El Gobierno de progreso está de rebajas en lo laboral. Los últimos acontecimientos y los que nos prometen que vienen son la más clara prueba de ello. Empezamos nuestro análisis por los más recientes.
Terminó noviembre con el preacuerdo del metal gaditano. Demasiados días de huelga general provincial en el sector para un acuerdo magro cuyos límites no han tardado en apreciarse. Y es que el conflicto comenzó marcado por otro preacuerdo el del cierre de Airbus, donde patronal, sindicatos oficiales y Gobierno dieron el okey al siguiente episodio de desindustrialización de la Bahía. Tras ello, se apresuraron al envío de más efectivos policiales hasta culminar con el despliegue de la tanqueta. El único efecto positivo es que así nos han garantizado coplas de altura en el próximo Carnaval. Han completado, además el esperpento policial con detenciones absolutamente innecesarias y que solo se justifican en pretender desviar la atención del inepto Subdelegado del Gobierno, Pacheco. Su promoción política está cada día más cerca, tal y como siempre ha ocurrido con los dirigentes políticos del PSOE al mando de unidades policiales, véase Roldán, Corcuera, Vera o Barrionuevo.
De igual manera, el “Icetazo” ha conseguido frustrar las legítimas expectativas de nutridos colectivos de interinos que observan cómo han jugado con sus intereses. Lejos de solucionar un problema creado por la propia Administración, la “solución” gubernamental trae mayor conflictividad judicial y creará no pocos problemas nuevos.
El IPC de noviembre se elevó hasta el 5,5%, lo que pone más de relieve la insuficiencia de la cacareada “subida” del SMI. A ello no podemos dejar además de añadirle la subida de productos básicos tales como la electricidad, el butano, la gasolina o los productos frescos. El efecto de la situación económica es claramente perjudicial para quienes dependemos de nuestro salario. En muy poco tiempo, han batido récords en cuanto a la reducción del poder adquisitivo. Y tampoco ayudan los “acuerdos históricos” para equilibrar la caja de las pensiones, que se va a rescatar con una rebaja salarial del 0,10% que abonaremos todos los asalariados. Es otra rebaja salarial donde la clase obrera vuelve a pagar los platos rotos de los peores gestores del capital. Y este escenario aún puede empeorar con la prevista subida de intereses anunciada por los prebostes del Banco Central Europeo.
Ahora, ya en diciembre, el Gobierno sigue aminorando derechos de los trabajadores. Pretenden que Halloween y el Black Friday duren todo el año.
De un lado, plantean una reforma del Servicio Público de Empleo, orquestada con considerable opacidad y desoyendo las propias reivindicaciones del personal que presta servicios para el Ministerio de Trabajo. Se siguen anunciando medidas sin importar los recursos o las realidades que se ocultan tras los mensajes de triunfalismo.
La reforma laboral ya nada tiene que ver con la derogación de la anterior reforma laboral (la del PP de Rajoy de 2012). La derogación de la de 2010, la del PSOE de Zapatero ni se contempla. Y por lo que respecta a la de 2012, ni siquiera incide en sus aspectos más lesivos: los despidos. Nos encontraremos con una reforma a la carta de la CEOE: una mera adaptación del plano negocial y el cambio de denominación de la temporalidad, siguiendo la estela francesa. Es la “reforma laboral equilibrada” de la que ya hablan sin pudor algunas autorizadas voces –las del PSOE- del Gobierno del cambio. Por su parte, las ETTs están de celebración, pues el Gobierno de progreso no solo ha consolidado su actuación como Agencias Privadas de colocación, sino que por vez primera les permite intermediar en contratos que no sean temporales. Asempleo -que así se llama la patronal de las ETTs- sí que ha hecho historia: ya tienen a su disposición los zero hours contracts. Y todo ello amparado por PSOE y UP a la vez que aplaudido por el sindicalismo oficial.
El colofón es el incumplimiento del acuerdo sobre el SMI. No conformes con haber incumplido lo que prevé el Estatuto de los Trabajadores en 2021, iniciaremos 2022 sin revisión del SMI. El secretario general de UGT –uno de los firmantes- ya calificó tal acuerdo como “una mierda”. Queda por ver cómo calificará el incumplimiento del mismo y que 2022 arranque sin procederse siquiera a la revisión ordinaria. Las cesiones a la CEOE no tienen fin.
Estamos ante un Gobierno depreciado y en claro déficit para con la clase trabajadora. No cubre ninguna expectativa y su balance neto contempla un saldo donde la patronal ha recibido más subvenciones que nunca en la historia, el desempleo sigue estancado, la siniestralidad laboral disparada y las rentas salariales caen en picado. Icetazo, pensionazo, blindaje de la reforma laboral de 2010 y 2012, temporalidad, desigualdad territorial, Subcontratación, ETTs, traición a los interinos, precariedad laboral y caos informático en el Ministerio de Trabajo son las key words de la política laboral del actual Gobierno.