Los autodenominados “poderes públicos” y “agentes sociales” (menudo eufemismo para denominar a banqueros, patronales, sindicatos “de clase”) españoles y andaluces vienen en los últimos días tocando a rebato anunciando las trágicas consecuencias que, para Andalucía, especialmente para Andalucía, van a tener los aranceles que, tras la autorización de la OMC, todo parece indicar que va a imponer el gobierno de los EEUU de Norteamérica a una serie de productos europeos en compensación a las ayudas autorizadas por la UE a los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, Alemania y el Reino de España para apoyar la producción de algunos modelos de aeronaves civiles por parte de la empresa transnacional Airbus en la que el estado español participa con el 5,4%. En concreto, parece que los modelos que la OCM reconoce han sido dopados financieramente son el A380 y el A350. En la producción de los mismos, las factorías que Airbus tiene en Sevilla y Cádiz sólo participan en el primero, encargándose de la fabricación de algunas piezas, por lo que el retorno económico que la venta de los aparatos de dicho modelo es proporcionalmente muy reducido y su repercusión sobre los puestos de trabajos, cuya defensa a ultranza es siempre el primer argumento utilizado por dichos poderes y agentes, es realmente muy pequeño en términos globales de la economía andaluza y el empleo.
Paradójicamente, los que menos nos hemos beneficiado del supuesto trato de favor contrario a la libre competencia, vamos a ser los más perjudicados por la venganza arancelaria trumpetiana, pues en vez de grabar, por ejemplo, a la industria automovilística, a las grandes trasnacionales de la energía, o la banca, parece que la va a emprender con producciones como las de la aceituna, el aceite de oliva, los derivados del cerdo, las frutas, los cítricos, el vino, entre los que más directamente afectan a Andalucía. Lo mismo que viene sucediendo, por hacer referencia solo al ámbito europeo, desde la incorporación del estado español a la UE tras la firma de los correspondientes tratados en los que, a cambio del acceso al mercado único a las grandes empresas y corporaciones, se penalizaron las producciones agropecuarias andaluzas.
Ante esto y más allá del rasgamiento de vestiduras y declaraciones retóricas, los gobiernos del Reino de España y de la Junta de Andalucía podrían plantar cara a nuestros “aliados” y cancelar, por ejemplo, la cesión neocolonial de parte del territorio andaluz para la ocupación por bases militares de los EEUU de Norteamérica destinada a la preparación y desarrollo de las operaciones de agresión sobre los pueblos hermanos del mediterráneo, cuyos costes medioambientales y riesgo de sufrir las consecuencias colaterales de ser objetivo privilegiado para la respuesta que dichas agresiones puedan suscitar, a cambio, por supuesto, de los tan socorridos puestos de trabajo para los locales, por otra parte en clara reducción. En vez de ello, las “soluciones” que se les ocurren son del tipo de la de ventajas fiscales y ayudas para las empresas (alguno sacará buena tajada de ello) o reducir la peonadas necesarias para la percepción del subsidio agrario por parte de nuestros jornaleros, lo que, a parte de ser el chocolate del loro en términos cuantitativos frente a las pérdidas millonarias que se prevé causará la caída de las ventas de dichos productos a los EEUU de Norteamérica, constituye un nuevo atentado a la dignidad de nuestra tierra que, además, servirá para alimentar el tópico de la Andalucía subsidiada y clientelar. En definitiva, Andalucía vuelve a ser, otra vez, la pagana de España.