El 91,43 por ciento de los municipios de la provincia de Sevilla gestionan el servicio urbano de agua mediante una forma de gestión pública, frente a un 7,62 por ciento de gestión privada y un 0,95 por ciento de gestión mixta. Desde 2010 el número de municipios gestionados por la empresa privada ha pasado de 17 a 8 y el número de municipios gestionados por una empresa mixta se ha reducido de 14 a 1.
En la provincia de Córdoba la situación es similar, donde ya sólo quedan 6 municipios gestionados por una empresa privada ya sea en su fórmula gestión cien por cien privada o mixta. Esta «marea desprivatizadora», como la denominan muchos expertos en materia de gestión del agua, está teniendo lugar en Andalucía en muchos casos de forma silenciosa.
Algunas organizaciones como la Red Agua Pública (RAP) o la Asociación Española de Operadores públicos de abastecimiento y saneamiento (AEOPAS) han apoyado e impulsado estos procesos de remunicipalización evidenciando su sostenibilidad económica, social y medioambiental, y poniendo en valor, además, que muchos de ellos son fruto de la presión ciudadana y la progresiva asunción de la gestión pública por parte de los gobiernos municipales.
Esta situación se ha extendido a lo largo de todo el mundo. Según Luis Babiano, gerente de Aeopas, en los últimos 15 años, se han registrado al menos 235 casos de remunicipalización del agua en 37 países, tanto en el Norte como en el Sur global. Entre las principales ciudades que han remunicipalizado sus servicios están Atlanta (EEUU), Berlín (Alemania), Buenos Aires (Argentina), Budapest (Hungría), Kuala Lumpur (Malasia), Yakarta (Indonesia), Rabat (Marruecos), La Paz (Bolivia), y París y Montpellier (Francia). Según el gerente de AEOPAS, «los factores que han provocado este fenómeno han sido la baja inversión de las compañías privadas, incumplimientos contractuales, incrementos desproporcionados del precio, recortes de plantilla, mala calidad de los servicios y una gestión opaca situando a los servicios privatizados al margen de los mecanismos de control democrático».
Según Eulalio Ávila Cano, ex Presidente del Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (Cosital)-, tal como está redactada la disposición, si se aplica atendiendo exclusivamente a la literalidad de la Ley de Prepuestos, «tampoco los Ayuntamientos podrán seleccionar su propio personal para que cuando se asuma directamente el servicio sea prestado por las personas que previamente hayan sido seleccionadas en base a procesos selectivos realizados con arreglo a esos principios de mérito y capacidad. Y ello porque la citada disposición adicional del Proyecto de Presupuestos establece que esos puestos que se creen computan respecto de la tasa de reposición de efectivos. Es decir que no se podrán crear nuevos puestos de trabajo, pues sólo se pueden cubrir los que queden vacantes por jubilaciones u otros motivos».
Gonzalo Marín, de la Red Agua Pública, cuestiona los motivos de esta enmienda ya que anteponen los derechos de los municipios y los trabajadores a los intereses económicos de un reducido número de grandes corporaciones cuyo origen es la construcción. Sostiene Marín, que la medida tiene importantes repercusiones económicas, ya que las remunicipalizaciones han supuesto un ahorro para muchos ayuntamientos.
Si se consuma la aprobación de la disposición adicional 27, en España será prácticamente imposible remunicipalizar servicios: no sólo no se podrá integrar al personal procedente de la empresa concesionaria que prestaba el servicio, sino que tampoco los ayuntamientos podrán crear los puestos de trabajo necesarios para prestar el mismo. Es decir, mientras no se modifique esta normativa, si se aplica atendiendo a su literalidad, si un servicio, por la razón que sea, fue externalizado en su día, tendrá que seguir siendo prestado por la iniciativa privada en el futuro. El resultado: servicios públicos privatizados para siempre.
Fuente: El Correo de Andalucía.