El Juzgado de lo Social 3 de Cádiz ha desestimando la demanda interpuesta por la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca) contra todos aquellos implicados o vinculados en los cursos que impartió y que fueron organizados para los ex trabajadores de Delphi, como el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Junta de Andalucía, la Unión Sindical Obrera (USO), la Federación de Industria de CCOO-Andalucía, la Federación del Metal de UGT-A, la Confederación General del Trabajo y los propios ex trabajadores de este colectivo como parte de demandada.
La sentencia recoge que «teniendo en cuenta que el único objeto litigioso es la impugnación de las sanciones impuestas a Fueca», las alegaciones presentadas por ésta recogen que «basta proceder a la lectura del texto mediante el cual se formalizan los contratos firmados por ellos bajo la forma de los de trabajo y ponerlo en relación con la circunstancia de que en ejecución de los mismos se abonaban y cobraban cantidades periódicas de manera similar a la de un salario, para apreciar la existencia de un concierto de voluntades o connivencia en mantener una determinada situación de aparente relación laboral».
También estima la existencia de simulación, que «resulta de la circunstancia de que para una actividad exclusivamente formativa se acudiera a la formalización, no de una matriculación similar a la de un centro docente, como pudiera ser por ejemplo, una escuela, academia o facultad, sino a un documento que utiliza en sus dos primeras carillas el formato o modelo de un contrato de trabajo, en el que constan datos, circunstancias y conceptos tan solo concebibles en el seno de un contrato de trabajo, tales como la remisión al régimen establecido en el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Provincia de Cádiz, siendo únicamente en un anexo en una tercera carilla donde expresa que su objeto era tan solo el formativo».
El auto también incluye, sobre el papel jugado por la Junta de Andalucía, que ésta «conocía la existencia de la simulación», pues uno de los testigos admitió en el juicio «que la única actividad que prestaba era la formativa y que esa actividad fue objeto de seguimiento exhaustivo por la Junta de Andalucía, pues de ello dependía recibir los fondos, lo cual conlleva que esa misma administración pública supervisora, dada la exhaustividad de su control, debió conocer que la faceta de la prestación de servicios útiles para satisfacer necesidades ajenas a quien los presta (= empleo en sentido estricto) no existía en absoluto y, a pesar de ello no puso obstáculo alguno para conceder y mantener el percibo de la subvención».
El origen de esta demanda desestimada, contra la que cabe recurso de suplicación, parte de que la Inspección de Trabajo reclamó en 2013 la devolución de algunas de las cantidades que el colectivo de ex trabajadores de Delphi había recibido en concepto de prestación por desempleo durante tres años, entre 2009 y 2012. La inspección determinó que aquella formación remunerada era ilegal, lo que llevó al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a exigir la devolución de esas ayudas y la parte de lo cotizado a la Seguridad Social durante esos cuatro años, tras un informe emitido por la Inspección de Trabajo que consideró simulados los contratos laborales realizados a los ex trabajadores de Delphi. Este informe sirvió además para que la Dirección General de Empleo sancionara a las empresas que impartieron la formación, como Fueca, que a su vez reaccionaron con esta demanda ahora desestimada.
La Fueca fue sancionada a pagar como última responsable de la tramitación tanto de los cursos formativos como de la gestión de los contratos, 2,6 millones de euros, incluida la sanción administrativa. Previamente, había percibido una «subvención excepcional» de la Junta de más de 20 millones de euros para la realización del proyecto de formación y empleo «para la adquisición y actualización de competencias profesionales para ex trabajadores de la multinacional Delphi». Para obtener los 20 millones de euros, la Fueca, entidad constituida entre entidades públicas y privadas, por el Ayuntamiento de Cádiz, la UCA, las tres Cámaras de Comercio de la provincia, el Consorcio de la Zona Franca, o la Diputación Provincial, presentó un proyecto de formación y empleo que, según el BOJA de 18 de mayo de 2011, «permitirá a los ex trabajadores la adquisición de competencias profesionales mediante un proceso mixto de empleo y formación en los sectores de la Comunicación Audiovisual y Nuevas Tecnologías, industrial, metal y náutico».
La sentencia absuelve a los trabajadores y sindicatos de cualquier tipo de responsabilidad, haciendo hincapié en lo que ya manifestamos en el acto de juicio, es decir, no hemos sido llamados al expediente sancionador, no hemos sido objeto de sanción alguna y por tanto ninguna responsabilidad se nos puede achacar en este procedimiento». E indica que la sentencia «apunta de forma clara a la Junta de Andalucía como organismo totalmente conocedor de la simulación en la contratación laboral». «Desde que concedió la subvención y mientras duró la ejecución de la misma, fue perfectamente conocedora de las en materia de contratación que se venían produciendo, y aun así, no hizo nada. Este hecho, a mi juicio, incluso le abre la puerta a Fueca a interponer una futura demanda de responsabilidad patrimonial contra la administración».
Fuente: El Mundo.