocho años si aún no los habían regularizado –que es la obligación de la Administración-. Algunos, los menos me han pedido ayuda para volver a su país después de verse envueltos en terribles aventuras de drogas y prostitución masculina. Me han hecho llorar porque querían volver con sus padres y estos no lo permitían… Sí, estoy hablando de los menores inmigrantes. Afortunadamente, muchos ya viven en nuestro país con todos los parabienes legales.
Desde el momento de la llegada de estos niños –casi todos son varones en los primeros años-, hay diferentes etapas, pero los objetivos suelen ser siempre los mismos: la búsqueda de trabajo y mandar dinero a sus familias. En los primeros que vinieron existía una dosis de aventura difícil de olvidar. Recuerdo a Omar, que pensaba ganar rápidamente mucho dinero para comprarse un coche. Más tarde llegaban para prepararse, formarse y conseguir un buen trabajo que les permitiera traer a la familia. Había apoyo y consenso familiar a la hora de tomar la decisión de emigrar. Eran los “embajadores” de familias empobrecidas que veían en estos niños una esperanza de futuro. Había espontaneidad y necesidad en la decisión.
Las mafias que traficaban con ellos todavía eran más o menos “humanas”. Los chavales sentían el desarraigo y el estrés al comprobar lo difícil que resultaba conseguir dinero para mandarlo a su país. Recuerdo el llanto nocturno, angustiado, de un niño –no tendría más de diez años- por la ausencia de su madre. Así, con diferencias importantes, la inmigración de menores se fue convirtiendo en una realidad en la que el poder y la crueldad de las mafias se ha ido incrementando. Aunque deberíamos reconocer que, en ocasiones, el recurso a la existencia de las mafias ha supuesto una buena excusa para pedir que los niños regresen a su país.
El último grupo con el que he dialogado estaba formado por menores procedentes de aldeas cercanas a Nador (Marruecos). El modus operandi de la organización que los trajo había sido el siguiente:
- Visitaron a familias con algunos ahorros, o que tuvieran la posibilidad de vender animales para pagar el “pasaje”.
- En estas visitas se habló a los padres de la “seguridad” de la operación, y se mostraron imágenes en DVD de los centros de menores.
- Se pidió un precio equivalente a mil o dos mil euros.
- Una vez realizado el pago, una furgoneta recogió a los menores y los llevo a una especie de cortijo donde los ocultaron a las inspecciones policiales. Los niños se quejaban del hambre que pasaron y del trato que allí recibieron.
- Cuando la organización lo consideró oportuno, los llevaron a la costa donde una embarcación los esperaba. La travesía fue dura: venían más de 56 personas, 28 de ellos, menores.
- Cuando, al fin, alcanzaron la costa almeriense, la Administración andaluza se encargó de ellos.
Fui a visitarles y todos me expresaron sus deseos de estudiar y trabajar. Tenían muy claro que debían ayudar a sus familias. Algunos pensaban seguir camino hacia ciudades europeas donde tenían familiares.
Estos encuentros me sacuden interiormente, me hacen dudar de la especie humana y al tiempo, cuando veo el compromiso de las personas que los atienden, confiar plenamente en ella.
La actualidad, no obstante, me consta que va en otra dirección. No me refiero, de momento, a los acontecimientos de Ceuta. Me parece muy importante recalcar que el gobierno actual aún no ha decidido cambiar el reglamento para que los menores ex tutelados-estuvieron bajo su tutela hasta los 18 años cuando fueron expulsados a la calle- puedan trabajar y así superar ese obstáculo de la ley de extranjería que les exige tener unos ingresos económicos imposibles. El Consejo de Estado ha votado en contra, se nota que no saben nada de nada, la única razón es el famoso efecto llamada. Los ministros están divididos; ocho mil jóvenes, en todo el país, están dando vueltas sin saber que va a pasar con sus vidas. Las ONGS grandes tampoco han estado muy finas, solo las pequeñas han sido capaces de dar la cara y organizar una manifestación en Madrid para el día diez de septiembre.
Con respecto a Ceuta, conviene recordar que la mayoría de las autonomías se han negado a acoger a estos niños y niñas; ahora, cuando el gobierno de Ceuta con la autorización de Interior, deciden devolverlos a su país, todos gritan y protestan desde la derecha hasta la izquierda extrema. Creo que la decisión no goza de los parabienes de la legislación nacional e internacional, pese a que están intentando dar la imagen de ser respetuosos con las normas. No obstante, a la gente que grita hay que preguntarle si están dispuestos a acoger a algunos de estos menores, ya sean asociaciones o administraciones. Después de ver cómo transcurre la vida de los ex tutelados, muchos de ellos en las calles, dedicados a actividades peligrosas, sin la presencia de ninguna entidad, ni de ninguna administración, ya no sé que es lo mejor para ellos. Estamos perdiendo a algunos de estos jóvenes, a los que echamos la culpa de casi todo lo malo que ocurre en las ciudades. Acogerlos, defenderlos y buscar con ellos su autonomía futura, es el objetivo más sensato. Menos voces y más compromiso.
Hablo de niños, no me olvido del “misterio” de las niñas. Han venido muchas en los últimos años; sin embargo, su presencia en pisos y centros de menores no corresponde con la realidad. ¿Dónde están? Algunas, me dirán, que con sus familias aquí o en cualquier otro país. Ojalá. No lo veo nada claro, pero me gustaría que fuera así.
Hay que abandonar los discursos hipócritas e interesados, para volcarnos en atender a las víctimas de esta locura en la que han convertido un derecho humano básico: emigrar.