Imaginemos una escena típica de los primeros meses posteriores al confinamiento. Tenemos tres o cuatro parroquianos de un bar, en una barra minúscula, bebiendo cerveza y lanzándose esputos unos a otros. Alguien se queja de los niños que juegan en el parque de enfrente, poniendo en peligro de muerte al conjunto de la población, mientras todos asienten y lanzan arengas contra la irresponsabilidad de los padres.
Las normas dirigidas a prevenir el contagio no han sido cómodas para nadie. Cualquier colectivo podría reivindicarse como agraviado. Igualmente es cierto que, ante una situación radicalmente nueva e imprevista, lo normal es que se cometan errores e injusticias. Igual (quizás) que otros colectivos, los no-adultos (y sus tutores) podrían considerarse como un colectivo agraviado por el conjunto de nuevas normas, sean estas más sensatas o más arbitrarias. Desde el principio, con escasas pruebas, se tomó a los niños como el gran vector de transmisión, igual que ahora se acusa a los irresponsables adolescentes de la aparición nuevos focos (sea esto cierto o no), lo que no es un tratamiento muy afecto para con las únicas nuevas generaciones de humanos con las que contamos. En Andalucía tuvimos las primeras salidas de los niños limitadas al horario de más calor, en periodo estival y con las fuentes debidamente cortadas, como una especie de plan Herodes para exterminar a los menores de una insolación masiva. Tres meses después de terminado el confinamiento, los parques infantiles siguen sin abrirse en la mayoría de las ciudades, mientras las barras de los bares hace meses que están llenas o se le tiende la alfombra roja a cualquier turista que se atreva a visitarnos.
En ciudades con tantos recursos relativos como Sevilla, donde se está gastando una enorme cantidad de dinero para promocionar la ciudad como destino turístico seguro en tiempos de pandemia (Plan 8), se argumenta que no se puede garantizar la seguridad de los niños y se racanean recursos para higienizar los equipamientos infantiles. No obstante, en muchos barrios de la ciudad, los precintos son rotos diariamente por los niños y vueltos a instalar cada mañana. Esto muestra una administración que plantea normas que no tiene vocación de hacer cumplir, lo que solo se explica por la voluntad política de eludir la responsabilidad a cualquier precio. Algo similar ocurre con los colegios, dónde en Andalucía se han propuesto protocolos de seguridad imposibles de cumplir y luego se intenta trasladar la responsabilidad sobre la comunidad educativa o sobre otras escalas del Estado.
Esta cuestión muestra también una tendencia de largo aliento a hacer un tratamiento del espacio público que tiende a ignorar a los niños y a convertir a los adolescentes en el principal enemigo. A raíz de la pandemia, especialmente en los barrios populares, hemos visto cómo se levantaban nuevas cercas para perimetral los espacios libres, se han suprimido bancos y se ha dificultado el acceso al espacio público. No se han llegado a arrancar los juegos infantiles de las plazas, pero poco ha faltado. La pandemia solo ha acentuado la tendencia a ver el espacio público como algo peligroso y la necesidad de hacerlo impracticable. Esto se dirige principalmente contra los no adultos, que son los principales usuarios, y especialmente contra los adolescentes, cuya presencia en la calle se percibe como una amenaza (ya antes de la pandemia, y ahora aún más). El ideal de nuestra sociedad sería tener a este grupo metido en una caja de zapatos y enganchados a la tele o a la consola hasta que alcancen la mayoría de edad.
Finalmente, podríamos considerar la posibilidad de que estas cuestiones, más que con el desprecio hacia los no-adultos, tenga que ver con un descrédito progresivo de lo público. No sabemos si los colegios abrirán, pero la educación privada no ha parado ni un momento. Pagando se ha podido llevar a los niños a los campamentos urbanos, a los parques de atracciones y en la primera semana de septiembre se abrirán las guarderías privadas. Algo parecido pasa en la enseñanza universitaria, donde solo las privadas aseguran la presencialidad de las clases. En términos generales todo lo que tiene que ver con lo público no funciona desde que empezó el confinamiento, incluidos los servicios de salud, totalmente inutilizables actualmente para la vida cotidiana, lo que por supuesto no sucede con la sanidad privada. Puede que sea algo totalmente excepcional y en algunos meses volvamos la casilla de partida, pero habría que considerar la posibilidad de que se esté reforzando el mensaje de que lo único que funciona y debe funcionar es el negocio privado.