Andalucía en la memoria

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Más de 70 colectivos memorialistas se han manifestado frente al Parlamento de Andalucía para protestar contra el gobierno de la derecha, que ha paralizado las políticas de memoria en la comunidad con más víctimas de la represión franquista. Estos colectivos consideran que el ejecutivo de Juan Manuel Moreno, sometido al chantaje de Vox, incumple la Ley de Memoria y desprecia a los más de 50.000 andaluces, todavía enterrados en 500 fosas comunes. Y entre los desaparecidos, Blas Infante, que el Parlamento Autonómico reconoció en 1983 como Padre de la Patria Andaluza.

En la hora final, frente a sus verdugos, Infante sembró la semilla del andalucismo con su grito: ¡Viva Andalucía Libre! y se convirtió en símbolo de lo que hoy conocemos como Memoria Histórica. Blas Infante fue fusilado sin juicio ni sentencia, con otros dos detenidos, en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Cuatro años después del crimen, el Tribunal de Responsabilidades Políticas organizó una farsa judicial para condenarlo a muerte e imponer a sus descendientes una multa de 1.000 pesetas. Su grave delito había sido formar una candidatura de tendencia revolucionaria en las elecciones de 1931 y reivindicar el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Precisamente, el actual Estatuto, aprobado en referéndum popular el 18 de febrero de 2007, apenas dedica dos líneas a explicar la causa por la que el pueblo andaluz no pudo dotarse de parlamento y gobierno autonómicos en 1936. La breve alusión a este importante hecho histórico, que acabó con la libertad y las aspiraciones autonómicas de los andaluces, dice así: “La Guerra Civil rompe el camino de la autonomía al imposibilitar la tramitación parlamentaria de un Estatuto en ciernes”. Es decir, la carta magna de Andalucía resume en dos líneas la mayor violación de los derechos humanos perpetrada en nuestra historia reciente por un régimen fascista, cuya brutal embestida sufrió, antes que nadie y por razones geográficas, el pueblo andaluz.

Han pasado ya 42 años de democracia, pero muchos símbolos del régimen franquista permanecen aún en las plazas públicas de las ciudades andaluzas y las víctimas del franquismo siguen tiradas en fosas comunes y cunetas. Cuatro décadas después de la supuesta liquidación del régimen golpista, el general Gonzalo Queipo de Llano –máximo responsable de la represión en Andalucía – sigue enterrado con honores en la Basílica de la Macarena, mientras Blas Infante yace en la fosa común del cementerio de San Fernando en Sevilla, conocida como fosa de Pico Reja.

Ya va siendo hora de reclamar la exhumación del Padre de la Patria Andaluza y exigir la anulación de su condena a muerte, ejemplo de hipocresía y cinismo. Aunque veo difícil conseguir esta reivindicación, pues la propia familia de Infante no parece interesada en reclamar sus restos para darles una sepultura digna. Sucede lo mismo en Granada, donde la familia de García Lorca, otro símbolo de la represión, también guarda silencio y tampoco está interesada en buscar y exhumar al poeta más leído, admirado y llorado de todos los tiempos.

Ahora sabemos que la modélica transición se cimentó en un pacto de silencio y que la Ley de Amnistía de 1977, debería llamarse, en honor a la verdad, Ley de Punto Final. Es decir, que las víctimas del franquismo fueron también víctimas de la transición. Y lo peor no ha sido que los crímenes cometidos por el régimen franquista hayan quedado en la más absoluta impunidad, que ya es grave, sino que muchas familias vieron con dolor que la esperada transición democrática renunciaba a hacer justicia y se olvidaba de sus desaparecidos. Víctima también de ese pacto de la desmemoria fue Manuel García Caparrós, asesinado en Málaga, cuando reivindicaba la autonomía para Andalucía.

Rosa Burgos López, secretaria judicial y autora del libro: “La muerte de García Caparrós en la transición política” denuncia una investigación judicial deficiente, sin ningún interés por aclarar la verdad: “No se aclaró quién mató a García Caparrós porque no se quiso”, asegura Rosa Burgos, cuya investigación ha permitido saber que el calibre de la bala que mató al joven malagueño era el utilizado por la Policía Nacional. La familia Caparrós es la única que sí quiere conocer toda la verdad sobre la muerte de Manuel, pero la Ley de Secretos Oficiales, una ley franquista de 1968 vigente todavía, lo impide. Los políticos que hicieron la transición en 1978 dicen que no tuvieron más remedio que olvidar a las víctimas, ante la amenaza de involución. La intentona golpista del 23F así lo aconsejaba. Pero ahora, es impropio de una democracia mantener el secretismo y el olvido.

