Franco sigue en el Valle de los Caídos por obra y gracia del Tribunal Supremo, que ha suspendido el decreto del Consejo de Ministros en el que dispone su exhumación. Sus señorías no tienen prisa en retirar la tumba que rinde homenaje a este criminal de guerra y se han ido a disfrutar de unas merecidas vacaciones, sin adoptar una resolución y sin el menor remordimiento de conciencia. Se han convertido en cómplices de la familia del dictador, cada vez más desafiante, y permiten que los monjes benedictinos sigan atrincherados en Cuelgamuros, convirtiendo las misas en mítines, en los que hacen apología del franquismo.
Con esta decisión, el Supremo mantiene el agravio hacia las víctimas y vulnera la Ley de Memoria Histórica, que prohíbe la exaltación de un dictador, responsable de más de 100.000 desaparecidos en fosas comunes, la mitad de ellos en Andalucía. El Tribunal Supremo vulnera, además, el principio de legalidad democrática, cuando reconoce al general golpista como jefe de estado, desde el 1 de octubre de 1936. Con esta afirmación, no sólo pone de manifiesto su falta de rigor histórico, sino que está legitimando la rebelión militar contra la II República, pues ignora que Manuel Azaña era, en el año 36, el jefe de estado constitucional.
No es la primera vez que el Tribunal Supremo deja en desamparo a las víctimas, lo que supone un desprestigio para el Estado de Derecho. En 2008, impidió al juez Baltasar Garzón investigar los crímenes del franquismo y ahora continúa obstaculizando la investigación de la jueza argentina María Servini. Es por tanto un tribunal bajo sospecha, que nos recuerda al Tribunal de Orden Público de la dictadura. No debemos olvidar que el tribunal franquista organizaba farsas judiciales, sin garantías jurídicas, en las que aplicaba duras condenas en las cárceles del régimen. Valga un ejemplo. Sólo por gritar: “me cago en Franco” el TOP condenó a Timoteo Buendía a diez años de cárcel.
Paradójicamente, los jueces del tristemente célebre Tribunal de Orden Público, los mismos que habían deshonrado la toga cuando se pusieron al servicio de la dictadura, continuaron su carrera judicial en el Tribunal Supremo, ya en plena democracia, según denunció el fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. El fiscal acusó al menos a 10 de los 16 jueces del Supremo de haber formando parte del TOP hasta 1976: “Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años»- señaló-.
Según Villarejo, la Transición fue pactada por los sectores aperturistas del franquismo y la izquierda reformista, que permitieron a los magistrados y fiscales del TOP recolocarse sin problemas en las nuevas instancias democráticas. No sólo no sufrieron ninguna represalia del nuevo poder democrático por haber colaborado con la dictadura, sino que la gran mayoría fue premiada con el ascenso, llegando al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional. Estos mismos jueces utilizan la Ley de Amnistía de 1977 como una ley de punto final para impedir que los crímenes del franquismo sean investigados. Por tanto, los magistrados del Supremo son asimismo responsables de que torturadores como Billy el Niño gocen de total impunidad. Eso si, responsabilidad compartida con el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, que se han negado en el Congreso a reformar esta ley preconstitucional, cuya derogación está pidiendo el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
La resolución del Tribunal Supremo ha sido igualmente cuestionada por la asociación progresista Juezas y Jueces por la Democracia, que considera “insólita” la resolución de este tribunal y denuncia “la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron”. De hecho, la apertura de fosas comunes se está realizando sin la presencia de sus señorías, pues los jueces temen acabar como Baltasar Garzón, acusados de prevaricación por el Tribunal Supremo y apartados de la carrera judicial.
Así las cosas, cada vez que las asociaciones memorialistas recuperan los restos de un desaparecido, sin que un juez levante acta del cadáver, están destruyendo las pruebas de un delito. La Junta de Andalucía, gobernada por la derecha, afirma que las exhumaciones se hacen como gesto humanitario para consolar a las familias. Totalmente en desacuerdo. Hay que recordar que las fosas comunes son enterramientos ilegales y su existencia es incompatible con un Estado de Derecho. Y también que las exhumaciones no se hacen por humanidad, sino para investigar crímenes contra la humanidad, que es muy diferente. Sin olvidar, por supuesto, el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos para darles una sepultura digna.
En Europa también sorprende la complicidad del Tribunal Supremo con la familia del dictador y con la Fundación Franco, que cada vez se muestran con una actitud más provocadora, frente a un gobierno elegido en las urnas y que cuenta con el apoyo del Congreso. Por todo ello, debemos exigir la disolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuya actuación, en los últimos años, ha sido más propia de un tribunal de la dictadura que de un tribunal al servicio de la democracia. Y por supuesto, la inmediata exhumación del dictador Franco, tal y como ha aprobado el Congreso de los Diputados, que representa a la soberanía popular. A nivel internacional, nadie entiende que, después de 40 años de democracia, el general golpista siga enterrado con honores en el Valle de los Caídos, construido con la sangre y el sudor de los presos republicanos.