Eduardo Galeano hizo famosa la pintada que una vez vio en una calle de Buenos Aires: “Nos mean y los diarios dicen que llueve”. En Andalucía llevan muchos años meándonos encima. Lo hacen desde los púlpitos de los partidos, desde las administraciones y desde los medios de manipulación masiva que funcionan como correas de transmisión imprescindibles para que no distingamos su orina de la lluvia.
Pero no hay argumento, por bonito que sea, contra los hechos: Andalucía está claramente fragmentada con un 37% de la población andaluza en riesgo de pobreza y exclusión social, 2,6 millones de personas están en riesgo de pobreza, mujeres y hombres que la sufren de manera similar. Mucha es la gente que no puede tener acceso a los mínimos que se necesitan para poder llevar una vida digna y esto ya no es noticia salvo cuando se publican informes que analizan y describen la desigualdad. Tampoco es noticia que quienes se dedican a la cosa pública vivan en un mundo que nada tiene que ver con la realidad de las personas excluidas y empobrecidas. Están a otras cosas: la unidad de España, el terrorismo, los lazos amarillos, el mantenimiento de las cloacas o la defensa de la presunción de inocencia, aunque esto último solo para Eduardo Inda. También están en seguir haciéndole la vida imposible a las personas que necesitan una vivienda: nada de políticas públicas y nada de legislación que favorezca el cumplimiento del derecho a la vivienda y por el contrario se está potenciando la turistificación y gentrificación de muchas ciudades que está consiguiendo que muchas familias tengan que salir de sus casas hacia las periferias para dejar paso a un turismo arrollador e irrespetuoso. Algunos ayuntamientos les ofrecen a los turoperadores hasta la madre que les parió y el hijo que aún no tienen.
Andalucía lidera todas las listas que tienen que ver con el paro, la pobreza y la exclusión. De las 15 ciudades con indicador municipal de paro en 2017, doce son andaluzas. Cinco están a la cabeza: Linares (39%), Córdoba (33,2%), Sanlúcar de Barrameda (33,1%), La Línea de la Concepción (32%) y Jerez (32%). De los quince barrios con la renta media anual más baja, 11 están en Andalucía, se encuentran repartidos entre Sevilla (5), Córdoba (4) y Málaga (2).
Y mientras tanto los sociópatas, que no muestran un mínimo de empatía ni remordimiento por sus actuaciones, nos legislan y gobiernan a su antojo. Dan por bueno la violación del artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que trata sobre el derecho que toda persona tiene a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el bienestar, la alimentación, la vivienda, los servicios sociales necesarios y los ingresos en caso de paro.
Actuando con frivolidad, con desprecio a quienes no tienen lo mínimo para llevar una vida que pueda considerarse digna de ser vivida, quienes nos legislan y gobiernan han estado siempre más preocupados por sus intereses y por los de su casta que por atender y dignificar la vida de las familias más empobrecidas a las que niegan el pan y la sal. Vendieron, con toda la maquinaria mediática, la renta mínima de inserción como si fuera el fin de la pobreza en Andalucía. Lo hicieron sabiendo que estaban mintiendo y que en realidad lo que ofrecían era una carrera de obstáculos y humillaciones constantes a quienes llevan décadas en desamparo. Siguen ninguneando con el silencio y la displicencia de la administración y así lo recoge el Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz de 2018, en el que se denuncian los retrasos de ocho meses de media para responder a los expedientes, en lugar de los dos meses preceptuados para que la resolución sea dictada y notificada. La mayoría de la solicitudes, de lo que debería ser un derecho subjetivo reconocido, son denegadas y silenciadas.
Y detrás de los números, escandalosos números, está la gente. Un solo caso, una sola familia que no tuviera acceso a los mínimos vitales reconocidos a cualquier persona sería suficiente para poner en cuarentena a un autodenominado estado social, democrático y de derecho. Pero ya vemos que esto no es así y que estamos lejos de la necesaria Renta Básica Universal que garantizaría las condiciones de vida mínimas a todas las personas, seguimos lejos de la reivindicación de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados: “Que sea delito dejar a una familia sin recursos”.