El escudo social se abolla

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María (nombre ficticio) tiene un desahucio anunciado para el 16 de noviembre. Trabajaba de limpiadora hasta que perdió su puesto como consecuencia del confinamiento. Sin ingresos, no puede pagar a la inmobiliaria que le alquila el piso donde vive con el menor que tiene a su cargo. Diez días después toca el desahucio de Vanesa, también dedicada a la limpieza y única persona a cargo de sus dos hijos de 10 y 6 años.  Quedó desempleada con la crisis y ahora viven del Ingreso Mínimo Vital. Se vio obligada a ocupar una vivienda de otra inmobiliaria. La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) cuenta en Sevilla con un punto de información y encuentro sobre vivienda. Allí se encuentran estas mujeres y muchas más en situaciones similares.

A pesar de la prórroga del “escudo social”, los desahucios siguen sucediéndose. El decreto del gobierno central paraliza los lanzamientos de hogares en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional compensando a los arrendadores. No obstante, la dificultad de los trámites y gestiones en los juzgados y la falta de alternativas habitacionales dignas desde la administración está conduciendo a una proliferación de órdenes de desahucio. Para María, los servicios sociales le redactaron un informe de especial vulnerabilidad, pero eso no le bastó al juez, que pidió un segundo informe que ha sumido el caso en un laberinto burocrático. El caso de Vanesa está en el mismo juzgado y a pesar de que los servicios sociales aseguran que han enviado el informe de vulnerabilidad varias veces, este parece no llegar. Todos se lavan las manos, mientras la fecha de los desahucios se acerca.

Otro problema es que la alternativa que ofrecen los servicios sociales y de vivienda del Ayuntamiento, apenas son un poco mejor que quedarse en la calle. María y Vanesa son demandantes de vivienda pública, como todas las familias que acuden al punto de información de APDHA, pero no han tenido respuesta. Con suerte alguna de las familias podría ser realojada temporalmente en una barriada desestructurada y con graves problemas de convivencia, como es el conocido Parchís, que se ha convertido en otro almacén de pobres para ciudad. Lo más probable, no obstante, es que solo pudieran ofrecerles o bien una habitación para toda la familia, hacinándose en una casa compartida o pagarles un par de semanas en un hostal. Esto es alternativa habitacional suficiente para que los juzgados puedan eludir el decreto y ejecutar el desalojo.

Según las estadísticas judiciales el escudo social redujo drásticamente los lanzamientos durante 2020, sin embargo, los datos de 2021 son bastante similares a los que podría haber antes de la pandemia. En los dos primeros trimestres de 2021 ya suman 3.572 lanzamientos por impago de alquiler en Andalucía, un incremento de más del 500% respecto del año anterior, con lo que podríamos alcanzar una cifra muy similar a la que había en 2019. Además, todavía puede haber una bolsa de desahucios prorrogados por las medidas del “escudo social”, que se vengan postergando y acumulando desde el comienzo de la crisis sanitaria. Muchas familias tienen sentencias de desahucio en firme prorrogadas por esta causa hasta febrero de 2022. Si esto es así, en unos meses podríamos encontrarnos ante una crisis habitacional importante.

El punto de información de vivienda de APDHA no para de recibir nuevos casos. Los pocos voluntarios que lo gestionan se encuentran desbordados y agotados. En los últimos meses no paran de llegar familias que no pueden hacer frente a su alquiler y no encuentran apoyo en otras instituciones. La realidad es que la administración tiene unos servicios sociales muy mermados y totalmente insuficientes. El único parche que podría mejorar la situación es el de la vivienda social. Sin embargo, desde hace mucho, la poca vivienda pública que hacen los ayuntamientos se dedica en su mayor parte a la venta, a precios no muy por debajo de lo que ofrece el mercado. La vivienda social no es tal y tampoco existen otros recursos. Hay una crisis habitacional en ciernes, derivada de la crisis sanitaria, para la cual los servicios sociales y de vivienda no tienen capacidad de respuesta. No es tarde para reaccionar y tomar medidas antes de que la situación se desborde definitivamente.