La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha dado finalmente la razón al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, al reconocer que ha prescrito parte de la deuda de los 5,7 millones de euros que las cooperativas de esa localidad deben por cánones de uso de la finca El Humoso.
Actualmente, la Junta negocia con las cooperativas cooperativas de Marinaleda qué cantidad de dinero tendrán que pagar por las 1.200 hectáreas que cultivan en régimen de concesión administrativa desde 1992. En la operación es muy importante el acuerdo necesario sobre la deuda prescrita.
Según Sánchez Gordillo, la Junta no les había enviado ningún requerimiento de pago hasta 2015 y que, de existir, parte de la deuda estaría prescrita. A pesar de ello, la entonces consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, confirmó un mes después en el Parlamento que la deuda de las cooperativas alcanzaba los 5,7 millones de euros por impago de cánones de uso de la tierra.
En cuanto a la deuda por impagos de cánones entre 1992 y 2013, la Consejería de Agricultura admite que se hizo «un expediente de revisión y la asesoría jurídica vio efectivamente había ejercicios cuyos cánones habían prescrito». Los servicios jurídicos plantearon que el derecho a cobro de esos cánones prescribió a los cuatro años de cada ejercicio. No obstante, la Junta resta ahora importancia a ello al decir que esos cánones «tienen la consideración de pagos a cuenta del precio final de enajenación para acceder a la propiedad». La Administración presidida por Susana Díaz asegura que se han producido dos procesos de regularización de los cánones impagados de las cooperativas de Marinaleda, uno en 2000 y otro en 2014.
En lo que respecta los cánones impagados desde 2013 a 2016, Juan Manuel Sánchez Gordillo afirma que en estos momentos las cooperativas están al día en el pago. Además, y a pesar de las amenazas de la Junta «las cooperativas han cobrado puntualmente la PAC porque cumplimos con todas las condiciones y seguimos cultivando la tierra». La Junta ha terminando admitiendo también que «cobran la PAC como cultivadores que son de esas tierras con concesión prorrogada hasta que accedan a la propiedad en virtud de la disposición adicional 15 de la Ley de Presupuestos de 2015. Mientras siga el proceso administrativo de compra de la tierra, tienen la condición de cultivadores».