Paco Vigueras, con Francisco Matarán y Gabriel Fernández, familiares de víctimas del franquismo, en el busto que recuerda a Blas Infante en el Parlamento de Andalucía.

Breve historia de la transición

Los herederos del franquismo tramaron un plan para eliminar el rastro dejado por la represión. En 1976, el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, ordenó a la Guardia Civil que trasladara a Madrid los archivos relacionados con la represión que existían en los cuarteles de casi todos los pueblos. En una actuación digna de Cisneros, Martín Villa quemó miles de documentos para acabar con la memoria de los republicanos fusilados y arrojados a las fosas.

Destruyo datos valiosos sobre personas desaparecidas para impedir que los investigadores pudieran documentar uno de los episodios más escalofriantes de nuestra historia. Una operación bien calculada para que la atroz matanza se diluyera en leyenda. Como si no hubiera existido. Más tarde, amañaron la Ley de Amnistía de 1977 para lograr la impunidad. Una especie de ley de equidistancia que permitía a los “rojos” salir de las cárceles franquistas a cambio de que los autores de la represión no fueran juzgados por sus crímenes. Y es precisamente la Ley de Amnistía, la que impide en estos momentos juzgar al exministro franquista, como responsable político de crímenes cometidos en la transición.

Con el triunfo de la izquierda en las elecciones municipales de 1979, muchos familiares de las víctimas creyeron que había llegado la hora de pedir justicia. En algunos pueblos hubo manifestaciones de protesta frente a las casas de los pistoleros y llegaron a abrirse algunas fosas para recuperar los restos de lo fusilados. Pero la ilusión de justicia se desvaneció bruscamente a causa del frustrado golpe que encabezó el coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, en 1981.

A pesar de todo, los familiares volvieron a tener esperanza cuando el PSOE ganó las elecciones un año después. Pero quedo de nuevo truncada, pues la intentona golpista de Tejero era reciente y aconsejaba prudencia. Felipe González ganó las terceras elecciones generales por mayoría absoluta. Los familiares sentían que su hora estaba cerca. El golpe quedaba ya lejos y no parecía existir ningún obstáculo para saldar, por fin, la deuda pendiente con los represaliados del franquismo, muchos de ellos, militantes socialistas. Sin embargo, en esta ocasión, tampoco hubo voluntad ni valentía política.

La derecha amenaza con derogar la ley de memoria andaluza

Actualmente el panorama es inquietante. Recuerdo que el movimiento memorialista participó con entusiasmo en la elaboración de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía en 2017, pero las derechas, que controlan ahora el gobierno autonómico, amenazan con derogarla. Lo mismo pasó con la deficiente ley de Zapatero, que el gobierno del Partido Popular la derogó de facto, dejándola sin presupuesto y metiéndola en el cajón del olvido. Y ahora se está tramitando una nueva ley estatal de la memoria, impulsada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, pero tampoco permite investigar los crímenes del franquismo, pues los socialistas se niegan incluso a reformar la Ley de Amnistía del 77, que sigue siendo utilizada por el Tribunal Supremo como ley de punto final.

Es decir, el tiempo pasa (más de 40 años) y sólo vemos política de gestos o nos dedicamos a debatir leyes, que luego son derogadas por los gobiernos de la derecha. Llevamos ya tres leyes de memoria histórica, se dice pronto, y todavía tenemos 100.000 desaparecidos en fosas comunes. Peor todavía. Según el antropólogo forense, Francisco Etxebarría, sólo son recuperables los restos de 20.000 víctimas. Es decir, que 80.000 víctimas quedarán para siempre en las cunetas y nunca recibirán una sepultura digna. Y todo ello, a causa del mal estado de las fosas o su difícil localización, por el excesivo tiempo transcurrido. Así las cosas, la única justicia que podrán recibir la gran mayoría de los desaparecidos del franquismo será que la memoria histórica entre en la escuela para que las jóvenes generaciones conozcan la verdad.