Desertificación y desertización designan dos realidades distintas pero complementarias en el degradación ecológica de la superficie de Andalucía. La primera como consecuencia de la acción productivista humana, y la segunda como evolución natural de una región hacia unas condiciones morfológicas, climáticas conocidas como desierto, van de la mano en un proceso al parecer imparable que tiene un marco aún mayor: la crisis climática global.
En fechas recientes, hemos conocido que una empresa paradigma de la agricultura ecològica, Agrobionest, se enfrenta a una multa de 141.837 euros más una indemnización de 42.500 por los cuatro pozos explotados en sus fincas de manera ilegal, en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Abanderar modos ecológicos de producción a la vez que esquilmar recursos hídricos en una zona sensible como Doñana, resulta cuanto menos contradictorio, por no añadir nuevos adjetivos. No ha sido la única empresa acusada de “secar” el patrimonio natural andaluz, actualmente asistimos a un conflicto civil entre las autoridades medioambientales y un sector de empresarios agrícolas de la zona que no desisten en el empeño de extraer iñícitamete recursos hídricos subterráneos tras haber deforestado la superficie, recursos que son de todos, poniendo aún más en peligro las reservas estratégicas de agua para el futuro. Más allá de una caso de buenos y malos, debemos verlo como el escenario de una colisión entre un modelo productivo insostenible y la necesidad de preservar y gestionar los recursos naturales en una nación, la andaluza, afectada por una gravísima crisis hídrica.
Como señala WWF, la mala gestión y la sobreexplotación del agua son la cara oculta de sequías cada vez más extremas que recrudecen aún más la grave desertificación que afecta ya al 20% del estado español. La fuerte presión climática y productivista puede hacer que las áreas críticas avancen progresivamente hasta alcanzar a un 87 % del territorio andaluz en un par de decenios, sólo manteniéndose en una situación de fragilidad los reductos de Cazorla, Grazalema, Alcornocales, Andújar y Despeñaperros. Un cúmulo de factores colaboran, entre ellos podemos señalar la rápida expansión del olivar, animada por suculentos incentivos en forma de subsidios y demanda de mercado que están deteriorando el monte mediterráneo andaluz de forma dramática. “ Los cultivos se han instalado en pendientes inverosímiles, y la obsesión productivista lleva a limpiar de matas y la más mínima brizna de hierba el suelo que separa los árboles», señala un reciente informe sobre el avance de la desertificación en Andalucía. Para 2040, prácticamente la mitad de su suelo estará sometido a fuerte riesgo de desertificación (fuente: http://www.cma.junta-andalucia.es).
Las áreas de desertificación “heredada” ( es decir, consecuencia de acciones humana muy anteriores: deforestación porque se necesitaba madera para la Armada Española, para crear zonas de pasto, para obtener leña para fundir mineral, etcétera ) se circunscriben a la provincia de Almería, donde representan un tercio de su superficie. La desertificación actual alcanza a más del 50 % de la misma, extendiéndose por las áreas costeras de Granada y Málaga, y por núcleos aislados en el resto de la región.
“Si la cantidad total del agua en España fuera una cuenta bancaria, lo que hacen las autoridades del agua es repartir ese crédito entre los usuarios. De esta forma, el sector agrícola, acapara el 80% de esos recursos. Según trascurren los meses sin precipitaciones, si no tomamos buenas decisiones y somos previsores, vamos agotando nuestros ahorros. Llega un momento en el que entramos en números rojos y comenzamos a sufrir los efectos de una nueva sequía. Esta es la crónica de una sequía anunciada”, afirma Rafael Seiz, experto del Programa de Aguas de WWF.
Andalucía sigue apostando por un modelo de gestión del agua que prioriza los grandes consumos, como es el sector del regadío. Además, en aquellas zonas donde no existe suficiente agua disponible en ríos y embalses, se hace un uso más intenso del agua subterránea, como es el caso antes señalado de Doñana y su entorno. Por otro lado, hay una preocupante opacidad desde la Administración pública sobre cuánta agua se gasta, quién la usa y qué derechos han sido concedidos.
Para terminar, situamos estos datos globales de 2016, aportados por Monique Barbut, secretaria ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación: Dado el aumento demográfico previsto para 2050, será necesario incrementar la producción en un 75% para abastecer esa población. «El 60% de los terrenos agrícolas de todo el planeta están degradados, más de 2.000 millones de hectáreas. Si se recuperasen 500 millones de hectáreas, sería posible asegurar el alimento a nivel global».
¿Medidas correctoras y planes de reversión? Existen, aunque siempre es insuficiente el esfuerzo político y financiero para su desarrollo. La restauración forestal en España comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. Desde que se inició la repoblación forestal de tierras degradadas, se han recuperado cinco millones de hectáreas (un 10% del territorio español). Tres cuartas partes de esa cantidad han sido con fines de protección. Además, el estado español cuenta con el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
Un reto crucial, en cuyo epicentro Andalucía se juega el más genuino de sus atributos: la tierra.