“There is no alternative” la famosa frase de Thatcher para justificar el giro neoliberal de la política económica británica en los años setenta, tiene cierto reflejo en la manera en que lo países del sur de Europa vienen enfrentándose a las periódicas crisis que sufren, producto en gran medida de su forma de integración en el mercado global. El no hay alternativa al modelo económico basado en el turismo y el ladrillo es casi un dogma.
Resulta evidente que la crisis a la que nos asomamos en este 2020 va a tener un impacto mayor en las economías más dependientes del turismo. Gran parte de la Europa mediterránea, como sur geográfico y político, es extremadamente sensible a las crisis financieras y vamos a comprobar como lo va a ser aún más cuando estas se combinan con crisis epidemiológicas. Territorios como Andalucía son especialmente dependientes del flujo de personas en la medida en que este supone la principal entrada de divisa, que permite comprar todo aquello que no producimos, que, como hemos visto, es casi todo. Por mucha financiación que ponga la Unión Europea es evidente para todo el mundo que las tasas de desempleo y el endeudamiento público se van a disparar este año.
Paradójicamente, este contexto no tiene por qué ser propicio a un cuestionamiento de la dependencia turística. Durante el ciclo 2012-2020 de auge del turismo aumentaron las críticas a la dependencia del sector, pero curiosamente la mayor parte de estas iban dirigidas a lo que podríamos denominar epifenómenos de la especialización turística, como los procesos de desplazamiento o los efectos sobre el patrimonio en áreas centrales urbanas. Esto sin duda tiene su importancia, pero no deja de ser indicativo de la dificultad de tomar estas cuestionas a nivel estructural. Si ya las denuncias de turistificación difícilmente tenían un eco social, el cuestionamiento del modelo parecía algo alienígena para la gran mayoría de los andaluces, antes del fin a los desplazamientos provocado por el COVID. Esto da una idea de la existencia de un enorme consenso sobre la beneficencia del sector turístico dentro de nuestra sociedad.
Recientemente, con muy pocas y honrosas excepciones, el discurso y la práctica política ha seguido la senda ya transitada con anterioridad de buscar la solución a los problemas económicos potenciando los factores de la crisis. En Andalucía el COVID está siendo una coartada perfecta para impulsar reformas neoliberales y la profundización en la economía más especulativa. Ha servido en primer lugar para acelerar el intento de la Junta por flexibilizar la normativa turística, facilitando la construcción de campos de golf (terriblemente escasos en el litoral, como sabemos) y el negocio inmobiliario. También se ha advertido sobre la necesidad de una nueva ley del todo urbanizable a nivel andaluz, que permita dinamizar este sector, cuya dependencia ya nos ha arrastrado por dos crisis terribles en algo más de una década. A esto se suma el anuncio de la Junta de Andalucía de un recorte del 10% en el presupuesto de la universidad pública, destinado a alimentar el fondo a hacer frente a la crisis del COVID, una contribución desmedida en relación al peso real de las universidades en los presupuestos autonómicos. Esto da una idea muy clara de la conciencia existente sobre Andalucía como un país de camareros, donde el dinero invertido en formación es un dinero perdido (o malversado). Y esto no es solo patrimonio de la derecha. Los ayuntamientos de las ciudades de mayor tamaño toman medidas con una orientación similar, como es el caso del Ayuntamiento de Sevilla, su Plan 8 y su intención de promover una marca “Covid free” para atraer el turismo extranjero.
Este consenso no es gratuito, sino que responde a que el proceso de modernización de las regiones tradicionalmente subdesarrolladas del Sur de Europa, carentes de industrialización, se ha fundamentado sobre el desarrollo de una economía turística y neorentista. En concreto desde los años sesenta se ha venido conformando un complejo económico sobre los sectores inmobiliario-financiero y turístico como fuente de empleo y principal canalizador de recursos. Un desarrollo que en algunos momentos ha conseguido una apariencia de reequilibrio de las desigualdades económicas entre el norte y el sur de Europa, incluidas las diferencias norte sur al interior de estados como España e Italia. Este consenso ha sido por lo general transversal al arco parlamentario y tiene un carácter popular, plenamente inserto en el sentido común de la población. El gran problema es que este consenso impide cualquier cuestionamiento de la beneficencia de la apuesta sin reparos al turismo, lo que puede suponer una ceguera política colectiva que avoque a este tipo de economías a la catástrofe.
La crisis a la que nos enfrentamos, no por primera vez, pero sí con más fuerza, expone las debilidades de la especialización turística, como una economía vinculada a un proceso de urbanización rentista y especulativo, siendo el consenso político y popular sobre la beneficencia del sector turístico un efecto más de la especialización. Cambiar hacia un tipo de economía menos dependiente y vulnerable, también más respetuosa con el patrimonio cultural y natural del país, no es algo que pueda hacerse de un día para otro. Sin embargo, romper el consenso ideológico sobre el turismo es fundamental para poder ver la forma en que la actual situación es resultado de decisiones políticas que pueden ser cuestionadas.