Me hago esta pregunta ante el aluvión de pseudo-noticias y opiniones de tertulianxs expertxs en todo que, a raíz del contexto catalán actual, hablan de la desobediencia civil como un acto cuasi-terrorista que pondría en peligro una supuesta paz social. Se da por hecho que, previo al “problema” que da lugar a esa desobediencia, todo sería paz y concordia.
Nada más lejos de la realidad. Por definición, los actos de desobediencia civil tienen por objetivo la conquista de derechos para la ciudadanía, por lo que partimos de una ausencia de los mismos en algún/os sector/es de la sociedad. Se desobedece para visibilizar esta situación de desigualdad e injusticia consecuencia, justamente, del marco legal vigente. La lucha por los derechos civiles de los afroamericanos o el movimiento sufragista por el derecho al voto de las mujeres serían solo dos de los ejemplos más conocidos y con los que, a día de hoy, poca gente se declararía en contra. Sin embargo, también transgredieron normas de obligado cumplimiento con el objetivo de conseguir una sociedad más igualitaria.
Hoy sigue siendo necesaria la desobediencia civil porque contamos con normas que generan injusticia y desigualdad, y esta desobediencia civil tiene que venir de una sociedad no solo movilizada, sino también fuertemente organizada. Quienes se encuentran en posiciones de poder son plenamente conscientes de ello, por eso crean nuevas normas con las que tratar de disuadir toda acción encaminada al cambio, caso de la denominada Ley Mordaza, cuyo fin no es otro que generar miedo a quienes se movilizan por dicho cambio hasta conseguir que desistan en su empeño. Porque la transgresión de la norma acarrea un castigo, que se lo digan, si no, a quienes hoy se encuentran presos en cárceles por poner urnas en las calles de Cataluña o por ejercer la protesta social pacífica. La libertad de expresión según qué temas no cabe en la legalidad.
¿Cuál es la estrategia de quienes ocupan el poder a distintos niveles? Desde luego, no es la desobediencia civil (pues ellos ponen o fuerzan la norma para que les beneficie) es convertir en falta o en delito todo aquello que ponga en peligro las reglas del juego. Es así, mediante la norma, como se convierten en criminales y delincuentes quienes se implican en movimientos de defensa de los derechos humanos.
Con el tema de la inmigración hoy tenemos un caso paradigmático de violencia de la norma (Ley de Extranjería, Reales Decretos que niegan la asistencia médica, Ley Mordaza que legaliza las devoluciones en caliente…) y de desobediencia civil ejercida por personas y colectivos que ponen por delante el derecho a la vida de toda persona al cumplimiento de la norma: llámese Helena Maleno, Miguel Roldán, Òscar Camps y el Open Arms, médicos anónimos o multitud de asociaciones y plataformas de lucha por los derechos de las personas migrantes. Recordemos que al Open Arms, Capitanía Marítima (dependiente del Ministerio de Fomento) lo retuvo 100 días en el puerto de Barcelona este mismo año alegando incumplimiento de convenios internacionales (entre otros, no haber desembarcado a inmigrantes en los puertos más cercanos) y cuando se le dejó zarpar fue solo para transportar material humanitario, no se le dio autorización para la búsqueda y el rescate de personas en el Mediterráneo Central. Por supuesto, Òscar Camps, fundador y director de Pro Activa Open Arms, y su tripulación desobedecieron, ¡¡¡cómo no salvar vidas por carecer de la autorización necesaria!!!
El problema de la desobediencia civil es que puede llevar a deslegitimar el orden legal vigente, pues el objetivo principal de la transgresión de la norma es traer cambios a ese orden para una mayor justicia social.
Afirmar que puede haber diálogo entre las partes “siempre que sea dentro del marco legal vigente” es, en muchos casos, apostar por el statu quo, por el mantenimiento, justamente, de aquello que provoca la desigualdad y la injusticia: la norma. ¿Hay posibilidad, entonces, de conseguir una sociedad más justa e igualitaria sin desobedecer? No se me ocurre.